En las últimas semanas en Ecuador se han dado diversas movilizaciones que atrajeron la atención, debido a que la madrugada del pasado 13 de junio se decretó un Paro Nacional incentivado, principalmente, por los pueblos indígenas.
Van 15 días de estas movilizaciones encabezadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), pero al que se han sumado otras organizaciones como la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN), Federación de Comunidades y Organizaciones de Salcedo (FECOS), Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas (FEINE), Federación Nacional de Productores Bananeros (FENABE) y el Pueblo Mantubio del Ecuador. Así también otros movimientos como el estudiantil, profesorado, campesinos, el de las mujeres, entre otros.
El Paro Nacional ha avanzado por todo el país, así también la criminalización de la protesta.
Hasta el 25 de junio se registraron 127 detenciones arbitrarias, ocho personas desaparecidas, cinco personas muertas (una de ellas fue Byron Guatatoca, asesinado por una bomba lacrimógena, según externaron medios locales) 145 personas heridas (8 personas están en estado grave y crítico, y entre ellas un niño) y se ha detectado en 11 provincias hechos de represión.
De acuerdo a la CONAIE hay 23 provincias activas con el Paro Nacional, en las tres regiones (Sierra, Amazonía y Costa) de Ecuador.
Una de las detenciones arbitrarias fue la que hicieron las autoridades del líder indígena Leonidas Iza Salazar, sin embargo, fue liberado luego de 24 horas bajo la presión de los sectores populares.
Es así que el Ejecutivo ha decretado excepción en algunas provincias. El 17 de junio se decretó Estado de excepción en tres provincias:
https://twitter.com/LassoGuillermo/status/1537990403328135172?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1537990403328135172%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fgk.city%2F2022%2F06%2F17%2Fque-dice-decreto-excepcion-pichincha%2F
El 20 de junio el Ejecutivo derogó la medida nº 455 y declaró un nuevo Estado de excepción en la que se sumaron nuevas provincias:
https://twitter.com/ComunicacionEc/status/1539021523796860933?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1539021523796860933%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fgk.city%2F2022%2F06%2F20%2Fnuevo-estado-excepcion-paro-nacional-explicado%2F
De acuerdo a las emisiones que hizo Lasso, a través de sus redes sociales, el 22 de junio, manifestó su disposición a dialogar, aunque fue rechazado por la CONAIE hasta que no se diera el cumplimiento al pliego petitorio de las diez demandas.
El 25 de junio, a través de un comunicado de prensa, Lasso declaró la terminación del estado de excepción por grave conmoción interna en Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha, Pastaza e Imbabura:
https://twitter.com/ComunicacionEc/status/1540852114594959362
Este 27 de junio representantes de los cinco poderes del Estado sostuvieron un diálogo con representantes de las organizaciones indígenas que han encabezado el Paro Nacional. Se llevó a cabo sin la presencia de Guillermo Lasso, en la Basílica del Voto Nacional, ubicada en Quito, dado que la Iglesia católica funge como mediadora.
Mientras ocurría cientos de ciudadanos y ciudadanas se movilizaron en la capital
Pero, ¿cuáles son los antecedentes de estas movilizaciones? ¿Cuáles son las demandas sociales de los pueblos indígenas? ¿En qué se parecen y se diferencian estas movilizaciones con las de octubre de 2019?
Para advertir posible respuestas, Once Noticias entrevistó al doctor en economía Christian Orozco, profesor e investigador en la Universidad Central del Ecuador (UCE) y del Instituto de Investigaciones Económicas de la misma Institución, quien desde la ciudad de Quito, compartió que para comprender las movilizaciones actuales hay que echar vuelta al pasado reciente, más precisamente a octubre de 2019.
El presente: CONAIE y el Paro Nacional
En la madrugada del 13 de junio se decretó un Paro Nacional indefinido en Ecuador convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). Unas semanas antes, el 24 de mayo, el presidente Guillermo Lasso emitió su primer informe de Gobierno. Ese mismo día Leonidas Iza Salazar, presidente de la CONAIE convocó al paro hasta que se cumplieran diez demandas.
Esas demandas son:
- Congelamiento de los precios de los combustibles y subsidios a sectores vulnerables.
- Respeto a los 21 derechos colectivos entre los que se considera la educación intercultural bilingüe y autodeterminación de los pueblos.
- Derogación de los decretos 95 y 151 (en temas de protección del territorio ante el avance de minería).
- Precios justos en los productos del campo en las tres regiones del país.
- Moratoria de las deudas en la banca pública, privada y cooperativa (renegociación de la deuda de ciudadanos y rebaja de tasas de interés con bancos).
- Empleo y derechos laborales.
- Freno a políticas privatizadoras.
- Impulso de políticas que controlen los precios y frenen la especulación en productos de primera necesidad.
- Presupuesto para salud y educación.
- Combate a la inseguridad.
Asimismo se denunció que “las condiciones materiales son insoportables. Exigimos el trabajo e ingresos laborales que Lasso prometió y donde sólo 3 de cada 10 ecuatorianos tienen empleo. […] el hartazgo y rechazo a un gobierno que se niega a invertir en salud pública y la educación y se deshace del patrimonio nacional”, señala CONAIE.
Con este Paro Nacional se busca un cambio para los pueblos indígenas que habitan en este país y que históricamente han sido relegados. Y es que según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2022), la población actual de Ecuador es de 17 millones 895 mil 131 habitantes; habitan 14 nacionalidades indígenas, que suman más de 1 millón de personas y que se aglutinan en un conjunto de organizaciones locales, regionales y nacional.
