Fue el pasado 16 de agosto que se dio a conocer una noticia histórica para El Salvador: por primera vez la Corte Suprema de Justicia admitió una demanda interpuesta por ciudadanos descendientes de pueblos indígenas salvadoreños, acompañados por organizaciones civiles como Fundación para la Justicia y el Estado Democrático del Derecho, en contra de la Fiscalía General de la República por el etnocidio conocido como la Masacre de 1932.
Esta demanda fue interpuesta desde el 22 de junio de 2019 y se fundamentó en la jurisprudencia nacional, interamericana e internacional con respecto al derecho a la verdad: en la Constitución salvadoreña, en la Recomendación que hizo el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otros.
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Este evento tiene un significado relevante para la memoria y el camino a la justicia de los pueblos indígenas en aquel país, luego de que en el año 1932, bajo una política de opresión para abolir la identidad de los pueblos indígenas, se ejecutó una masacre.
Aunque el impacto de ese evento tiene repercusiones negativas aún en la actualidad.
Claudia Interiano, coordinadora del área de Justicia Transnacional de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático del Derecho, en entrevista desde El Salvador con Once Noticias contó que esta lucha que han acompañado es una de las que más han lastimado a su país, dadas las cifras de personas que fueron asesinadas y desaparecidas.
La represión dejó un saldo de 32 mil muertos, de acuerdo a datos del Ministerio de Educación, es decir 28.5% de la población total de la región. Los meses que le siguieron a la masacre se persiguió sistemáticamente a la población indígena de la región occidental del país.
Todos nacimos medio muertos en 1932
El poeta salvadoreño, Roque Dalton, expresa en uno de sus poemas más conocidos: “todos nacimos medio muertos en 1932 […] Ser salvadoreño es ser medio muerto eso que se mueve es la mitad de la vida que nos dejaron. Unámonos medio muertos […] unámonos contra los asesinos de todos contra los asesinos de los muertos y los mediomuertos”.
El poema titulado “Todos” expresa uno de los significados más dolidos que tuvo el etnocidio de ese 1932. Y es que para contextualizar este evento basta recordar que en ese año, en el departamento de Sonsonate –región de los Izalcos, en el occidente del país– tuvo lugar un levantamiento campesino compuesto principalmente por personas indígenas que buscaban autonomía en sus comunidades, pero también buscaban levantarse en contra de la explotación que padecían por parte de hacendados cafetaleros.
En aquel entonces, cuenta la historia mundial, la crisis de 1929 asoló Centroamérica, ya que los precios del café cayeron por los suelos y la región dependía por completo del mercado estadounidense, por lo que su economía se vio fuertemente impactada en desempleo y pésimas condiciones de vida para quienes habitaban en el campo.
El levantamiento se dio como una acumulación de sucesos que respondió al contexto también de la dictadura del general Maximiliano Hernández Martínez y ocurrió el 22 de enero de 1932. Las fuentes históricas señalan que el levantamiento tuvo por objetivo terminar con la dictadura.
La rebelión estuvo liderada por Feliciano Ama y Agustín Farabundo Martí. Este último fue asesinado unos días más tarde, el 1 de febrero, tras haberse responsabilizado por la rebelión. El levantamiento fue seriamente reprimido y dirigentes fueron capturados y fusilados.
Pertenecer, reconocerse y adscribirse a grupos indígenas era motivo de sospecha para el gobierno, por lo que las personas se vieron obligadas a abandonar sus lenguas, vestimentas o costumbres.
El impacto que tuvo este suceso prevalece hasta nuestros días: una de las características de aquel país es la marginación, negación e invisibilización hacia los pueblos indígenas. Un dato a recalcar es que no fue sino hasta el año 2014, que el Estado reconoció en su constitución que existían sus pueblos indígenas.
En la actualidad, los principales grupos indígenas de El Salvador son Náhuat/Pipiles, Lencas y Cacaopera.
“En 1932 se discriminó a la población indígena: se atentó contra su vida, su dignidad y su identidad cultural. La matanza de 1932 es la marca de una política de opresión”, dijo la abogada a Once Noticias.
La abogada, quien lleva la representación de las familias, explicó que las personas asesinadas fueron enterradas en fosas comunes:
“Los testimonios relatan que las personas tuvieron que cavar su propia fosa. Conocimos nietos de sobrevivientes de esa masacre. Esas abuelas y abuelos ya fallecieron, pero quedan nietos y nietas quienes nos cuentan esas historias”, afirmó.
Fue bajo esa consideración que decidieron interponer un amparo ante la omisión de investigación por parte de las autoridades por la masacre y desaparición de las personas.
Fue así que en principio la demanda se interpuso bajo una figura jurídica para buscar a personas desaparecidas, “porque no se sabe qué pasó con determinadas personas, sin embargo, la Corte luego de un año nos contestó y nos dijo que la demanda no se iba a tramitar bajo esa figura jurídica sino como un amparo constitucional por el derecho a las víctimas y el derechos a la verdad, es lo que estamos invocando”, enfatizó la abogada.
Es así que la notificación del 16 de agosto de este año es histórica y muy importante, dado que la emisión del amparo es por el genocidio y desapariciones de personas indígenas en 1932, además de la desaparición de parientes del señor Pedro Rodríguez, que es uno de los demandantes.
En la demanda solicitaron la responsabilidad de varias autoridades, como los militares, pero sólo procedió contra la Fiscalía, por lo que tiene orden de contestar si es cierto o no que omitió una investigación por los hechos ocurridos.
La abogada relató que esperará la respuesta de la Fiscalía –aunque se ha retrasado– para que luego se les notifique, y esperarán una nueva resolución que ordene una investigación por estos hechos.
Por el derecho a la verdad, la justicia, la memoria
El etnocidio que se perpetró en ese año responde, en gran medida, a los intentos del estado por negar e invisibilizar a la diferencia y diversidad de pueblos. En América Latina estos intentos datan y se precisan desde la llegada de españoles a estas tierras.
En el siglo XIX, en el Salvador, había ocurrido una sublevación contra el gobierno y la sobrexplotación en plantaciones de añil, contra el despojo de las tierras, reclutamiento forzoso y la imposición de nuevos tributos, tal como señala la antropóloga Mariella Hernández Moncada.
Esta rebelión fue dirigida por Nonualco Anastasio Aquino quien fue ejecutado y hubo una intensa represión contra la población indígena.
La abogada salvadoreña compartió que la verdad, la justicia y la memoria son fundamentales para la vida digna, no sólo de las personas salvadoreñas o quienes fueron víctimas, familiares y sobrevivientes sino también para la sociedad en su conjunto:
“el derecho a la verdad nos pertenece a todos y todas. El derecho a escribir la historia, a saber por qué sucedieron estos hechos y quiénes los cometieron, para efecto de que no nos vuelva a ocurrir. Son actos de reparación para reescribir la historia”.
Es así que esperan una sentencia definitiva en la que se ordene la investigación de todos los hechos de 1932:
“Que se escuchen a las poblaciones originarias en nuestro país. Nuestros pueblos están sucumbidos en la pobreza extrema, precisamente por hechos revictimizantes que sufrieron sus abuelos, cuando les quitaron propiedades y eran esclavizados por terratenientes. Deben restituirse sus derechos y atraer la identidad cultural que se ha perdido con el tiempo, porque se ha naturalizado la discriminación contra los pueblos indígenas. Es así que esperan que esta lucha ayude a materializar en las comunidades. Este es un paso, el amparo es una herramienta jurídica importantes, es parte de un gran camino”, concluyó la abogada.