Los planes de reinserción social al interior de los centros penitenciarios son actividades aisladas, que no se están construyendo para enfrentar el día a día cuando termine la privación de la libertad, señaló María Sirvent Bravo Ahuja, directora ejecutiva de la organización Documenta.
En entrevista con Once Noticias, la titular de la organización indicó que estos programas no toman en cuenta el entorno familiar de las personas recluidas.
“No existen estos programas integrales con todos estos pilares, pues porque hay mucha población y hay pocos recursos, inclusive para atender a los adolescentes en conflicto con la ley, hay todavía menos opciones porque no hay recursos”, indicó.
De acuerdo con el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, en México existen 226 mil 916 personas privadas de la libertad, de estos 214 mil 134 son mujeres y 12 mil 782 son mujeres y según datos aportados por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, en Ciudad de México, el gasto promedio por interno es de 500 pesos diarios, unos 15 mil pesos al mes.
“No hay planes porque lo máximo a lo que llega la autoridad es a que la persona acuda a firmar y ya, cuando eso no es ningún programa de nada vinculado a la reinserción social, no se está trabajando ni con la persona, ni con la familia, ni viendo qué delito cometió o que lo llevo a cometer ese delito”, externó María Sirvent Bravo Ahuja.
Ante tal escenario, indicó que resulta necesario contar con un plan integral para atender la reinserción social adecuada para las personas que abandonan la prisión.
“Yo aquí a lo que llamaría es, si bien es una utopía, pensar que va a haber un plan de reinserción individualizada para cada persona, porque eso es muy complicado, si valdría la pena construir un plan modelo de reinserción que tenga diferentes pilares, que tome en cuenta todos los componentes y no solamente al interior de los reclusorios y que se pueda evaluar y que si es una buena práctica se pueda replicar en otros lugares”, indicó.
Lo cierto, dijo, es que existen muchos centros de readaptación social en donde los programas no existen o es muy difícil que las personas privadas de su libertad puedan acceder a ellos.
María Sirvent Bravo indicó que los jueces, dentro de los planes, podrían tener un papel más activo para verificar que las personas tengan acceso a programas adecuados y si no funcionan cambiarlos.
Durante la charla cuestionó la actuación de las distintas secretarías federales y locales, que, señaló, deberían de contar con apoyos para reintegrar a este sector social.
“Yo me pregunto si estas secretarías de perdida tienen etiquetado en su presupuesto dinero para programas de reinserción. Ellos también tienen responsabilidad de acuerdo con la Ley General de Ejecución Penal”, señaló.
En la charla con Once Noticias, la directora de Documenta expresó que el modelo de reinserción social aplicado por esta organización se incluyen varios pilares.
“Construimos un modelo que lo hemos implementado principalmente con adolescentes, que incluye el trabajo con la persona que está cumpliendo alguna medida de internamiento, enfocado en justicia restaurativa, en construcción de paz, habilidades de comunicación y el trabajo con las familias y la comunidad, creemos que se deben de tener todos estos pilares para preparar a la persona una vez que sale de prisión”, destacó.
En este sentido, de acuerdo con un ejemplar de la hoja de ruta para los adolescentes que salen de prisión, da cuenta de un plan en el que se debe de trabajar con la familia, amigos, vecinos, Gobierno y sector privado para reintegrar a los jóvenes.
En el caso del Gobierno, la organización insta a impulsar, promover y garantizar recursos para actividades culturales y deportivas, así como favorecer los espacios de convivencia saludable, de desarrollo en los barrios y comunidades. Además llama a fortalecer estrategias para que el acceso a la educación se haga realidad, con servicios educativos de calidad.
El documento, redactado con peticiones de jóvenes que enfrentaron un conflicto con la ley, solicita el fomento a la educación para el desarrollo de las personas a través del deporte, artes, spiritualidad y buena interacción social. Asimismo pide promoción de políticas públicas de educación integral a la sexualidad y acceso a servicios amigables para jóvenes desde una perspectiva de no discriminación.
En un punto adicional, llama al gobierno a recuperar los jardines y parques públicos para que dejen de ser usados para vender y consumir drogas.
El documento puntualiza la necesidad de implementar políticas públicas de prevención de adicciones y consumo problemático desde una perspectiva de salud pública.
“El objetivo tendría que ser construir las mejores condiciones para que la última opción de la persona sea volver a cometer algún delito. Hay que fomentar la corresponsabilidad de todos los actores para lograr una reinserción exitosa”, concluyó.