De junio de 2020 a mayo de 2021, se registraron 65 eventos que transgredieron a personas defensoras de derechos humanos, así lo revela un informe de las organizaciones Comité Cerezo México, Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos y Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada.
El reporte “Sin Verdad y sin justicia no hay transformación” da cuenta de personas, organizaciones y comunidades que, por ejercer o defender uno o varios derechos humanos, fueron agredidas, detenidas de manera arbitraria, encarceladas, ejecutadas extrajudicialmente o desaparecidas de manera forzada en México.
Estos 65 eventos afectaron a 25 organizaciones, 22 comunidades, 17 personas, 2 familiares y a cientos de personas pertenecientes a esas comunidades u organizaciones y destacaron que en este año hubo comunidades completas integradas solamente por mujeres.
En los registros se observa que hubo 441 actos de detención arbitraria, “cuyo blanco y objetivo principal fue desarticular el ejercicio y la defensa del derecho humano a la protesta”. De estos casos, 39% denunciaron tortura. Los tres estados con mayores registros fueron Chiapas con 105, Michoacán con 94 y 52 en Jalisco.
Según los datos de las organizaciones civiles, en el informe anterior iba a la baja las detenciones arbitrarias y en este informe va hacia arriba.
“Además, en ese mismo periodo de tiempo, 18 personas fueron víctimas de ejecución extrajudicial y 29 fueron víctimas de desaparición forzada”.
En el documento se lee que a pesar de que en el actual gobierno atiende los casos con relevancia mediática o de peso político, en la mayoría de estas investigaciones no hay avances sustanciales y la impunidad continua al no existir sanción contra los agentes de Estado responsables y en la mayoría de las demandas “la Federación toma el papel de mediadora entre los gobiernos estatales y las víctimas. Actúa más como un conciliador, que como el responsable de la resolución e investigación de las violaciones a los derechos humanos, de las cuales a nivel internacional sigue siendo responsable”, detalla el informe.
Las cifras documentadas muestran una estrategia del Gobierno Federal que está relacionada con el mantenimiento de la impunidad.
Existe una disminución de eventos que configuran otras violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de personas defensoras de los mismos, en el periodo que abarca este informe, se cometió 60.74% del total de eventos documentados en el periodo anterior.
Pero lo que resaltaron en este documento es el aumento de perpetradores que pertenecen al Gobierno Federal y victimizan a personas defensoras de los derechos humanos, pues de representar 3% del total, pasaron a 22%. Señala que hay 14 eventos perpetrados por agentes de Estado.
Con respecto a las ejecuciones extrajudiciales documentadas aclararon sólo se registraron las que se cometieron:
por una motivación política, con la intención de castigar a las personas defensoras de derechos humanos por la labor que estaban realizando, así como para frenar y/o desarticular la lucha organizada de estas personas”.
En total se registraron 18 ejecuciones extrajudiciales y la entidad federativa con mayor número de estos delitos fue Oaxaca, le sigue Chiapas, Sonora y Baja California.
Todos los casos de desaparición forzada, reportados en el informe, fueron cometidos por motivos políticos, fueron perpetrados cómo una forma de castigo por la militancia política o social que realizan las víctimas.
El uso de la desaparición forzada en México tiene tres características: generalizada, sistemática y transexenal. La práctica de esta violación de derechos humanos responde a una política contrainsurgente, de represión y sobre todo a partir de 2006, de control y disciplinamiento social que busca generar terror y parálisis en la población. Desde el inicio de la llamada guerra contra las drogas”, indican.
De enero de 2006 hasta mayo de 2021, 194 personas defensoras de derechos humanos y dos miembros de un grupo insurgente han sido víctimas de desaparición forzada.
En lo que va del actual gobierno 35 defensores han sido víctimas de este delito. Y tan solo en este año se registraron 29 de estos casos, lo que representa un gran aumento comparado con los cuatro casos registrados en el informe anterior (2020).
Los estados con mayor índice de este delito en el último año, son Jalisco (13), Chiapas (6) Tamaulipas (3) y Guerrero (2).
De los 29 casos registrados este último periodo, “24 culminaron con la libertad de las personas víctimas de desaparición forzada, mientras que el paradero de 5 personas defensoras de los derechos humanos permanece desconocido”.
Al concluir el documento recomendaron al Estado Mexicano crear políticas de protección para el libre y seguro ejercicio de la defensa de derechos humanos.
“En este sentido, hace referencia a políticas públicas y medidas encaminadas a respetar sus derechos; prevenir las violaciones a sus derechos; investigar con debida diligencia los actos de violencia en su contra; y, sancionar a los responsables intelectuales y materiales“, señalan, ya que la impunidad en estos crímenes es otro de los factores que incentiva estas nocivas prácticas.