En los últimos meses, en México se ha visibilizado un aumento de agresiones y desaparición de mujeres. Los casos, conforme pasan los días y la búsqueda, resultan en el rescate de las víctimas o en feminicidios. Sin embargo, siguen sin haber detenidos o culpables.
Algunos expertos consideran que es necesario visibilizar qué elementos faltan por hacer en esta materia y poner manos a la obra.
Óscar Nogueda, colaborador de Así Legal, reconoce que, si bien se han dado avances como el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, la aceptación del carácter obligatorio de las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el reconocimiento de esta crisis, aún faltan acciones para brindar justicia y verdad a las víctimas.
Así Legal es una organización de la Sociedad Civil mexicana, creada en 1999 y constituida legalmente en 2006, conformada por mujeres y hombres comprometidos con la defensa y promoción de los derechos humanos de personas privadas de libertad en situación de vulnerabilidad, particularmente mujeres.
Según la perspectiva de Nogueda, una de esas acciones necesarias en este aspecto, es ver cómo las fiscalías están investigando penalmente las desapariciones de personas en México.
“La Ley General en esta materia establece que, la desaparición forzada y la cometida por particulares, son los principales delitos para enfrentar esta crisis, sin embargo, las autoridades no están reconociendo a las personas desaparecidas como víctimas de delitos”, acota el experto.
¿Cuáles son las cifras en desapariciones hasta abril?
Desde finales de marzo se dieron desapariciones destacadas en el estado de Nuevo León, este fenómeno no ha dejado de suceder en otros estados, como Querétaro y Estado de México. Los casos de jóvenes como María Fernanda Ruiz, Debanhi Escobar y Yolanda Martínez, de Nuevo León, giraron los reflectores, no sólo a nivel local y nacional, sino mundial. Hasta el momento, no hay razones y circunstancias fidedignas de la muerte de esas chicas y de otras más desaparecidas.
Según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de la Secretaría de Gobernación (Segob), entre el 1 de diciembre de 2018 y el 17 de abril de 2022, en el país desaparecieron y no han sido localizadas 30 mil 623 personas.
Entre el 1 de diciembre de 2012 y el 17 de abril de 2016, se contabilizó la cantidad de 15 mil 633 casos.
El mismo registro señala que siguen desaparecidas siete mil 834 mujeres, que recae en un aumento de 112.8% en los casos, al compararse con los tres mil 680 casos registrados en el mismo periodo del sexenio anterior.
Sin embargo, las desapariciones y personas no localizadas empezaron a dispararse en la administración del panista Felipe Calderón, según el Comité para las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, en México.
Pero el registro nacional de desaparecidos, también arroja que, desde diciembre de 2018 a la actualidad, el estado con mayor número de casos de personas a las que no se ha localizado son Jalisco (6 mil 388); Ciudad de México (2 mil 536); Estado de México (2 mil 455); Nuevo León (2 mil 373) y Michoacán (2 mil 373).
¿Cómo detener la violencia contra mujeres?
Esta pregunta tiene muchas respuestas y enfoques que los especialistas se han dado a la tarea de desglosar. Por ejemplo, Ana Pecova quien tiene más de 15 años de experiencia en el campo de los derechos humanos de las mujeres y en 2016 recibió el Premio Nacional de Periodismo, señala que en México se han diseñado y creado una serie de políticas públicas e instituciones para hacer frente a estas violencias y garantizar justicia a las víctimas, sin resultados.
“Sin embargo, podemos evidenciar que muchas de estas políticas han fracasado al no prestar atención a los elementos estructurales del sistema de procuración e impartición de justicia, que no permiten resolver los casos de una manera efectiva”, precisa la también maestra por la universidad de York.
Pecova subraya que, para combatir la impunidad en los casos de violencia de género, es importante analizar las instituciones creadas para hacer justicia en estos casos, como las fiscalías especializadas y los Centros de Justicia para las Mujeres, así como evaluar qué tanto han funcionado algunas medidas, como la capacitación para juzgar con perspectiva de género.