El pasado 2 de junio el Congreso de Puebla aprobó con 33 votos a favor, siete abstenciones y un impedimento, la modificación al Código Penal estatal para tipificar como delitos los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG).
Con esto ya son nueve entidades que prohíben los ECOSIG, mal llamadas terapias de conversión. En el caso de Puebla, se determinó que se sancionará a quienes practiquen, inciten o financien estos procedimientos con hasta tres años de prisión.
Este avance representa una esperanza para que se continúe legislando a favor de los derechos humanos de las personas de la comunidad LGBTIQ+.
No obstante, prevalece un limbo legislativo del que urge salir para llevar a la práctica y realidad de la política pública y de ahí a la prevención, tal como enfatizó Iván Tagle, director de Yaaj México AC, en entrevista con Once Noticias
El activista y defensor dijo que es necesario detenerse a observar el número de entidades que luego de legislar, publican los cambios a través de sus Diarios Oficiales, ya que ese paso implica no sólo reconocer las iniciativas de ley sino su aplicación.
Ejemplificó con el caso de Baja California Sur en el que la iniciativa de ley para prohibir las terapias de conversión, se aprobó el pasado 28 de junio de 2021, sin embargo, “la gobernadora decidió regresarla y desecharla, y eso es muy importante observar”, señaló Tagle.
Leyes que se acompañen con política pública para combatir ECOSIG
El director de la organización que trabaja a favor de los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+ resaltó que es importante el avance que se ha logrado en los estados, empero, recordó que la iniciativa de ley que se presentó, en 2018, continúa congelada en el Senado de la República.
“Lamentablemente la junta de Coordinación Política ha ‘secuestrado el proceso legislativo’, lo digo así porque ya se dictaminó en ambas Comisiones en las que se turnó y está en espera de que esto se lleve a votación […] En un congreso de una mayoría que se supone que están en defensa de los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+ y han secuestrado ese proceso”, denunció.
Agregó que al no legislar a nivel federal, “nos sentencia como comunidad y eso implica más víctimas. Seguimos viviendo en un país en el que no se reconoce nuestros derechos, por más prides que haya, por más visibilidad que exista, en la configuración de los derechos del respeto a nuestras vidas, no está pasando nada”.
El defensor hizo hincapié en que para cambiar las dinámicas sociales se necesitan armonizar las leyes con la política pública.
Al respecto, señaló que para prevenir los delitos que engloban las ECOSIG y garantizar la no repetición se necesita la acción ciudadana y el trabajo en conjunto con las instituciones para:
“planificar estrategias integrales para erradicar cualquier tipo de práctica. El siguiente paso es prevenir el delito, ahí la sociedad civil deberá coordinar la respuesta intersectorial con nuestras instituciones”, dijo Tagle al medio.
La aprobación de las leyes es importante, pero el siguiente paso para hacerla vigente es que los poderes ejecutivos, gobernadoras y gobernadores, lo publiquen en los Diarios Oficiales, sino se corre el riesgo de que la ley no se aplique y se pierda.
Ante esto el defensor dijo que están preocupados y preocupadas porque la promesa no ha sido cumplida.
“Nos hace pensar que hay una oposición, pero hablamos de derechos humanos, de dignidad y de nuestras vidas. Sin que avance en el Senado y llegue a nivel nacional, limita para generar datos que permita identificar los métodos, los espacios, los números”.
Por un marco normativo real
La guía de referencia para profesionales de la salud mental de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODOC) señala que en el marco normativo mexicano ya existen leyes que prohíben cualquier tipo de violencia contra las personas y quienes son víctimas de ECOSIG pueden denunciarse al amparo de este marco normativo.
Sin embargo, enfatiza que “la reforma podría ayudar a visibilizar esta problemática y reconocer el agravamiento que supone el intento por modificar la orientación sexual o identidad de género de la población LGBTI+”.
Este texto agrega que un ejemplo sobresaliente de estas reformas reivindicativas es la inclusión del feminicidio, el cual, al incluir esta tipificación se visibiliza la gravedad de la violencia contra las mujeres.
“La reforma a la Ley permitirá identificar los delitos cuya motivación sea modificar la orientación sexual y la identidad de género, permitiendo tener estadísticas de este tipo de delitos en contra de las personas LGBTIQ+”, se lee en dicho documento.
Iván Tagle dijo a Once Noticias que “tenemos que sentarnos y quitar diferencias partidistas, porque a dos años de que la primera ciudad legisló en contra de estas prácticas no existe política pública específica para combatir Ecosig que esté implementándose”, concluyó.