Daniel Plácido Arroyo y Gregorio Paz fueron detenidos en el año 2015, en Estado de México (Edomex). Ambos casos, si bien se dieron en distintos puntos, comparten características entre sí: fueron víctimas de tortura, detenidos de forma arbitraria e ilegal y fueron acusados con base en la fabricación de delitos. Ambos casos tienen quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM).
Sus familias, concentradas en la organización ciudadana Haz Valer mi libertad, han luchado desde entonces para lograr su libertad, ante un panorama de sentencias que van de 55 a 70 años. Esperan la aplicación de la Ley de Amnistía en el Estado de México, aunque están en una lista que no ha tenido avances a casi tres años de que entró en vigor.
Daniel: secuestro sin pruebas científicas
A Daniel se lo llevaron un jueves 5 de noviembre de 2015. Un grupo de hombres vestidos de negro con armas largas entraron por la fuerza a la casa de la familia Plácido, ubicada en San Pedro Totoltepec, una pequeña comunidad en Toluca, Estado de México.
En ese entonces, Daniel Plácido Arroyo tenía 26 años y dos hijos pequeños. Se dedicaba a trabajar en una empresa talachera, en la México-Toluca, a un lado del Río Lerma. Además ayudaba a su papá en un taller de herrería.
Su familia no tardó en salir a buscarlo. Fueron a delegaciones, ministerios públicos, acudieron a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, pero les decían que Daniel no estaba en lista de detenidos. Lo mismo en la Fiscalía Especializada de Secuestros, en Metepec.
En medio del desasosiego, su papá decidió buscar a su hijo en el penal de Almoloya, ubicado muy cerca de su domicilio. Ahí lo encontraron. Lady, hermana de Daniel, recuerda que el custodio que les dio informes les dijo que debían presentarse al otro día para conocer el delito que se le imputaba a su hermano.
En el lapso de tiempo que los ministeriales de Edomex retuvieron a Daniel, estuvo incomunicado y fue víctima de tortura física y psicológica, para obligarlo a inculparse.
“A Daniel le decían que se declarara culpable. Le decían que la víctima estaba ahí y quería que le pidiera perdón. Le dijeron: ‘o te declaras culpable o vamos a violar a tu esposa, no sabrás dónde quedará tu familia, los vamos a desaparecer’. Daniel se negó. Le quitaron su camisa y lo golpearon, cuando lo meten al baño a lavarse la cara, uno de los ministeriales le dijo ‘ahorita viene lo mejor. Con los toques todos hablan’”, recordó Lady en conversación con Once Noticias.
La familia Arroyo Plácido se enteró en la primera audiencia –que inició un día después de su detención– que a Daniel se le imputaba el delito de secuestro.
“Mi hermano no tenía la ropa con lo que se lo llevaron, tenía ropa vieja y estaba confundido, no escuchaba bien por los golpes, porque le metieron la punta de la pistola en ambos oídos hasta donde podían. Brincaron sobre él. Tenía contusiones en todo el cuerpo”.
Pese a la denuncia de tortura, la jueza decidió no atenderla. De acuerdo con el certificado médico, practicado por el médico legista del penal de Almoloya, Daniel tenía golpes y contusiones en su cuerpo.
Con las pruebas insuficientes y desechas el 30 de octubre, la juez Xochilt Martinez Correa libera la orden aprehensión en contra de Daniel Placido Arroyo
Luego de un par de años y de un proceso penal sin pruebas científicas que acreditaran la participación de Daniel en el hecho delictuoso, además de contradicciones por parte de la presunta víctima y de una acusación sustentada sólo por un “testigo singular”, Daniel Plácido Arroyo fue sentenciado, el 9 de octubre de 2017, a 70 años de prisión.
“Fue el señalamiento lo que se tomó como única prueba para inculparlo. ¿Cómo es posible que los jueces se digan jueces y avalen estas cosas tan malas? Esta es la historia de Daniel, pero también la historia de otras personas inocentes”, compartió Lady, en una llamada telefónica.
Lady relató que en una audiencia el abogado le preguntó al perito sobre las huellas o fluidos encontrados en el auto en donde presuntamente se cometió el delito. La respuesta no sólo fue sorpresiva sino indignante para la familia: el perito del MP no encontró huellas porque se “desvanecieron” debido a una lluvia que hubo.
“¿Cómo basas una sentencia de 70 años en un peritaje ofrecido por el MP y no existan pruebas científicas?”, cuestionó Lady, cuya molestia se expresaba en su voz al otro lado de la llamada.
Otro ejemplo fue en el reconocimiento de fotografía, dado que presentó anomalías. La foto de su hermano con respecto al resto de las personas sospechosas tenía diferencias, estaba enmarcada y dispuesta de forma distinta con respecto a los otros retratos.
