La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se pronunció para que diversas instituciones tomen medidas urgentes en favor de mujeres en prisión preventiva o sentenciadas, por la comisión de delitos relacionados con la interrupción del embarazo.
Y es que, recordemos, en septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que es inconstitucional “criminalizar el aborto de manera absoluta, y se pronunció por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales”.
En el documento de CNDH se advierte que no cumplir con las obligaciones constituye una violación a los derechos humanos, trastoca la dignidad, proyecto de vida, autonomía, libre desarrollo de personalidad y anula el derecho a decidir y a vivir una vida libre de violencia.
Once Noticias habló con Beatriz Maldonado, fundadora de la colectiva Mujeres por la Libertad, quien explicó los avances que esto significa.
“Es un gran paso para los derechos y la dignidad de las mujeres porque es fundamental entender que esas decisiones no las tiene que tomar ninguna otra persona o autoridad o institución judicial. Independientemente de las circunstancias, si es una decisión voluntaria, accidental o la circunstancia que sea, cada quien decide de su cuerpo. Pero ahora con esta declaración de inconstitucionalidad y el posicionamiento de la CNDH, el Estado debe de aportar con legislaciones, información y clínicas especializadas que puedan dar seguimiento a la interrupción del embarazo”, externó la activista.
La CNDH pidió información al Instituto Federal de la Defensoría Publica (IFDP), a la Coordinación de Centros Federales de Readaptación Social y a las 32 autoridades de los sistemas penitenciarios del país, para saber las atenciones que se les están dando a las mujeres que deben ser beneficiadas por el alcance de la sentencia de la SCJN.
“Las respuestas emitidas por los sistemas penitenciarios federales y estatales tuvieron discordancias, pues respondieron que en sus sistemas no había mujeres privadas de la libertad por ese delito [relacionado con interrupción del embarazo] y por lo tanto no se han realizado acciones para informar a la población sobre la sentencia”, dijo Maldonado.
Agregó que sólo se informó, en Oaxaca, sobre el caso de una mujer privada de su libertad desde 2018.
Según explicó Maldonado, será difícil identificar a las mujeres que pueden ser beneficiadas por el fallo de la Corte, ya que en muchos casos el delito que les configuran es homicidio calificado o en grado de tentativa, por lo que dijo que los casos tendrán que ser revisados de uno a uno.
“No es justo que las mujeres tengan que permanecer un día más en las prisiones mexicanas por una decisión que nunca debió ser un delito”.
La CNDH publicó esta información con la finalidad de que cada autoridad haga acciones conjuntas que permitan identificar a las mujeres recluidas por ese delito, para que puedan acceder a recursos legales que les ofrezcan de manera pronta su libertad.
“Vivir en la prisión después de sufrir un aborto debe ser terrible. No es mi caso, pero cuando una ingresa lo que se vive es una desesperación porque no sabes que hay adentro, desde que estás en la puerta, te acuerdas de algún ser supremo y comenzamos a rezarle a toda la Corte celestial y hasta a la Santa Muerte. Adentro no hay una contención psicológica para que nos ayuden con nuestra problemática emocional de perder la libertad y todo lo que se ha sufrido durante el proceso”, explicó Beatriz Maldonado.
Maltratos, robos, mala alimentación y pequeñas celdas, son el día a día de las mujeres en prisiones, enfatizó la activista, “no se diga de tener acceso a la menstruación digna, la sobrepoblación y el abuso de autoridad”.
La CNDH mencionó la urgencia de reformas “que fueron conformadas a partir de una visión machista y patriarcal”, y que deben garantizar de manera segura, anónima, gratuita y libre de violencia institucional tener servicios de calidad para la interrupción del embarazo.
El organismo pidió que los congresos locales realicen trabajos legislativos para despenalizar el aborto y regular el derecho de objeción de conciencia.