Han pasado 2 años desde que la Ley de Amnistía Federal entró en vigor, en nuestro país. Fue aprobada en abril de 2020, y fue una iniciativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, durante el contexto del comienzo de la emergencia sanitaria por COVID-19.
El objetivo fue otorgar la libertad a personas que fueron encarceladas y que hayan sido procesadas o con sentencia firme, por delitos como aborto, delitos contra la salud (producción, transportación, tráfico, comercialización, introducción, extracción y posesión de narcóticos, así como cultivo) y por excesos del sistema penal.
En abril de este año, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó, en la sexta sesión de la Comisión de Amnistía, que 64 personas privadas de su libertad fueron beneficiadas por esta Ley, además que nueve entidades cuentan dicha ley y 13 están en proceso legislativo.
De acuerdo a esta entidad, desde que la ley fue aprobada, suman 167 personas que han sido beneficiadas. Hasta el 3 de mayo de 2022, 79 personas habían sido puestas en libertad.
Sin embargo, Adriana Muro Polo, directora ejecutiva de Elementa DDHH, comparte a Once Noticias que desde su organización realizaron un monitoreo que abarca hasta enero de 2022, publicado en un Informe reciente.
¿Cuáles son los principales delitos de las personas privadas de la libertad que buscan amnistía?
El informe titulado “¿Amnistía o condena? El destino de las personas privadas de la libertad por delitos de drogas en México” precisa que, por ejemplo, hasta diciembre de 2021 cuando fue la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Amnistía se presentaron mil 840 solicitudes de amnistía, de las cuales mil 232, es decir 67%, son de personas que están privadas de su libertad por delitos contra la salud (delitos menores de drogas) como transporte, posesión, venta o comercio, así como posesión simple, siembra y cultivo.
El cannabis es la sustancia psicoactiva por la que más solicitudes de amnistía se presentan, según el informe de Elementa DDHH.
Adriana Muro explicó, en concordancia con el Informe, que de esas mil 232 solicitudes, 577 fueron seleccionados y 497 fueron desechadas, la gran mayoría de ellas son delitos del fuero común como narcomenudeo.
Además de las 577, al menos 98 se declararon procedentes, “pero no significa que ese número de personas hayan salido en libertad”, dijo. Y es que sólo 38 personas fueron beneficiadas del total de universo de solicitudes:
“todas han sido por delitos de drogas. Hablamos de un porcentaje muy pequeño de personas beneficiadas, por una ley que prometió despresurizar el sistema penitenciario por un lado y por otro, ser una medida de reparación de personas en vulnerabilidad”, expresó.
Pero 58% se determinaron no procedentes bajo algunos argumentos: que las personas son reincidentes, eran delitos del fuero común o no se adecuaba a ningún supuesto de la ley.
Un panorama favorable, aunque todavía limitado, es con respecto a la situación de la prisión preventiva oficiosa:
“La ley señala que no serán objeto de la Ley de Amnistía los delitos que estén dentro del catálogo de prisión preventiva oficiosa, y prácticamente todos los delitos contra la salud están ahí. Lo que ha sido positivo es que la Comisión de Amnistías ha privilegiado la situación de vulnerabilidad de las personas por encima de ese candado, entonces sí otorga amnistías por ese catálogo”, subraya Adriana.
¿Y a nivel entidad federativa?
La directora de Elementa DDHH explicó que otro hallazgo y recomendación es que a nivel local no hay armonización legislativa lo que representa un obstáculo. Y es que según el informe son nueve entidades que tienen una ley de amnistía aprobada: Estado de México, Tlaxcala, Durango, Quintana Roo, Nayarit, Hidalgo, Sinaloa, Oaxaca y Tamaulipas.
En 18 estados se han presentado iniciativas y en seis estados no se han presentado iniciativas, por lo que la directora ejecutiva de Elementa DDHH critica la falta de voluntad para armonizar a nivel local con la Ley Federal.
De acuerdo al Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales (2020), se registró una población de 24 mil 410 personas privadas de la libertad con sentencia por delitos contra la salud, de los cuales 5 mil 545 estaban por conductas relacionadas con narcotráfico y 18 mil 765 por delitos de narcomenudeo.