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¿Qué proceso requiere una compañía para actividades mineras en México?

La Minera Cuzcatlán, filial de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, comenzó actividades en los Valles Centrales de Oaxaca en septiembre de 2011. Operan una mina subterránea que extrae mineral con contenidos de plata y oro.

Sin embargo, desde su llegada a Oaxaca, los pobladores, principalmente de los municipios San José del Progreso y Magdalena Ocotlán, han expuesto sus preocupaciones, tal como ha documentado Once Noticias Digital, por presuntas afectaciones a la salud, ambientales y sociales, derivadas del proyecto minero.

¿Cómo se puede operar en este sector?

Para comprender un poco más sobre este tipo de inversión, aquí proyectamos un manual basado en la Guía de Trámites Mineros, de la Secretaría de Economía, donde se destaca que el procedimiento a seguir por un inversionista que tiene la intención de instalar una empresa minera en México, es el siguiente:

• Tramitar ante a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el permiso para la constitución de sociedades; permiso mediante el cual se autoriza el uso de una denominación o razón social, así como su objeto social, para constituir una persona moral mexicana.
• Posteriormente, registrar la empresa ante Notario Público para obtener la escritura pública correspondiente a la constitución de la sociedad. Dar de alta a la empresa ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como contribuyente, de acuerdo a las características específicas de cada empresa.
• Ante la Secretaría de Economía se tramitan las concesiones mineras, así como el registro de inversiones extranjeras si se trata de personas físicas o morales extranjeras y mexicanos que posean o adquieran otra nacionalidad y que tengan su domicilio fuera del territorio nacional.
• Solicitar ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, (Semarnat) una evaluación de impacto ambiental por actividades de exploración, explotación y beneficio de minerales.
• Tramitar permiso por uso de agua ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
• Inscribirse como patrón al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para afiliar a los trabajadores y cubrir servicio médico y prestaciones sociales. Obtener permiso de uso de explosivos ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Para una mayor información sobre cualquier trámite de este tipo, los interesados deberán visite: http://www.cofemer.gob.mx/.

En cuanto a la parte jurídica, el proceso de constitución en este rubro por parte de una empresa, comienza con el Permiso para la Constitución de Sociedades que otorga la Cancillería, de conformidad con lo que establecen los artículos 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 13 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

Minera Cuzcatlán en Oaxaca

Ahora bien, en cuanto a la Minera Cuzcatlán, el conflicto con la población de San José del Progreso y Magdalena Ocotlán comenzarían prácticamente desde antes de 2011. Pero recordaremos lo sucedido en 2018, cuando se registró un derrame de la presa de jales, lo cual habría afectado con materiales tóxicos el río El Coyote.

En conversación con Once Noticias, Luiz Camargo, director de la Compañía Minera Cuzcatlán, indicó que la precipitación de lluvia había excedido la capacidad de bombeo de la colección de agua de la presa de jales secos.

“Ese volumen sobrepasó nuestra capacidad de bombeo de esta pileta y parte de esta agua se derrumba, pero tenía sedimentos de jales secos, toda esa agua que cae va a esos canales, esta agua sí alcanza el Río Coyote que en su mayoría es un río seco y por un aproximado de 4 kilómetros, esta agua se desparrama hacia el territorio de Magdalena Ocotlán”, explicó.

A partir de ese día, la calidad del agua se convirtió en el principal problema de las comunidades que dependen del río. Días después del derrame de la presa de jales, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se presentaron para realizar la inspección correspondiente del agua y del suelo.

En un segundo estudio con laboratorios privados, presentados por la propia minera, Conagua “dictaminó que el cauce del arroyo se encuentra libre de metales por encima de los límites permisibles”, declaró la minera en su momento.

“Esto carece de cualquier estudio científico; no hay vínculo con posibles casos de enfermedad con relación a este derrame en 2018; lo que buscamos con las autoridades y (principalmente) con las de Magdalena Ocotlán; es un análisis de agua de sus pozos para que podamos tener información científica, para tomar decisiones pertinentes”, dijo al respecto el director.

A decir de los pobladores, el agua desde aquél derrame de la presa de jales no es la misma. Once Noticias recorrió algunos puntos y documentó que en el agua de las presas cercanas a las instalaciones de la minera hay un espesor verde.

“Hay una lama o alga. Esto verdoso quién sabe por qué es. Esto es de apenas. Esta represa nace a 300 metros donde está la malla de la represa. No sabemos por qué hay bastante alga. Aquí mismo apareció la nata rojiza en el 2020. Antes había peces, ahora no. El agua era limpia, porque aquí veníamos a lavar ropa”, dijo ‘Violeta’, quien decidió reservar su nombre real, a Once Noticias.

