Las causas del desplazamiento en México son diversas y multifactoriales, están relacionadas con distintos tipos de violencia, a menudo originada por el crimen organizado, en otros casos relacionadas con los proyectos de desarrollo, la minería y tala ilegal, o por los conflictos electorales, religiosos y agrarios, afirmó la Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos, Cecilia Jimenez-Damary.
Al ofrecer una conferencia de prensa, tras su visita oficial a México, la funcionaria de la ONU destacó que entre las causas de este fenómeno se encuentran también el cambio climático y los desastres naturales, agravados por la discriminación que tiene un impacto diferenciado para las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad.
Todos ellos, dijo, requieren una atención integral que incluye la adopción de medidas de prevención, atención y protección a personas desplazadas con un enfoque de derechos humanos, diferenciado e interseccional y alcanzar condiciones para soluciones duraderas.
Cecilia Jimenez-Damary destacó que nuestro país aún no cuenta con cifras oficiales sobre este fenómeno, mismas que, dijo, serían útiles para implementar políticas públicas adecuadas para atender a este sector de la población.
A pesar de ello, informó que de acuerdo con datos compartidos por organizaciones de la sociedad civil, en el país existen entre 350 y 400 mil desplazados internos.
La también abogada añadió que tras su visita constató que México se caracteriza por ser un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, desplazadas internas que principalmente se concentran en las ciudades fronterizas.
En su discurso agregó que, en ciertas regiones del país, el crimen organizado atemoriza, controla territorios y poblaciones, a través de amenazas, intimidación y violencia.
“Durante mi visita, varias personas enfatizaron sobre el elevado índice de violencia que enfrenta la población y que pocas veces se efectúan investigaciones, incluso sobre los crímenes más graves como homicidios y desapariciones. Lo anterior, se traduce en altos niveles de impunidad y una falta de confianza a las autoridades en general, pero particularmente en el sistema de justicia criminal”, indicó.
Al presentar un balance, destacó que la violencia de género, incluyendo los altos niveles de feminicidio, colocan a mujeres y niñas en una situación de especial vulnerabilidad frente a amenazas, intimidaciones y violencia.
“Las mujeres con quienes me reuní me compartieron las experiencias que sufrieron, el dolor por la desintegración de su familia, por la pérdida de su patrimonio y modos de vida, y los graves impactos a su derecho a la salud. Las mujeres enfrentan impactos diferenciados y con la situación de desplazamiento, se vuelven responsables de proveer el sustento, la protección y la seguridad a sus familias”, declaró Jimenez-Damary.
La relatora apuntó que a pesar de que las comunidades indígenas representan 10% de la población total de México, más de 40% de los episodios de desplazamiento registrados por la sociedad civil en 2020 afectaron a pueblos indígenas.
“Dichas poblaciones sufren impactos diferenciados en sus derechos por su especial situación de vulnerabilidad, la falta de acceso a los mecanismos de protección con pertinencia cultural y el racismo. Me preocupa particularmente la ausencia de perspectiva intercultural y de género en la atención a mujeres indígenas desplazadas”, señaló.
Durante la visita, acudió a los estados de Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México y Guerrero; se reunió con funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; sostuvo encuentros con las víctimas de desplazamiento interno y comunidades afectadas por la problemática.
El objetivo de la visita fue evaluar las condiciones de las personas desplazadas internas en el país, debido a factores que incluyen, entre otros, la violencia, los conflictos agrarios, los proyectos de desarrollo y los desastres, con miras a la entrega de un informe final ante el Consejo de Derechos Humanos en junio de 2023.