Su nombre lo indica, una reforma es un cambio o modificación para mejorar; si se trata de una reforma electoral, entonces hablamos de la modificación de las leyes, reglamentos y disposiciones que rigen en un Estado para ordenar y determinar todo lo relacionado con elecciones.
Por tanto, las elecciones son un proceso institucional en el que los electores eligen con su voto, quienes ocuparán cargos políticos en una democracia representativa. Para las administraciones del Estado, en su desarrollo democrático celebran periódicamente elecciones legislativas (las convocadas para elegir a los miembros del poder legislativo que tomarán elecciones sobre las leyes.
¿Con qué fin se hace una reforma electoral?
De acuerdo con Armando Chávez Román, académico de la Universidad Latina de América, la materialización de la reforma electoral es todo un proceso; “una serie de actos localizables en el tiempo y en el espacio, por los que se aspira fijar los mecanismos que permitan el armónico desarrollo de las fuerzas sociales, cuyo interés es lograr el manejo del poder”.
Las premisas de este tipo de reforma, según el profesor, son las siguientes:
• Una reforma electoral se emprende para que el marco legal de la actividad política de la sociedad tenga mayor claridad y, por consecuencia, el menor contenido posible de lagunas. Eso hará a esa normatividad lo menos discrecional posible.
• El buen funcionamiento de un régimen democrático, radica fundamentalmente en el planteamiento de la política como sustento de la actividad estatal y, por lo mismo, requiere de ciudadanos capaces de asumir y aceptar que tienen un papel activo en la sociedad. Esto significa que en la democracia la política tiene que ser una actividad eminentemente ciudadana, no la responsabilidad propia y excluyente de una minoría que se ostenta como representante del pueblo.
• Para que se produzca una reforma electoral a fondo, debe haber coincidencia de dos elementos fundamentales: la cultura ciudadana y la educación cívica. La falta de ambos evidenciaría la escasa o nula percepción de los ciudadanos sobre los valores, las instituciones y la legalidad democrática.
• Por otra parte, el atropello a los derechos y libertades de los ciudadanos constituye un aspecto más que influye en la reforma electoral, porque por medio de esta se pueden crear normas e instituciones garantes de esas prerrogativas, que son inherentes a la naturaleza del ente social.
• Para la innovación de las normas electorales, tampoco puede soslayarse la conciencia de la importancia de la ley y de los derechos que ella consagra, porque un código en el que no están presentes esos valores, sería un ordenamiento incompleto, inacabado, distante del verdadero espíritu democrático, en cualquier ángulo que se le observe.
“Desde el punto de vista doctrinario, los conceptos estabilidad y buen gobierno fortalecen una reforma electoral integral. El primero radica en considerar al Estado como un ente político; al segundo, se le atribuye un carácter de expectativa positiva, éticamente comprometido con los ciudadanos”, explica Chávez Román.
Así, la reforma electoral debe ir encauzada a garantizar la gobernabilidad, entendiendo por este concepto, “el conjunto de condiciones favorables para las acciones de gobierno que se presentan en el entorno de este o que son inherentes al mismo. En una acepción más simple, puede decirse que es la capacidad de gobierno en un ámbito democrático”.
Para estructurar una reforma electoral se debe:
• Establecer los mecanismos de acción sobre el referéndum, el plebiscito y la consulta popular.
• Presentar candidaturas independientes.
• Realizar voto en el extranjero.
• Hacer elecciones concurrentes.
• Realizar segunda vuelta electoral.
• Buscar delitos electorales.
• Haber una participación y representación ciudadana.
• Tener presente a las nuevas tecnologías como recurso de participación política.
• Regular anuncios espectaculares y manejo de imágenes en el mercado político.
• Conjugar tiempos electorales (en cuanto a duración de los procesos electorales).
• Permanencia en los cargos públicos.
• Reestructuración del contencioso electoral.
• Democratización interna de los partidos políticos.
• Fiscalización y transparencia de los recursos de los partidos políticos.
• Regulación de los medios de comunicación en los procesos electorales.
• Tiempos y gastos de las precampañas.
• Permanencia de los organismos electorales.