El caso de Manuel Ramírez Valdovinos se dio a conocer luego de que Pedro Carrizales “El Mijis” y Bryan LeBaron, miembro de la familia mormona LeBaron de Chihuahua, decidieron llevar a cabo una huelga de hambre en Palacio Nacional, en el año 2021, para pedir la liberación del maestro de música quien estuvo privado de su libertad por 21 años, víctima de tortura por elementos de la Policía Judicial del Estado de México y acusado por un delito que no cometió y cuya (supuesta) víctima continúa viva.
Ahora su caso se encuentra ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a las diversas violaciones de las que fue víctima. Busca defender a otras personas que atraviesen por las mismas injusticias, tal como compartió a Once Noticias.
Volver a la vida, luego de 21 años de estar muerto
Luego de dos horas de charlar a través del monitor y de contar lo que vivió, Manuel soltó algunas lágrimas. Sus gestos son duros, cada pliegue de su rostro evidencia el paso inevitable del tiempo, pero también las dificultades que le ha puesto no la vida, sino un sistema de (in) justicia.
Manuel perdió el oído izquierdo, tiene una lesión en su columna y el problema mayor es que lleva la mitad de su vida sin conciliar el sueño. Al cerrar los ojos y sentirse cerca del ensueño llegan los recuerdos de la tortura.
“Yo he sobrevivido, pero esas son mis secuelas, los años han pasado y eso sigue”, compartió al medio.
Manuel relata que él sabe lo que significa estar muerto por 21 años, que fue el tiempo que pasó privado de su libertad en al menos 7 centros penitenciarios. El último de ellos fue el de Santiaguito Almoloya de Juárez. “El castigo no fue sólo para mí sino también para mi familia, porque además me fabricaban traslados”.
El delito que se le imputó fue el de homicidio de un hombre que está vivo, “¡vivo!”, atina a señalar ya no con sorpresa sino indignado y moviendo sus manos para enfatizar la expresión.
Pero Manuel no llora por recordar los detalles de ese tiempo, tiene una memoria marcada por nombres, papeles y fechas. Recuerda todo con minucia. Las lágrimas brotan por su padre, quien falleció apenas unos meses atrás, y por la vida que le fue arrebatada.
Manuel Germán Ramírez Valdovinos era profesor de música y vivía en San Juan Teotihuacán, Estado de México. Ahora tiene 44 años, pero ese 26 de mayo de 2000, tenía 23. Cuando fue detenido de forma arbitraria por elementos de la Policía Judicial del Estado de México, sin orden de aprehensión y sin acreditarse, acababa de ser papá apenas un mes antes, por lo que celebraba con su familia el cumpleaños de su hijo recién nacido.
“Fui secuestrado por la Policía Judicial (…) Entraron por mi preguntando por “El Barbas”, pero yo no tenía apodos”, recordó.
Fue golpeado y levantado en un auto, acusado por haber asesinado a Emmanuel Martínez Elizalde. Antes de ser presentado ante la Procuraduría del Estado de México fue llevado a diversos lugares para ser torturado. Una vez en las instalaciones de esta institución la tortura no cesó.
Uno de los momentos que compartió a Once Noticias fue cuando los elementos de seguridad mexiquenses lo llevaron a un depósito de cerveza: ahí fue desnudado y lo sumergieron en un tambo con agua, lo golpearon y lo colgaron de sus manos.
Manuel rechazó cualquier acusación, pero lo sometieron con electroshocks hasta dejarlo inconsciente. De los golpes que recibió recuerda un zumbido en su oído y sentir correr la sangre. Fue ahí donde perdió su oído izquierdo.
Fue una llamada proveniente del MP lo que detuvo esa tortura, para pedir que fuera presentado, pero uno de sus verdugos señaló que aún no obtenían la incriminación, “es que no quiere cantar los pajaritos”, recuerda Manuel la exactitud de las palabras de uno de los judiciales.
El Ministerio Público aseguró, con base en la fabricación de un delito, que Martínez Elizalde había sido secuestrado y asesinado.
Cuando Manuel fue presentado ante el centro de Justicia, el papá de Emmanuel Martínez Elizalde, le dijo a los judiciales que él era hijo de su compadre y no era a quien debían llevar.
“Usted quería tres pendejos, ya se los traje. A mí, la agente del MP ya me sonó 150 mil de la águila y ya se chingaron. Los que ya están aquí se van a ir a chingar”, dijo Manuel al citar las palabras de la autoridad.
Fue aquí en donde lo obligaron a firmar documentos en blanco y en donde fabricaron un testigo de oídas, cuyas declaraciones no coinciden con las pruebas periciales.
Y es que la filiación física que supuestamente describe al responsable coincide con la de Manuel ni siquiera el cráneo de quien señalaron fue víctima de homicidio.
No hubo víctima
Manuel cuenta que Emmanuel Martínez Elizalde, la supuesta víctima, no estaba muerta. Sólo unos días después de este supuesto homicidio, Martínez fue visto sólo en Estados Unidos y estaba registrado con otro nombre.
