Catalina fue sentenciada a 10 años de prisión por delitos contra la salud; sin embargo, en 2021, al cumplir 50% de su pena y bajo una lucha acompañada por el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), obtuvo su libertad condicionada, por lo que cumple el resto de su sentencia bajo monitoreo electrónico, a través de un brazalete, desde su hogar y bajo condiciones específicas.
Catalina regresó con su familia a su ciudad natal, pero el camino no ha sido fácil: el estigma social sobre las mujeres privadas de su libertad, los prejuicios que persisten sobre quienes se involucran –y son víctimas– en actividades de alto riesgo (como transporte de drogas), la marca de un brazalete visible que carga en su tobillo, son algunos desafíos que enfrenta día con día.
Pareciera como si la pesadilla tuviera una fecha de inicio, pero en el que no se advierte un fin.
La maleta de un viaje sin retorno
Catalina aprendió el oficio del estilismo: sabe hacer uñas, cortar el cabello, pintarlo y técnicas de peinado. A veces les corta el cabello a sus hijos, a su mamá o maquilla a su hija. Hasta las vecinas la visitan para algún peinado especial. Lo aprendió cuando estuvo dentro del centro penitenciario.
Por el momento, su trabajo está enfocado en ayudar a su mamá. Tienen un puesto de jugos, por lo que el estilismo es una actividad que hace más por gusto y distracción, aunque en los momentos de ensoñación ha pensado en poner una estética.
Sin embargo, la idea se desvanece y prefiere disfrutar lo inmediato, porque para Catalina la libertad es sinónimo de un tiempo presente. Y aunque aún no obtiene su libertad absoluta –se lo recuerda cada que mira el brazelete electrónico que tiene en su tobillo– revalora los momentos más párvulos del día: la luz por la ventana, el rostro de sus hijos o una mueca de su madre.
Fueron seis años que estuvo lejos de su hogar y que recuerda, todavía, con un sabor amargo y, a veces, con lágrimas. Es inevitable. No ha sido fácil. Pareciera como si el tiempo se hubiera pausado en ese lapso.
¿Castigo de la vida? ¿Mala suerte? ¿Malas decisiones? Son algunas de las preguntas que rondan constantemente en su cabeza. Catalina comparte a Once Noticias que:
“uno hace por sus hijos hasta lo que no. Somos humanos, hasta en las mejores familias puede pasar. Yo sólo quería sacar a mis hijos adelante, porque yo soy mamá y papá. Yo no sabía lo que llevaba. Me detuvieron en el aeropuerto de Mexicali”, recuerda, al otro del auricular.
Catalina nunca había salido de Jalisco, fue la primera vez y tenía el plan de volver pronto; no imaginó que sería un viaje largo, doloroso y sin retorno.
Llegó a Mexicali, Baja California, en 2016, con el objetivo de entregar una maleta de la que desconocía su contenido, sin embargo, al llegar al aeropuerto fue detenida. La maleta contenía metanfetamina. El sueño de obtener un poco de dinero para sostener a sus hijos –dado que ella es el sustento del hogar- se desvaneció.
Fue privada de su libertad, acusada por delitos contra la salud y sentenciada a 10 años de prisión en el Centro de Readaptación Social de Mexicali. Posteriormente, al cumplir tres años, fue traslada a la ciudad de Ensenada.
Recuerda esos días con un aire de mucha tristeza, porque se sentía muy sola –sólo una vez vio a dos de sus hijos menores, en una visita que le hicieron–. En ese entonces sus hijos e hija tenían 15, 11 y 13 años, respectivamente.
De acuerdo con la especialista Corina Giacomello (Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas), en un informe para el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC, por sus siglas en inglés), las circunstancias socioeconómicas constituyen la principal motivación por la cual las mujeres “eligen” cometer una actividad penada y son una constante en América Latina, una región que junto a África tiene un alto índice de desigualdad económica.
La desigualdad también está atravesada por el género, ya que prevalece una brecha histórica de género en cuanto a ingresos, el reforzamiento de la división sexual del trabajo y el estancamiento de los empleos para las mujeres.
Al hacer un acercamiento a México los datos refieren que persiste el fenómeno de la feminización de la pobreza, es decir, son las mujeres quienes tienen mayores índices de pobreza.
El Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social (Coneval), hasta 2020, informó que 44.4% de las mujeres se encontró en situación de pobreza; los hombres en la misma condición fueron 43.4%.
En situación de pobreza extrema, el porcentaje de mujeres que estaban en esa condición fue 8.5% y de hombres 8.6%. No obstante, estos datos tienen diferencias al desagregarse, también, por condición de hablantes de lenguas indígenas y otras categorías.
Además, sobresale, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi 2010), que la ausencia de la paternidad afectaba a 40% de los hogares del país.
Con el Censo de Población y Vivienda 2020, los datos apuntan a que en 33 de cada 100 hogares las mujeres son el único sustento económico de la vivienda, es decir, en 11 millones 474 mil 983 hogares la figura paterna está ausente.