Eso les llamó la atención, por lo que la defensa de Daniel debatió al perito Denis Díaz Lugo, quien dijo que así lo había puesto el MP, pero reconocía que eran detalles que sobresalían con respecto al resto de los retratos que manejaron las autoridades.
Gregorio: una fiesta que terminó en 55 años de sentencia
Gregorio Paz Rivas es originario del pueblo de Santa Bárbara Tlacatecpan, ubicado en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Fue detenido el 6 de diciembre de 2015, acusado del presunto delito de homicidio agravado de su vecino César “N”. Tenía 28 años y es padre de tres hijos.
Gregorio fue detenido de forma arbitraria dentro del domicilio de su cuñado por el Grupo Táctico de Cuautitlán de Romero Rubio. Luego estuvo incomunicado y desaparecido antes de ser presentado ante el Ministerio Público.
Ese diciembre es difícil olvidar para la familia Paz Rivas, porque un festejo se convirtió en una larga pesadilla. Y es que ese día la familia celebraba el bautizo y comunión de las hijas de Gregorio. Todo parecía que había terminado como una fiesta más.
La madrugada del 6 de diciembre, Gregorio escuchó discusiones afuera de su casa, unos presuntos ladrones fueron perseguidos por una persona, quien según lo que expresó Edith, era una persona ajena a la colonia y que nadie la conocía. César, su vecino, salió a interpelar al desconocido que perseguía a los presuntos ladrones. Luego de una discusión, esa persona disparó y asesinó a César “N” e hirió a su esposa. Gregorio, después de atestiguar aquella escena, se metió a su casa.
Al cabo de algunos minutos, llegaron más vecinos y el pueblo se aglomeró en la puerta de Gregorio, quienes buscaban hacer justicia por mano propia, con el argumento de que él había asesinado a César.
Gregorio se resguardó en casa de su cuñado y fue ahí cuando le avisaron a su hermana, a sus padres y al resto de su familia sobre lo ocurrido.
Posteriormente llegó el Grupo Táctico de Cuautitlán de Romero Rubio, encabezado por el agente del Ministerio Público, Octavio Mendoza, sin orden de aprehensión y se llevó a Gregorio quien fue torturado por dichos elementos, en las afueras del pueblo, y trasladado a diversos MP. De acuerdo con el resultado de la prueba del médico legista, Gregorio llegó con diversas lesiones.
Gregorio no sólo fue víctima de tortura, sino que también la prueba científica que avala su inocencia, de acuerdo con Edith, no fue considerada por la jueza Norma Angélica Delgado Chávez, bajo el argumento de que la prueba de rodisonato de sodio, que permite identificar la presencia de plomo y bario, salió negativa “porque Gregorio pudo haberse lavado las manos antes de ser presentado por las autoridades”.
Además, abundó en diversas irregularidades. En sus audiencias dos policías que pertenecen a Cuautitlán Izcalli, Juan Jorge y Paola, declararon que Gregorio había sido detenido por ellos cuando se quería dar a la fuga, aunque no hubo firma de la puesta a disposición de Gregorio.
“Se lo llevó el Grupo Táctico a las afueras del pueblo. Lo golpearon y le dijeron el nombre de la persona que lo había mandado, lo llevaban encapuchado, lo bajaron de la unidad y lo subieron a la patrulla de los policías Juan y Paola”, denuncia su hermana.
Asimismo, el caso también ha presentado violaciones al debido proceso dado que en una de las audiencias, en donde declararía la esposa de César “N” y sus hijos, uno de los declarantes llevaba un arma.
Edith y su familia levantaron un acta ante el MP, para denunciar ese hecho, pero se “perdió”, de acuerdo con lo que le dijeron las autoridades.
El día que se dictó sentencia, a la familia Paz Rivas no se le permitió el ingreso a la sala. La familia de César “N” amenazó con que Gregorio se quedaría el resto de su vida en la cárcel, tal como expresó Edith entre el llanto y el enojo, dado que pareciera que el sistema de justicia le ha dado razón a los demandantes y hasta ahora no han existido avances.
“Cuando salió el abogado nos dijo que mi hermano había sido sentenciado a 55 años por homicidio agravado y que no había podido hacer nada -¿Por qué si se presentó la prueba negativa de rodisonato?- Resulta que la metieron hasta el día 8 –se realizó el 7 de diciembre–, con el argumento de que no estaba lista, pero el mismo día que lo detuvieron se la hicieron”, reclamó
¿Y dónde está la justicia en Estado de México?
El caso de Gregorio y Daniel fueron denunciados ante la CODEHM, por las diversas violaciones a sus derechos humanos y al debido proceso, sin que hasta ahora haya respuesta, por lo que las familias acusan que ese organismo no ha brindado justicia a las víctimas del sistema penal.
