Desde el pasado 28 de agosto un centenar de personas haitianas, venezolanas, cubanas, centroamericanas, africanas y de otras nacionalidades, salieron en caravana desde Tapachula, Chiapas. El objetivo es llegar a otras ciudades del país para buscar oportunidades laborales que les permitan subsistir, mientras esperan respuesta a sus solicitudes de refugio, otras tantas desean llegar a Estados Unidos con la esperanza de pedir asilo o acceder al programa Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), un programa para la población haitiana.
Las personas han decidido emprender el tránsito unos días después que se registraron protestas en la ciudad, por parte de la población haitiana, debido a que no hay respuesta a sus solicitudes de refugio y muchas de ellas han esperado largos meses y hasta más de un año, para regularizar su situación migratoria.
Su trayecto inició en Tapachula, pero conforme han avanzado por Chiapas se han encontrado con las autoridades Instituto Nacional de Migración (INM) y con la Guardia Nacional que han realizado detenciones en su intento por contener y detener a la caravana.
En redes sociales se han publicado videos que muestran a elementos tanto del INM como a la GN golpeando a las personas que detienen, pese a que en la caravana viajan familias con niños, niñas y mujeres.
Tal fue el caso del video grabado por personal y defensores de derechos humanos en el que aparecen dos personas identificadas como Jorge Alejandro Palau, director de la Estación Migratoria Siglo XXI, y Aldo Juan Robledo, mando medio de la misma estación, cuando golpeaban a una persona migrante durante un operativo para detener la caravana. Ante ello el INM suspendió de sus funciones a los agentes federales.
@INAMI_mx suspendió de sus funciones a dos agentes federales adscritos en Chiapas, por su actuación indebida en el operativo realizado en la carretera Tapachula-Arriaga, el sábado 28 de agosto; el Órgano Interno de Control del INM determinará lo conducente https://t.co/QGMDKm5ITS pic.twitter.com/5AklGpxYC6
— INM (@INAMI_mx) August 30, 2021
Durante el primer día que salió la caravana los agentes del INM detuvieron a alrededor de 300 personas; sin embargo, lograron escapar 250 personas. En el segundo día, según lo han documentado las diversas fuentes de información que han cubierto en campo, las personas se trasladaron del municipio de Escuintla a Mapastepec, donde se han registrado más detenciones.
#VIDEO Agentes del @INAMI_mx y de la @GN_MEXICO_ persiguen y capturan esta mañana a los miembros de la #CaravanadeMigrantes en Mapastepec, Chiapas, mientras pernoctaban esperando la segunda caravana que viene en camino. #CaravanaMigrante pic.twitter.com/sVC5pmf28f
— Isaín Mandujano (@isain) August 31, 2021
El INM está deteniendo a las personas que se quedan rezagadas, hasta atrás, por el cansancio”, afirmó Felipe Vargas, responsable de Incidencia del Servicio Jesuita Refugiados México, en entrevista con Once Noticias.
La principal petición de la gente en tránsito es que no tienen medios de vida y buscan la regularización migratoria. Felipe Vargas señaló que en la caravana viajan personas de diversos perfiles y que muchas ya tienen el reconocimiento de refugio, pero no han podido sacar sus tarjetas en el INM, porque los procesos son por correos electrónicos. “Las personas están en un limbo y hay desgaste”, señaló.
Hay una contención de los flujos por burocracia y por detenciones que derivan en deportaciones.
Monitoreamos en Talismán y El Carmen, que el INM expulsa a personas haitianas a Guatemala. No hay acuerdo claro. No los detienen, porque no hay infraestructura y saben que las personas no se quedarán ahí. Las personas son deportadas ‘en caliente’ y luego regresan a México”, relató.
Además de esto se suman los vuelos que vienen desde Estados Unidos a la frontera sur, con personas que son expulsadas luego por Migración mexicana.
“Este sistema de contención, detención y deportación está trabajando muy en sincronía entre México, Estados Unidos y Guatemala. Esto genera un cuello de botella que ya reventó en Tapachula. Ya lo veíamos venir porque no hay alternativas de regularización migratoria”, explicó.
Dijo que no se debe perder de vista que algunas personas quieren llegar a Estados Unidos.
“Ahí viene el trabajo de contención de estos flujos, Andrés Manuel López Obrador lo mencionó. Las personas tienen derecho a solicitar refugio en donde sea. No se les puede obligar”, declaró.
El doctor en migración dijo que la situación actual sobre la crisis migratoria en el país no es nueva, sino una acumulación de eventos que se advertían desde antes de la pandemia.
“Desde 2019, hubo un aumento de solicitudes de refugio. En ese año hubieron más de 70 mil solicitudes. En 2020, se registraron 42 mil, aún con la pandemia. Pese al cierre de las fronteras y que no fue tan sencillo llegar, se detectó este inminente aumento”, detalló.
La situación se volvió más compleja por el contexto de cada país de la región, la pandemia y fenómenos naturales que han sucedido en los últimos años.
Felipe Vargas criticó que “el Estado apuesta más al INM cuyas tareas son la contención, detención y deportación de las personas”, pues hubo un recorte presupuestal a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).
En 2019 a la COMAR le fueron asignados 20 millones. En el ejercicio fiscal de 2020 les dieron 47 millones; fue insuficiente con la pandemia. Para 2021, que ya había proyecciones de aumento en solicitudes de refugio, se le dieron 50.8 millones de pesos”, puntualizó al señalar que este presupuesto representa 3% del que recibió el INM.
Felipe estimó que si las solicitudes continúan aumentando, a finales de este año, habrá más de 110 mil peticiones.
“Tener una solicitud de refugio no es garantía de nada”.
Cuando se pide la protección en México, las personas no se pueden mover de la entidad federativa en la que se requirió. 75% de solicitudes se hacen en Chiapas.
“El INM no permite que las personas que han solicitado refugio y que tienen su constancia salgan, incluso las pueden detener y las pueden deportar. Ya lo hemos documentado en centros de detención migratoria”, afirmó.
Dijo que el problema es que existe una burocratización virtual que termina siendo el muro. Antes el muro era físico, ahora el nuevo muro es la burocratización virtual, porque para acceder a la solicitud de refugio deben pasar por una serie de trámites virtuales que resultan más un problema que una solución.
Ahora hicieron un formulario en línea en el que las personas, con el pretexto del contexto por COVID, deben tener acceso a un dispositivo y llenar la información. La información que solicitan es amplia y no es una tarea tan sencilla y eso no les garantiza el acceso a la solicitud”, subrayó.
Denunció que las personas deben esperar en Tapachula, “en teoría y por ley se les debería dar una tarjeta por razones humanitarias (TRH) pero este proceso es muy lento, por lo que las personas se quedan con su solicitud y de forma verbal el INM les señala que no deberían de salir, pero si el proceso va a durar más de 6 a 12 meses, las personas no tienen forma de subsistir. La mayoría no tienen dicha capacidad económica”.
En Tapachula, al menos, 45 mil personas han solicitado protección en estos meses. Los costos de renta han aumentado mucho, las personas han buscado la manera de subsistir y han empezado a expandirse sentimientos de xenofobia en algunas poblaciones locales, lo que resulta preocupante”, concluyó el especialista.