Luego del desalojo del campamento migrante El Chaparral, que se encontraba en la entrada de la Garita del mismo nombre, en la ciudad de Tijuana, Baja California, da una impresión de que se resolvió el problema, pero no, así lo advirtió Juan Antonio del Monte, investigador de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef).
Desalojo de El Chaparral
El pasado 6 de febrero autoridades de la ciudad de Tijuana, a través de un operativo que contó con la participación de alrededor de 200 elementos de la policía municipal y Guardia Nacional (GN), así como de autoridades de las tres órdenes de gobierno,
desalojaron de manera sorpresiva a las personas que se encontraban en el campamento de El Chaparral, quienes pernoctaban desde mediados de febrero de 2021.
Aproximadamente 381 personas fueron avisadas, de manera repentina, que debían tomar sus documentos (algunas personas lograron sacar apenas algunos utensilios y un par de cambios de ropa) y que debían abandonar las carpas que se encontraban sobre la explanada del cruce fronterizo peatonal Tijuana-San Ysidro, conocido como El Chaparral.
Posteriormente, con excavadoras y camiones de carga, las autoridades procedieron a desmantelar el campamento.
La mayoría de las personas que se encontraban en este campamento, al menos hasta sus últimos días, eran
principalmente de origen mexicano (provenientes de entidades del sur del país como Guerrero y Michoacán) y personas
centroamericanas (hondureñas, salvadoreñas y guatemaltecas, en menor cantidad). En menor medida hubo personas de origen haitiano.
Las personas fueron trasladadas al Centro Integrador para el Migrante y a cuatro albergues de la ciudad: el Refugio para Mujeres albergues San Bosco, la iglesia Embajadores de Jesús, albergue Las Mariposas y el Proyecto Salesiano. Fueron distribuidos según su condición (familias, hombres solos, mujeres y miembros de la comunidad LGBTTIQ+).
Unos días después de este operativo, tal como informaron los medios locales,
60 personas migrantes se manifestaron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para exigir la devolución de sus pertenencias que fueron desechadas durante el desalojo.
El doctor Juan Antonio del Monte compartió a Once Noticias que este desalojo no puede pensarse de forma aislada, sino que es
representativo de lo que pasa con el fenómeno migratorio en México.
Preocupación por la política migratoria
El especialista reflexionó que la situación migratoria se condesó en el desalojo; sin embargo, destacó la importancia de vislumbrar los diversos factores que atraviesan al fenómeno, entre los que destacó la situación de la política migratoria.
“Cuando Joe Biden llegó al poder lo hizo con un discurso mucho más abierto hacia la migración y hacia los procesos de asilo y refugio. Biden prometió hacer cambios drásticos en la política que Donald Trump se dedicó a restringir. Este discurso “humanitario” que asumía Biden, en realidad nunca se llevó a cabo y lo que pasó en el Chaparral es el símbolo del fracaso de esa política migratoria“, dijo.
Y es que las personas se vieron obligadas a quedarse en la ciudad fronteriza debido a los cambios que hubo en la política migratoria estadounidense, primero con la reinstalación del programa ‘Quédate en México’, también con la aplicación del Título 42 –que fue habilitado con el pretexto de la emergencia sanitaria por COVID-19– para bloquear las solicitudes de refugio y asilo.
En este último con excepciones, algunas
personas lograron cruzar con apoyo de organizaciones civiles que llevaron los casos, aunque no fue así para la mayoría.
Con respecto a la política migratoria mexicana criticó que tiene dos discursos contradictorios:
humanitario y punitivo.
Ambos se materializan en buscar atender las raíces de la migración con inversión en países de Centroamérica, por ejemplo, pero por otro hay acciones expresamente punitivas como lo que ocurrió en el Chaparral.
Del Monte señaló que las instituciones como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) están rebasadas con las solicitudes de refugio. Hasta el cierre de 2021 se superó la cifra de las solicitudes, con respecto a 2019 y al 2020, con 131 mil 448. En 2019 se registraron 71 mil 230 solicitudes, marca que se consideró histórica, y en 2020, 41 mil 329 respectivamente.
El especialista enfatizó que el campamento inició como una forma que tenían las personas de esperanza para solicitar asilo en el país vecino –lo que venía a bien el nombre que tenía al principio “Campamento La Esperanza Chaparral”–.
“Pero devino en un campamento de personas desplazadas internas, de otras partes del país, que huían de las diferentes violencias –por el crimen organizado, por violencia doméstica, etc–, lo que pone en un predicamento la situación de la política migratoria mexicana”.
Ya desde un principio, según datos del estudio sobre el campamento de migrante en Tijuana (Torre Cantalapiedra, 2022), en esta ciudad fronteriza, a comienzos de 2021, se denotaba la carencia de espacios para alojar y asistir a personas en situación de migración, lo que obligó a las personas a quedarse en situación de calle.
Fue así que más de 300 familias, conformadas por mil 600 personas aproximadamente, decidieron instalarse en el campamento.
Este campamento no debió de suceder
El 28 de octubre autoridades municipales, levantaron un cerco perimetral al campamento, con el argumento de evitar que creciera,
censaron a la población, entregaron credenciales y ofrecieron sufragar los costos para que las personas migrantes se devolvieran a sus entidades y países de origen. La alcaldesa Monserrat Caballero señaló, en aquel momento, que el campamento había crecido sin que se hubiera hecho nada al respecto.
Este cerco representó un control del campamento, tal como apuntó el especialista al medio.
Para Juan Antonio del Monte, en su valoración de la situación comentó que no debió de existir un campamento con estas condiciones que, dijo, eran precarias, insalubres y las personas vivían en condiciones infrahumanas.
“Es imposible no repartir culpas, porque no hay un solo factor que explique el fenómeno. No sólo es el gobierno norteamericano con sus necropolíticas punitivas, no sólo es la falta de interés del gobierno mexicano, no sólo son las organizaciones que desinformaron los procesos. Es un coctel de factores por el cual se quedaron las personas a acampar ahí. Era para ver si había cierta acción positiva en sus procesos de asilo, pero no fue así. No hubo efectos positivos”, concluyó de manera enfática el especialista.