El pasado 18 de febrero las familias de la Caravana mexiquense cerraron simbólicamente las instalaciones de CODEHM en diversos puntos del Estado de México.
Daniel y Gregorio están en una lista de espera de Amnistía, que empezó hace tres años. Fabiola Vite, directora del Centro de Derechos Humano Zeferino Ladrillero AC, señaló al respecto que en esa ley existe un embudo que no le ha permitido avanzar.
Y es que, aunque entró en vigor con la finalidad de que al aplicarse disminuyera la población privada de su libertad, todavía está lejos de alcanzar ese objetivo, dado que hasta ahora sólo se ha dado seguimiento, a nivel nacional, a dos mil 298 solicitudes, de acuerdo con datos estadísticos de la Comisión de Amnistía.
La Comisión señala que hasta, diciembre de 2022, sólo 292 casos han procedido y mil 256 han sido no procedentes a nivel nacional.
En Estado de México, el Poder Judicial informó que hasta abril de 2022 se habían concedido dos mil 384 amnistías; 134 fueron de mujeres. Hasta entonces habían recibido cuatro mil 832 solicitudes.
En 2016, un año después de que fueron detenidos Gregorio y Daniel, el Estado de México ocupaba el segundo lugar con el mayor número de personas privadas de la libertad en centros penitenciarios, con 25 mil 723 personas. El primer lugar lo ocupaba Ciudad de México con 30 mil 979.
La Ley de Amnistía, según explicó Fabiola Vite, contempla dos supuestos: por un lado, el trámite administrativo, lo que significa que las personas que cumplan con ciertos requisitos automáticamente será amnistiadas. Entre esos requisitos, por ejemplo, resalta que debieron cometer un delito menor –como robo sin violencia, sin uso de armas de fuego y sin haber causado daño a la víctima–.
“Son supuestos que van convirtiéndose en un embudo. Pero estos requisitos que solicitan no son el mayor número de personas por los delitos que están acusados. Son supuestos que van convirtiéndose en un embudo, porque no todos alcanzan a entrar en ese supuesto”, señala a Once Noticias.
El otro, es el que ejemplifican los casos de Gregorio y Daniel, así como más de 30 que han documentado en Haz Valer mi Libertad, dado que fueron víctimas de violaciones a sus derechos humanos y aunque sus denuncias llegaron ante CODEHM no han sido consideradas por el Poder Judicial.
“Ha sido todavía más cerrado ese embudo, porque si bien existen personas que tuvieron un pronunciamiento de la CODEHM, en un primer momento, han sido anulados e invalidados por parte del Poder Judicial, porque consideran que no es suficiente con el pronunciamiento que existió de manera previa”, compartió Fabiola Vite.
Agregó que entonces con esa invalidación se vuelve un embudo para aplicar la Amnistía.
De acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia de la entidad, hasta julio de 2022, había recibido 5 mil 193 solicitudes, de las cuales, 3 mil 51 habían sido presentadas por defensores legales, mil 927 por las personas imputadas, 143 por familiares y 72 por organizaciones de la sociedad civil y organismos públicos.
Asimismo, la abogada explicó que el hecho de que CODEHM no dé seguimiento y ya no se pronuncie por los casos tiene un impacto negativo en la aplicación de la Ley de Amnistía, aunque también el hecho de que la Comisión Legislativa esté ausente y no se haya pronunciado.
“Lo que queda es la Comisión de Derechos Humanos que ha sido quien se ha mostrado como quien está al menos revisando los temas. Van siete amnistías. De parte de la Comisión Legislativa no ha habido nada de información. Se convirtió en letra muerta esta ley por parte de esa comisión. En un primer momento, cuando se abrieron las solicitudes en el portal, aparecía que había un ánimo de revisar los asuntos, pero después de que se hundió la Comisión fue un silencio total”, denunció Fabiola Vite.
La abogada concluyó al enfatizar que el Estado de México tiene que replantearse el funcionamiento de su sistema de justicia penal, “porque está funcionando a costa de las personas injustamente presas, de las mujeres, de los pueblos indígenas, de las personas defensoras”, dijo.
Lady impulsa el movimiento Haz Valer mi Libertad y una lucha por la justicia hacia las mujeres y pueblos indígenas.
Los casos de su Daniel y Gregorio, así como el resto que ha documentado, afirmó Lady, responde a una criminalización a las personas de escasos recursos, en un contexto caracterizado por el cumplimiento de cuotas en detenciones. No obstante, sostiene que nada detendrá a su movimiento y que las cartas de su hermano la incentivan a no dejar su lucha, porque no es particular sino colectiva.