Las fronteras son espacios en los que transitan no sólo personas, sino también drogas y armas, un intercambio de violencias que se explica también por su vecindad, al norte, con Estados Unidos.
De 2006 a 2009, en la ciudad de Tijuana, Baja California, los homicidios dolosos aumentaron y también los secuestros. Además, se implementaron estrategias de lesa humanidad que causaron pánico entre la población por las desapariciones, torturas y evidencia de cuerpos mutilados en vías públicas.
Al mismo tiempo que desciende la tasa global de delitos, se incrementa el temor de los ciudadanos a ser víctimas de violencia criminal. El factor detonador de esta paradoja se atribuye al narcotráfico [por su modus operandi] y el impacto de los delitos en medio de un clima de corrupción e impunidad”, tal como afirmó Silvia López Estrada en su investigación sobre las violencias y la realidad social en la zona metropolitana de Tijuana.
En 2007, el entonces presidente Felipe Calderón militarizó la ciudad de Tijuana. Se lanzó un operativo que contó con apoyo aéreo, terrestre y marítimo de 3 mil 300 soldados y policías. Se instalaron puntos de control en las autopistas, carreteras y avenidas.
Los policías municipales fueron desarmados por el Ejército, ya que eran sospechosos de vínculos con los cárteles, por lo que se sumaba el miedo a las autoridades locales. Ya en 2002, Policía Ministerial, Municipal y penitenciaria habían sido acusados de vínculos con el cártel de Tijuana.
Por entonces, la ciudad tenía la incidencia delictiva más alta del país debido al narco. Según algunos medios afirmaban, por entonces, que en 2006 el promedio de criminalidad era muy alto: una muerte violenta cada tres días y 130 secuestros en todo el año.
El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública reportó que, en 2007, 500 familias huyeron de la ciudad por la violencia.
En 2008, sólo en la ciudad, se manejó que hubo 500 víctimas de homicidios.
“Yo me acuerdo de que a cada rato había colgados en los puentes, cuerpos desmembrados. La avenida Revolución, la más importante, estaba vacía. La gente tenía miedo. Muchos bares cerraron. Muchos empleos se perdieron porque la gente se iba de la ciudad. Sí, era una ciudad distinta, nada con lo que se ve hoy. Me acuerdo mucho de cuando apareció un cuerpo colgado en un puente en la carretera de Tijuana a Rosarito. Tenía los genitales en la boca. Fue muy feo, la verdad. Yo no salía mucho y tampoco había muchos lugares de esparcimiento, por eso se recuerdan esos años”, dijo Julio, quien en ese tiempo estudiaba en la UABC.
Relató a Once Noticias que había retenes por toda la ciudad y revisiones constantes, lo que generaba miedo entre la población. Compartió que en ese momento hasta ser un hombre joven era sospechoso.
Para los militares, podían vincularte al crimen organizado. Y los narcos podían cooptarte. Había criminalización a la juventud. También me acuerdo que en ese momento la Policía comenzó operativos para desaparecer a las personas que vivían en el Río Tijuana. Eso fue muy conocido, pero no se hablaba mucho de eso”, comentó.
En 2018 y 2019 se presentó un estudio, realizado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Social, en el que Tijuana encabezaba una lista de 50 ciudades más violentas del mundo debido al número de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes.
Los motivos de los homicidios seguían emparentados a hechos delictivos y también al conflicto heredado entre grupos ligados a los cárteles (Cartel de Sinaloa y Cártel de los Arellano Félix), por lo que la literatura especializada afirma que la estrategia contra el narco de Calderón fue un fracaso rotundo que impactó en un aumento deplorable de la violencia y tuvo un impacto en la violación a los derechos humanos, que no buscó resolver los problemas estructurales de fondo, sino emprender una guerra sin precedentes.
Restos de una guerra pérdida
Durante el gobierno de Felipe Calderón la frontera norte se caracterizó por ser una región asolada por la violencia y la brutalidad. Las ciudades fronterizas fueron militarizadas como parte de la estrategia de la llamada “Guerra contra el narco”.
Fue en este período que la violencia alcanzó cifras inimaginables: más de 70 mil personas desaparecidas y más de 120 mil muertes violentas en el país.
Los diarios y los medios de comunicación reportaban todos los días homicidios y noticias de cuerpos colgados en puentes. Se reportaban omisiones de cifras que salían a relucir por organizaciones civiles que publicaban datos que no convergían con las publicadas por el Gobierno Federal. Estas cifras no sólo respondían a números sino a miles de historias de personas que fueron víctimas de una guerra sin precedentes. Entre las víctimas se encuentran no sólo elementos policíacos, fuerzas militares o miembros de cárteles sino la sociedad civil.
Óscar Hernández, investigador de El Colegio de la Frontera Norte, en su libro Juventudes en fronteras. Identidades, cultura y violencia, afirma que la estrategia contra el narco fue un fracaso que tuvo fuertes consecuencias: “la violencia criminal se volvió cotidiana y visible, no sólo en los enfrentamientos entre las fuerzas del Estado y los grupos criminales, sino también […] involucró a la sociedad civil que fueron testigos, víctimas y protagonistas de actos violentos”.
El objetivo era capturar o matar a líderes del narcotráfico, por lo que el Ejército y la Marina ocuparon el papel de la fuerza policial. Felipe Calderón sostenía que para desmantelar a los grupos criminales era necesario capturar a los líderes, sin considerar que las redes criminales tenían vínculos con políticos y con autoridades. Tampoco hubo interés en resolver los problemas estructurales como la corrupción.
Hay que enfatizar que antes de la llegada de los gobiernos panistas, durante largo tiempo, el narcotráfico estuvo vinculado al PRI. Con el cambio de poder, en 2000, encabezado por Vicente Fox (PAN), el crimen organizado tuvo una transformación: surgieron nuevos cárteles como Los Zetas y La Familia Michoacana, que además traficar drogas, secuestraban y extorsionaban. Asimismo el cártel de Sinaloa se fortaleció.
“Fue en este sexenio que Joaquín “El Chapo” Guzmán, escapó de prisión, y convirtió a su cartel en una poderosa organización del crimen organizado transnacional”, tal como afirma la investigación de Roberto Zepeda y Jonathan Rosen.
Al final del sexenio de Vicente Fox (2000-2006) la violencia generada por los cárteles del narcotráfico aumentó de manera exacerbada y durante el sexenio de Calderón se consolidó, por lo que este último recurrió a militarizar el país; para ello fue asistido por Estados Unidos. Ambos países implementaron el “Plan México”, que más tarde cambió su nombre a Iniciativa Mérida (IM).
Este plan fue firmado en 2007, entre George W. Bush y Calderón. En la Iniciativa Mérida, EUA se comprometió a financiar la modernización y equipamiento de las fuerzas militares y de la policía, con el objetivo de detener el flujo de cocaína hacia el norte, pero se presentaron varias dificultades: el narcotráfico había logrado una fuerte penetración en la policía local y federal y los cárteles de droga habían diversificado sus actividades criminales.