El profesor de música aseguró que el papá de la supuesta víctima fue quien sostuvo esta simulación, ya que su hijo estaba acusado de otros delitos, y además sirvió para cobrar el supuesto dinero de un seguro. Estos señalamiento fueron presentados por la defensa legal de Manuel ante la autoridad, pero las pruebas fueron perdidas por el MP.
“¿Dónde está el ejercicio de justicia? ¿por qué no se reconoció mi inocencia? Prefirieron darme cárcel. La CIDH deja en claro que yo fui víctima de los atropellos, esto es una mafia, sí es la mafia del poder, y yo soy víctima”, expresó.
Y es que la responsabilidad de estos atropellos también recayó en las autoridades del Estado de México, ya que pese a las pruebas, Manuel fue sentenciado a 42 años y 6 meses de prisión. Gracias a un amparo que interpuso, junto a su defensa legal, la pena bajó a 40 años y 7 meses, condena que arrastra dado que no ha sido absuelto.
Pero los restos de la supuesta víctima, señala Manuel, no coinciden con la de Martínez Elizalde. Las pruebas periciales tardaron tres años entre devenires, ya que Manuel y su defensa lograron contactar a un experto en Juárez, involucrado con la investigación de restos de mujeres víctimas de feminicidio, quien a su vez les recomendó una perita experta.
Fue ella la que determinó que los restos no coinciden con los de la supuesta víctima, sin embargo, se necesitaron las pruebas de un tercero (que además determinó con fotografías lo que antes asentó la perita: los restos no son de Martínez Elizalde), pero las autoridades mexiquenses perdieron los restos y no lo asentaron en el expediente.
Por esta situación, Manuel acusa que todo respondió a la fabricación de un caso que construyeron las autoridades, durante los tiempos en que el Estado de México estaba gobernado por Arturo Montiel y luego por Enrique Peña Nieto.
La familia de Manuel también presentó a un testigo que afirmó haber convivido con la supuesta víctima, luego de ese 26 de mayo del 2000, y quien además señaló que la persona asesinada fue vestida con la ropa de Martínez Elizalde.
La esperanza no muere: el caso ante CIDH
Manuel nunca se rindió y buscó por todos lados ser escuchado, aunque muchas veces las autoridades se incomodaron ante la búsqueda de justicia. En un acto de desesperación también envío su caso ante la iglesia católica, primero estatal y luego fue en busca de ser escuchado por el Vaticano.
En el año 2016 su caso fue presentado ante CIDH, pero fue hasta el año 2022 que le notificaron que esta Comisión encontró materia, por la detención arbitraria y la tortura, para tomar su caso, por lo que está en curso que las autoridades mexicanas presenten sus argumentos, para luego llegar a conclusiones y un pronunciamiento de fondo.
En su caso también intervinieron líderes políticos como Pedro Carrizales “El Mijis”, ex diputado del Estado de San Luis Potosí, y que Manuel recuerda con cariño y admiración. También activistas como Le Baron. Aún recuerda cómo fue que esos personajes se pusieron en las puertas de Palacio Nacional para denunciar su caso y exigir ante Andrés Manuel López Obrador su libertad.
Sus defensores, junto a estos líderes y activistas, interpusieron ante las autoridades del Estado de México la posibilidad del indulto y amnistía, pero hasta ahora no hay respuesta.
Manuel salió por preliberación, una figura jurídica que se aplica a las personas bajo ciertos requisitos establecidos en los artículos 136 y 146 de la Ley Nacional de Ejecución de Sentencias, por ejemplo, cuando se trate de un delito cuya pena máxima sea de seis años de prisión por delitos patrimoniales o culposos, entre otros.
Pero Manuel no cumple esos requisitos, sino que él busca el indulto debido a su inocencia, aseguró.
“Ese es el descaro de las autoridades del Estado de México. No soy libre, porque debo ir a firmar cada 15 días, no me querían dar mi credencial de elector y ahora tengo antecedentes penales. Por la presión mediática me dieron INE, pero esto es un descaro”, dijo indignado.
El caso de Manuel se da en un contexto de tensión con respecto a diversos temas de procuración de justicia y de derechos humanos, el último es la discusión sobre la prisión preventiva oficiosa y también con respecto a la tortura, por el que también el Estado mexicano se encuentra ante la CorteIDH.
Manuel comparte que luego de salir del centro penitenciario tuvo la fortuna de ver algunos meses a su papá, sin embargo, falleció al poco tiempo. Ante eso, Manuel señala que no hay reparación de los daños porque fue privado de convivir con su padre y su madre, y de ver crecer a sus hijos.
“Mi cárcel fue doble: la prisión física y la cárcel que vivía su familia. Es una pesadilla allá dentro”, atina a expresar.
Sin embargo, ahora espera la resolución de la CIDH y expresa que busca llevar su caso ante la Corte IDH. Además se ha puesto en marcha para crear una asociación que apoye a personas que han padecido las mismas injusticias que él.
“Esto tiene que acabarse en México, me duele porque exhibiré a mi país. Para lograr una transformación en el país, esto tiene que cambiar. No habrá reparación del daño físico, nadie me devolverá mi salud, pero debe haber reparación de daño jurídico, porque el Estado de México hizo porquerías”, concluyó.