El pasado 10 de septiembre un desgajamiento del Cerro del Chiquihuite cimbró a los habitantes de la colonia Lázaro Cárdenas, Segunda Sección, conocida también como La Presa, ubicada en el municipio de Tlalnepantla. Este evento dejó un saldo de cuatro pérdidas humanas y viviendas que fueron sepultadas por rocas y tierra. Las personas afectadas se trasladaron a albergues aledaños y Protección Civil emitió una orden de desalojo porque es una zona de alto riesgo.
Desde entonces en la zona se observan autoridades que vienen y van, familias que se encuentran en constante incertidumbre, máquinas que trabajan para remover las enormes rocas que se desgajaron del Cerro que forma parte de la Sierra de Guadalupe, Área Natural Protegida (ANP), que ha sido testigo de la explosión demográfica y la expansión de la ciudad.
Esta cadena de lomeríos atraviesa la zona metropolitana de Ciudad de México (alcaldía Gustavo A. Madero) y el Estado de México (municipios de Tlalnepantla, Tultitlán, Coacalco y Ecatepec).
Sin embargo, diversos conflictos atraviesan a la Sierra y a sus habitantes, por lo que el deslave en el Chiquihuite ha obligado a poner el foco de atención sobre ella, ya que el impacto ha dejado miedo, confusión y dudas sobre el riesgo y la vulnerabilidad en la zona, por lo que responde a una problemática compleja.
Evaluar riesgos es imprescindible
Elsa Pérez, académica e integrante del Laboratorio Socioambiental, indicó que hay una serie de variables a considerar a la hora de evaluar riesgos en la Sierra de Guadalupe.
La académica señaló que para prevenir y mitigarlos es necesario tener un enfoque de derechos humanos.
“Se debe tener la participación de todos los actores involucrados que deben integrar sistemas de vigilancia, previsión y predicción de amenazas y evaluaciones”.
Desde una perspectiva técnica, Luis Jiménez, geólogo (IPN) y especialista en riesgos, explicó que es necesario considerar que los desastres y las catástrofes son conceptos distintos.
Los desastres son fenómenos eminentemente humanos y sociales, no son ‘naturales’. Son eventos identificables. Las catástrofes derivan de fenómenos naturales”, consideró Luis Jiménez.
Señaló que en lo que respecta a los procesos de remoción en masa (deslizamientos), la mayoría ocurre en el centro del país o en zonas de sierra debido a las condiciones geomorfológicas de los terrenos.
“72% ocurren en períodos de lluvia y aumenta su ocurrencia 93% si se añaden los ciclones tropicales”.
Dijo que para prevenir los desastres es necesario reducir la vulnerabilidad. Cuando los gobiernos apuestan por Atlas de Riesgo, suelen existir problemas de presupuesto, lo que da como resultado atlas incompletos, carentes de información que dejan de lado la vulnerabilidad o no se considera la mitigación, una medida de gran relevancia que sirve para evaluar riesgos.
El Chiquihuite ¿catástrofe o desastre?
Lo que ocurrió en el Chiquihuite responde a una serie de factores que se atraviesan y que complejizan la situación, por un lado los factores ambientales como la pérdida de biodiversidad en la zona, así como el cambio de uso de suelo, pero también los factores socioespaciales, históricos y políticos.
Al respecto Nallely, habitante de la Sierra de Guadalupe en Tultitlán e integrante del Colectivo Huerta Coba, compartió que desde hace 30 años el suelo de la Sierra de Guadalupe comenzó a erosionarse por el cambio de uso de suelo. La vegetación originaria fue sustituida y eso generó un impacto, por lo que apuesta a la reforestación de especies nativas, para retener los suelos.
Javier, biólogo que participa en colectivos de Coacalco y Tultitlán de la Sierra de Guadalupe, criticó que lo ocurrido en el Chiquihuite puede derivar en una crisis en la movilización social e inmobiliaria. Subrayó que las viviendas atraviesan un Área Natural Protegida, y que respondió a una invasión gradual que devino desde los setenta, que no fue regulada ni por autoridades estatales ni federales.
Por otro lado, Aideé Zamorano, integrante del Comité del Cambio Climático para el Gobierno Federal y asesora técnica del PNUD, relató que el riesgo es construido y no responde a una responsabilidad individual sino a las omisiones sociales y a la falta de presupuesto público para atender las vulnerabilidades.
La experta lamentó que en la actualidad el presupuesto que se invierte en atender emergencias es de 87% y 13% está destinado a la prevención, por lo que considera que es la prevención la posible respuesta para cambiar la situación actual y poner al centro la vida de las personas.
Es urgente que nos regresen el presupuesto público para la prevención de desastres, urge el reordenamiento territorial. Las personas llegaron ahí porque hay asentamientos de los centros de trabajo en la Ciudad de México. El Estado de México es una especie de dormitorio y no hacemos caso a las regulaciones. No depende de las personas, también es por falta de competencias de nuestras autoridades, necesitan articularse”, declaró Aideé Zamorano.
Criticó que la recaudación fiscal de los municipios no son suficientes para resolver un problema así, “apenas si tienen recursos para gestionar residuos. No podemos decir que somos buenos para organizarnos, para atender desastres como el Chiquihuite. Falta mucho por avanzar”, concluyó.