Desde el Instituto para la Mujer y la Migración (IMUMI) han impulsado tres recursos jurídicos para intentar frenar el programa migratorio “Quédate en México”, que mantiene dentro de México a todas las personas que desean pedir asilo en Estados Unidos. Existen dos amparos, el primero está en un proceso de revisión bajo el expediente 302/2020 alojado en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Este amparo básicamente reclama que la política migratoria es ilegal e inconstitucional, ya que no cumple con los requisitos para ser considerado como un acto administrativo en México. En el segundo amparo está en el Juzgado 17 en Materia Administrativa con el expediente 1887/2021 y este va en contra de la reinstalación del mismo programa, el 2 de diciembre del año pasado.
“Nosotros damos por hecho que es un tratado internacional o binacional, sino de una norma jurídica que se está implementando de manera administrativa en territorio mexicano, y por lo tanto ese programa carece de las características que tendría un acto administrativo en México. Solo es un protocolo que está en la página web de la cancillería y eso no genera ninguna vinculación a las autoridades y mucho menos a la población. Carece de todo sustento y debido proceso”, explicó Lorena Cano, coordinadora jurídica en el IMUMI.En los juicios de amparo reclamaron las violaciones a los derechos humanos directas a la población y la principal en este programa, es el principio de no devolución, que es la principal regla de todo procedimiento de protección internacional. Cualquier Estado puede llevar a cabo sus procedimientos con sus reglas internas, pero no pueden devolver a las personas al riesgo del que huyen, porque puede concluir en la muerte, o la privación de la libertad y la integridad física. “Cuando un Estado permite que le deporten personas que están solicitando asilo en un país, que en este caso es Estados Unidos, entonces México se vuelve cómplice de este primer país que viola el derecho de la no devolución”, explicó Lorena. México no aceptó ser un tercer país seguro, como sí lo hizo Guatemala, “porque no tenemos esa capacidad por temas de violencia, inseguridad y de capacidad institucional”. El tercer país lo que hace es pedirle a los migrantes que antes de llegar a su país destino (EUA), su obligación es solicitar asilo en los países de tránsito (México o Centroamérica) y agotar esa instancia para después evaluar si son candidatos a que la nación destino los proteja. A las personas que intentan cruzar a Estados Unidos las trasladan a centros migratorios, les abren un expediente judicial y luego de un par de días las devuelven a México, en donde les entregan formatos que por lo general les entregan a los turistas, pero en este caso bajo razones humanitarias.
“La teoría dice que esta instancia les permite estar en México y acceder a derechos, cosa que no está sucediendo, las personas no acceden al trabajo porque les dan estos carboncillos, que no son tarjetas de residencia y son consideradas documentos, tampoco han podido acceder a la escuela porque no hay certeza de estar en México, de hecho han habido casos donde las personas son devueltas hasta la frontera sur de México y eso provoca que recorran de nuevo la ruta para alcanzar a sus entrevistas de asilo en Estados Unidos”, indicó.Las personas sin derecho al trabajo, escuela o documentación, permanecen en situaciones vulnerables, pues desde el IMUMI han documentado diversas violencias como secuestro, extorsión y violaciones. Según su documentación durante los últimos dos años se registraron mil 300 eventos violentos, incluso la muerte contra esta población, perpetrados por policías, agentes de migración y grupos paramilitares.
“A pesar de todas las violaciones a los derechos humanos que representa este plan, para finales del 2021 se reimplementa el ‘Quédate en México’, con esta nueva versión en donde también se puede devolver a personas que no son hispanoparlantes y se reducen los tiempos de procesos de asilo a seis meses. Así es como México vuelve a aceptar el 2 de diciembre, en complicidad con Estados Unidos, este programa”, subrayó Lorena Cano.El 27 de diciembre de 2021, el IMUMI presentó un amparo reclamando la reimplementación de este programa. El tercero de los procesos es una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR), alojado con el número FED/FEMDH/UIDPM-TAMP/55/2021, para hacerle ver al ministerio público que el Estado mexicano no tiene la capacidad de proteger a las personas de todos estos delitos atroces. Con todas las documentaciones de las organizaciones se muestran las violaciones a los derechos humanos y que son víctimas de delitos impunes como secuestro, extorsión, desaparición y homicidio. Para la coordinadora jurídica en el IMUMI, una vez que México aceptó la política migratoria tiene que responder por los derechos de las personas migrantes.
“El fenómeno migratorio está totalmente reprimido en este contexto, nuestra solicitud es clara: las autoridades administrativas como Cancillería y el INM deben implementar de inmediato protocolos que ayuden a disipar estas condiciones terribles, por las cuales está pasando la gente que esta varada en México, y al Poder Judicial le pedimos que tome su papel autónomo de impartidores de justicia y que se pronuncien por el fondo de estos asuntos, porque les corresponde en su materia inconstitucional y legal que ha dejado a las personas en la total indefensión, porque no importa de dónde viene la orden, tienen el deber de manifestarse si algún procedimiento viola los derechos humanos de las personas en su territorio”, concluyó Lorena Cano.