Christian Orozco señala que el papel de CONAIE es de importancia en la actualidad, dado que es un movimiento histórico que lleva luchando desde 1986 y que ha logrado la destitución de presidentes, por ejemplo, la huida en helicóptero del expresidente Lucío Gutiérrez fue gracias a la presión que ejerció este movimiento, por lo que considera que es la base de la vanguardia que representa al movimiento indígena.
¿Cuáles son los antecedentes de estas movilizaciones?
El doctor en economía señala que para comprender estas movilizaciones se debe retroceder a octubre de 2019, “se da en circunstancias bastante similares”, dijo. Y es que recordó que durante la presidencia de Lenin Moreno (2017-2021) se decretó un aumento de la gasolina lo que generó una movilización del gremio de transportistas movimiento al que se sumaron otros movimientos, como las feministas, y el movimiento indígena, encabezado por la CONAIE.
Dijo que en la actualidad el movimiento indígena “vuelve a ser punta de lanza”.
“Es interesante porque aquello por lo que se protestó no se resolvió en octubre de 2019 y por tanto, esa es mi lectura, este levantamiento tiene que ver con cuentas no saldadas que tenían con Lenin Moreno y que no resolvieron con la llegada del presidente banquero Guillermo Lasso”.
El especialista dijo que hay un hartazgo generalizado que ha desembocado en un movimiento popular muy amplio, sin embargo, la población indígena se ha visto severamente afectada por estas políticas del pasado que no han dado solución a sus demandas, por lo que estas movilizaciones tienen apoyo de las bases populares del pueblo ecuatoriano.
Una de las que llaman la atención es la de la gasolina. “¡Son 10 puntos, no 10 centavos!”, dice la consigna popular en las manifestaciones. Y es que Lasso anunció el 26 de junio, que el precio de la gasolina de reducirá 10 centavos de dólar por galón, aunque entre las 10 demandas de CONAIE se exige congelar los precios del Diésel a $1.50 dólares y las gasolina Extra y Ecopaís a $2.10 dólares.
“Se necesita una mayor reducción, es fundamental para todos los sectores”, señaló el doctor Christian Orozco.
¿En qué se parece este movimiento con el de octubre de 2019?
El especialista resaltó que hay un hartazgo más amplio y que la protesta deriva de las provincias en donde hay mayoría de población indígena, pero también hay una gran masa que reclama ya no sólo el cumplimiento de los 10 puntos sino que ha aumentado el descontento con la entrada del gobierno del banquero Lasso y exigen su salida:
“A diferencia de la etapa en donde ganó Lenin Moreno, que tenía amplio apoyo de las bases Correístas, en el caso de Lasso, ganó por estas provincias y un amplio sentimiento Anticorreísta. Una buena parte votó porque Lasso fuera presidente y son quienes le reclaman que ahora no ha atendido estas promesas”, señaló.
Un punto importante que contrasta y diferencia con las protesta de 2019, fue que la coyuntura social se enmarca en la pandemia por COVID-19, decretada desde 2020, y que causó estragos con uno de los brotes letales (como lo calificó el New York Times) en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, considerada epicentro de la pandemia en América del Sur.
Al respecto el especialista dijo que la pandemia ha sido muy fuerte. Señaló que si bien no había conglomeraciones masivas, como las de ahora, con el gobierno de Lasso se ha dado un proceso de vacunación nublado, bajo denuncias y casos de vacunados VIP:
“un elemento a resaltar es la depresión económica con efectos sobre la población ecuatoriana –que no deja de ser primaria exportadora– y el apoyo que empezó con Moreno que se ha fundamentado más con instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI). Hace unos días el FMI, por las ‘buenas políticas macroeconómicas’ que ha aplicado Lasso, le concedió mil millones de dólares y no se sabe muy bien a qué se van a destinar”, denunció.
Además la violencia que se ha ejercido en contra de las protestas también le recuerda al economista lo ocurrido en Bolivia (durante el golpe de Estado), en Chile y Colombia. “La burguesía latinoamericana siempre ha sido bastante dura contra quienes levantan la voz. Prevalece el racismo institucionalizado, donde las personas usan ‘poncho’ o con acento del páramo se materializa la criminalización, la parte indígena que las élites niegan”, enfatizó.
El movimiento actual deviene también de un desencanto por el gobierno de Rafael Correa (2007-2017), que tuvo avances importante pero también algunas limitaciones, según expresó desde su perspectiva el economista; una de ellas fue la reforma agraria, lo que impacto en que una parte del movimiento indígena sea anticorreista:
“hubieron aciertos y proyectos como el ‘Plan Tierras’ pero no se profundizó. Un elemento de desigualdad estructural que tiene que ver con acceso a la tierra y tecnologías para mayores niveles de productividad […] eso ha sido un parteaguas para comprender la situación actual, si Lasso ganó elecciones tiene que ver con el anticorreísmo y por el papel de Lenin Moreno, vicepresidente de Correa […] una parte considerable del partido Alianza País, no tuvo empacho en asumir el discurso del neoliberalismo clásico cuando un tiempo anterior propugnaba el discurso del buen vivir. Hay ciertos resentimientos de la izquierda que se han jugado los poderes oligárquicos del país”.
El doctor subrayó que hay tres actores que tienen un papel a considerar en esta situación:
“el capital financiero, capital agroexportador y el peso de Estados Unidos. Las preguntas serían ¿qué está debatiendo el bloque de poder con respecto a las opciones? ¿Qué se retire el apoyo a Lasso y que busquen otras estrategias con su vicepresidente? Ante el desabastecimiento y encarecimiento, podrían optar por dar el brazo a torcer. Habrá que ver también la respuesta del movimiento indígena. Son 10 puntos que me parecen justos y que si no se cumplen será un ‘barapalo’ bastante fuerte para la clase trabajadora y el movimiento indígena. Temo las represalias con las que nos vamos a encontrar en el futuro”, concluyó.