En Jalisco, entidad originaria de Catalina, 34% de los hogares es encabezado por mujeres y 66% por hombres.
Pero este problema social no sólo se limita a los datos económicos, ya que la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018 detalló que 12.2% de la población menor de 15 años vivía sólo con la madre, mientras que 1.3% habitaba con el padre.
Para 2019 sólo 369 mil 210 menores de 15 años, de los más de 33 millones en ese rango de edad, vivían con sus padres varones debido a un divorcio, separación, viudez o abandono.
Además, se suma el desigual ejercicio de crianza que históricamente recae en las mujeres el sistema de cuidados de hijos, hijas y personas adultas mayores, así como el trabajo doméstico no remunerado.
La investigadora Giacomello advierte que toda esta situación se refleja en el perfil de las mujeres privadas de su libertad por delitos de drogas: muchas de ellas son el único sustento económico de familias monomarentales que optan por el mundo de las drogas para alimentar a hijos/as y familias.
Esta situación no es ajena a Catalina, lo expresa en la conversación. Ella ha sido el único sustento económico de su familia y cuando estuvo en situación de reclusión, fue su madre quien cuidó de sus nietos.
La libertad condicionada: aquí no termina la historia
Luego de seis años Catalina obtuvo la libertad condicionada. Fue hasta entonces que volvió a ver a su hijo más grande. Es lo primero que cuenta y revive el momento como si estuviera otra vez ahí, en la puerta de casa y su hijo al fondo, esperando ver a su mamá pero más alto, más fuerte, alcanzado por la edad adulta. Catalina se quiebra y suelta algunas lágrimas cuando lo relata.
“Soy de las personas insistentes. No lo dejo, le sigo y le sigo hasta que se logre y buscarle de una manera u otra, para estar cerca de mis hijos”, señala Catalina mientras suelta una pequeña risa pícara al contar que nunca se quedó de brazos cruzados para buscar su libertad.
Cuando ocurrió la detención, su mamá tuvo que endeudarse para pagar tres abogados privados, “pero nunca hicieron nada con mi caso”, acusó Catalina.
Cuando fue sentenciada quería que la trasladaran a Guadalajara, así que envió numerosas cartas al juez, explicando su situación, pero no se le concedió y tuvo que permanecer en Baja California.
Luego llevó su caso a Derechos Humanos, dada la situación de sus hijos menores, pero no logró el traslado. “Me iba a rendir. Que sea lo que Dios quiera, pensé”.
Pero fue la persistencia lo que la llevó a conocer a María Teresa Vázquez Franco, su abogada de oficio por parte del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), que aunque su caso fue turnado hasta Ciudad de México logró una resolución positiva.
Al respecto, la abogada señala a Once Noticias que la obtención de libertad condicionada a Catalina fue posible según lo establecen los artículos 136 y 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal: “si se cumplen ciertos requisitos, se posibilita esa condición legal, para que las personas puedan continuar su proceso en libertad”, dijo al medio.
Entre los requisitos, para la libertad condicionada, resalta cumplir con 50% de la pena en prisión, que las personas no tengan sentencias condenatorias firmes, que no representen un riesgo para testigos y a la sociedad, buena conducta, cumplir con un plan de actividades, haber cubierto la reparación del daño o multa, no estar sujeta a otro proceso penal del fuero común y federal por delito que amerite prisión preventiva, entre otros.
Fue así que en julio de 2021, el órgano jurisdiccional concedió a Catalina la libertad condicionada bajo la modalidad de supervisión de monitoreo electrónico, a través de un brazalete electrónico.
Pero la historia no culminó con ese beneficio, dado que el brazalete corre por el gasto particular de la persona que lo portará, pero Catalina ni su familia contaban con el dinero suficiente, por lo que peligraba obtener su anhelada libertad.
Al respecto Catalina recuerda que tenía un costo de 50 mil pesos, (6 mil pesos mensuales,) además de que las personas deben dejar un pago en garantía. Algo inaccesible para ella y su mamá, por lo que según relató la abogada Teresa Vázquez, la Defensoría realizó las gestiones necesarias para otorgar gratuitamente el dispositivo, que le fue colocado el 11 de noviembre de 2021, en Ciudad de México.
La empresa encargada de los brazaletes es Monitores GPS y según compartió la defensa legal, el director de IFDP, Netzaí Sandoval, acordó con esta empresa que se otorgaran brazaletes gratuitos en Ciudad de México.
Además explicó que la ley establece que la autoridad penitenciaria es responsable de la adquisición y mantenimiento de esos brazaletes:
“si las personas tienen las condiciones económicas, son ellas quienes cubren el costo, pero la autoridad penitenciaria no cuenta con ellos, por eso el cargo se le pasa a la familia y actualmente, gracias a los defensores públicos y a los cambios de criterios, las libertades condicionadas se hacen sin monitoreo electrónico, porque se cumplen otros requisitos, para la reinserción social en libertad”, enfatizó la abogada de la IFDP.
