Representantes de las 12 comunidades de Magdalena Aldama, en Chiapas, piden que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) interceda ante la prevaleciente violencia enmarcada en el conflicto territorial con Santa Martha, Chenalhó.
Denuncian que el Estado Mexicano no ha implementado las medidas cautelares luego de que hace un año el organismo internacional emitiera la resolución 102/2021 para 12 comunidades tsotsiles de Aldama, con el objetivo de salvaguardar la integridad física de los beneficiarios y beneficiarias.
Tampoco, afirman, se ha dado cumplimiento a las peticiones que presentaron las personas afectadas por este conflicto desde el 24 de junio de 2021 cuando sostuvieron una reunión con funcionarios de distintos niveles de gobierno y diferentes organismos.
Ante esta situación, denuncian que en Aldama han aumentado las agresiones armadas por parte de Chenalhó, que son documentadas a diario por la comunidad: el 25 de marzo resultó herida una menor de edad en la comunidad de Tabac, señalan.
“Nosotros no estamos pidiendo limosnas al Gobierno, lo único que estamos exigiendo es la solución verdadera y definitiva del conflicto, porque estos grupos armados no nos dejan trabajar nuestras tierras, ni transitar en los caminos. Si nos ven nos disparan como si fuéramos unos animales que nos cazan, nos vigilan desde en las orillas de los ríos y en los diferentes puntos de ataques en donde operan para agredirnos, mientras que ellos están aprovechando en saquear todos los arboles maderables dentro de las 60 hectáreas en disputa y los dueños legítimos siguen sin poder trabajar sus tierras y están sin tierras que hasta la fecha no ha habido una verdadera solución por partes del gobierno y las instancias correspondientes”, relatan.
También enfatizan que a dos años de la detención de Cristóbal Santiz Jiménez el estado de Chiapas, a través de la Fiscalía del Estado, abrió otra orden de aprehensión en su contra, por lo que “es muy visible que aquí en nuestro estado la justicia no existe, lo cual solo encierra a inocentes”.
Cristóbal Sántiz permanece privado de la libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social número 05 en San Cristóbal de las Casas, acusado por el presunto delito de homicidio calificado, por lo que la comunidad de Aldama ha señalado en diversas ocasiones que su presunta detención responde a la represalia de su trabajo en defensa de los derechos humanos, dado que fue portavoz de la Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Aldama y estuvo presente en la firma de los Acuerdos de No Agresión entre ambas comunidades, el 4 de junio de 2019.
Aldama y Chenalhó sostienen un conflicto territorial desde los 70, por la disputa de 60 hectáreas. Sin embargo, se ha intensificado desde el 2018. En el año 2020, firmaron nuevamente un Acuerdo Definitivo de No Agresión, pero las agresiones y ataques armados contra las comunidades de Aldama continúan hasta la actualidad.
Este conflicto ha dejado, aproximadamente, 14 mil 476 personas desplazadas y las agresiones, y ataques continúan hasta la actualidad.
Por toda esta situación, solicitan la visita de la CIDH a las comunidades afectadas y a Cristóbal Sántiz. Asimismo, exigen que se cumplan las peticiones que presentaron en junio del año pasado y la indemnización a las víctimas de este conflicto.