Sí hubo multa, pero por otras razones

Camargo detalla que Conagua hizo el análisis de todos los papeles y le impuso una multa a la empresa, pero que ésta sería por no tener la capacidad de bombeo adecuada para este tipo de lluvias.

“Entonces, ¿qué hicimos? Cambiamos el proceso de captación de agua haciendo un proceso mayor, amplificamos la capacidad de bombeo y construimos una pileta con el doble de capacidad para un evento de esta naturaleza”, relató.

Camargo explica que Minera Cuzcatlán hace regularmente los análisis de aguas de pozos de presas en San José del Progreso. Y, según Semarnat, en su normatividad ambiental 1, se solicita que éste se haga cada seis meses, pero la compañía minera lo hace cada tres.

A pesar de lo dicho por el directivo, las muestras del suelo de los laboratorios revelaron que sí se encontraron contaminantes en el suelo; es decir, en éstos se hablaba de la presencia del talio. Por otro lado, la misma minera tardó en hacer el muestreo, lo cual dio pie a la suspicacia de la región de Valles Centrales de Oaxaca.

“El proceso sí ha tardado para ser evaluado, sí hubo contradicciones entre los laboratorios; por esta razón, la empresa se propuso ayudar a las autoridades trayendo laboratorios para que pudiera acelerar el proceso, para aclarar todos los resultados, para dar la información correcta”, declaró.

Respecto al talio, que es un elemento químico que sí se presenta en la zona, la minera descartó vínculos con su actividad.

Camargo remarcó que la empresa no utiliza agua de pozos porque tienen un circuito cerrado, por lo que descarta relación con el evento de peces muertos.

“Justamente Profepa dice que estamos por debajo de los niveles permitidos y que los jales de la empresa son un producto inerte, no corrosivo. El 30 de julio del año pasado, solicitamos a Profepa que viniera para (hacer) una investigación alrededor de la mina, por las acusaciones, porque hay dos pozos de agua de lluvias que están a 400 metros del borde de la empresa y que ahí supuestamente aparecieron peces muertos. Profepa hizo la investigación y se constata que no hay infiltración de agua ni vínculo con nuestras operaciones”, reitera.

¿Hubo consenso con las comunidades para implementar la mina?

En ese tenor, Camargo hace un recuento sobre San José del Progreso, a la que califica como una zona minera de la época entre 1700 y 1800.

“Se trata de una zona donde ya existían actividades mineras; entonces la zona ya tiene la costumbre de trabajar con esa situación. Cuando la empresa llega en 2006, ya existía actividad minera, sí nos reunimos con San José del Progreso para explicarles (a la comunidad) que se estaría instalando un proyecto más moderno”.

Rosy, quien es originaria de San José del Progreso y defensora de los derechos en su comunidad, denunció, a Once Noticias, que cuando ingresó la minera no se consultó a la comunidad de San José.

Y es que, como indica el informe del Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las empresas mineras en Oaxaca (2018), las concesiones mineras de la Compañía Minera Cuzcatlán “fueron otorgadas por la Secretaría de Economía, sin consulta previa, libre e informada y ponen en riesgo el territorio y los bienes naturales, especialmente el agua”.
La consulta previa, según lo señala la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a través del Convenio 169, es un derecho de los pueblos indígenas.

“Hubo un acuerdo con una comunidad para hacer la ampliación. Si te refieres a la consulta prevista en la OIT 169, no existen reglas para determinar una consulta en estas bases; la empresa tiene como interés apoyar a esas iniciativas y sí hacer consultas en aras nuevas donde nosotros queramos expandir nuestras operaciones para estar seguros del marco jurídico”, aseveró Luiz Camargo.

Aclara, asimismo, que Minera Cuzcatlán no está usando 64 mil hectáreas; eso sí, cuentan con 31 concesiones que operan en esa zona. Mientras que en Sinaloa ya iniciaron una campaña de exploraciones.

“La empresa tenía legalmente 64 mil hectáreas; hemos tomado la decisión de reducir la cantidad de hectáreas para no infligir en zonas donde comunidades se declararon antimineros porque queremos respetar los derechos de las comunidades, de las 47 mil 800 hectáreas nosotros estamos en 0.2% que corresponde al área de operación, no actuamos en esas 47 mil hectáreas”, sostiene.

No obstante, a Camargo se le cuestiona sobre los casos de hepatitis que surgieron en Magdalena Ocotlán y que se asocia a la contaminación del agua por el derrame en los jales de la minera. En ese dicho, Camargo dijo que tienen “total compromiso con el entorno donde actúa” y están abiertos a ver estudios.

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