En el caso de Catalina las resoluciones apuntaron al monitoreo electrónico por el tiempo que le falta por cumplir su sentencia (al menos se debe cumplir 70% de sentencia en prisión).
La única vez que Catalina había visto un brazalete para monitorear a las personas privadas de su libertad fue por la televisión estadounidense, nunca imaginó que ella lo portaría.
“No me acostumbro, pero me he adaptado, me daba pena que me vieran porque la gente es muy curiosa, pero me da igual si me lo miran. Traerlo, no importa que lo traiga, pero estoy en libertad”.
“Yo tengo un sueño, el mismo sueño de la libertad”
Inegi precisa que, hasta el año pasado, las mujeres tienden a involucrarse con mayor frecuencia en actividades de alto riesgo, pero de bajo rango como el transporte de drogas.
La investigadora Corina Giacomello al respecto agrega que se desempeñan principalmente como cultivadoras, recolectoras, vendedoras al menudeo, correos humanos (conocida como “mulas” o “burreras”, algunas veces sus cuerpos son utilizados para transportar drogas) e introductoras de drogas a centros de reclusión.
De acuerdo a Inegi, en el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales (2021), hasta el año 2020, 211 mil 154 personas estaban privadas de su libertad, en centros penitenciarios federales y estatales, de las cuales, 5.6% eran mujeres, es decir, 11 mil 724.
En el caso de las mujeres privadas de su libertad en los centros penitenciarios federales sobresale que los delitos de mayor frecuencia fueron: secuestro (25.9%); delitos de delincuencia organizada (21.3); delitos en materia de armas (20.1%); delitos contra la salud por narcomenudeo (7.6%) y delitos federales contra la salud relacionados con narcóticos (8.8%).
En centros penitenciarios estatales el delito más cometido fue por robo (26.4%); mientras que los delitos contra la salud por narcomenudeo (6.4%) y delitos federales contra la salud relacionados con narcóticos (4.4%) ocuparon el último lugar.
Un año antes, en 2019, Inegi –con base en los Censos nacionales y estatales en materia de impartición de justicia y centros penitenciarios–, detalló que a nivel nacional 7.6% de los casos de reclusión fue por un delito relacionado con drogas y casi la mitad de las mujeres fueron privadas de la libertad por participar en actividades relacionadas con el transporte de drogas: fue cometido por 46.1% de mujeres y 35.7% por hombres.
En el delito por posesión simple, 57.5% fue cometido por hombres y 46.7% por mujeres. Por posesión con fines de comercio fue cometido por 30.4% de mujeres y 20.2% de hombres.
El tráfico de narcóticos –considerado delito federal– fue cometido por 4.3% de hombres y 2.3% por mujeres. En el caso de la producción fue cometido por 13.6% de mujeres y 8.7% de hombres.
De acuerdo a este informe de Inegi, las mujeres sufren mayor inseguridad e incertidumbre jurídica en el proceso penal en comparación con los hombres:
Hasta 2019, una de cada dos mujeres que se encontraban privadas de la libertad por el delito de narcomenudeo no había recibido sentencia y, en el caso de los delitos federales relacionados con narcóticos, 33.8% de las mujeres recluidas estaba en la misma situación.
Y es que, tal como señala Corina Giacomello, las mujeres suelen ser mano de obra fácilmente reemplazable de las redes criminales, es decir, ocupan los eslabones más bajos de la cadena delictiva y también, se convierten en víctimas.
A este panorama se suman otros elementos causales, como, reflexiona la investigadora, las mujeres se involucran en estos actos a partir de sus relaciones familiares o sentimentales.
Asimismo el sistema de justicia, particularmente de México, continúa con la imposición de la prisión preventiva, sentencias desproporcionales, falta de aplicación real de la perspectiva de género, sobrepoblación, entre otros, por lo que la aplicación de beneficios preliberacionales pueden generar impacto, explica la abogada María Teresa Vázquez al medio.
Afirma que la liberación anticipada y condicionada impactarían para disminuir la sobrepoblación de centros penitenciarios y facilitar la reinserción social.
En el caso de Catalina todavía resta tiempo para cumplir su sentencia. Una vez alcanzado 70% de la pena, la IFDP, a través de la abogada María Teresa, tramitará la libertad anticipada, que le dará otras obligaciones pero dejará de usar el monitoreo del brazalete.
Catalina tiene paciencia, la ha adquirido con el tiempo. Cumple con los requisitos que se estipulan en su caso: residir en su domicilio sin salir de Jalisco y cuenta con un empleo, entre otras.
La persona que la involucró con esa maleta desapareció. No volvió a saber de ella, relató con un aire de lamento en sus últimas reflexiones.
Catalina no ha perdido la habilidad de soñar a sus 41 años. Sueña con su estética, con ver a sus hijos e hija seguir sus propios sueños. Sueña con su libertad.
En la conversación no sale a colación la frase que alguna vez dijo Martin Luther King, “yo tengo un sueño, el mismo sueño de la libertad”, pero seguro a Catalina no le resulta ajena.