En 30 entidades federativas la figura judicial “Peligro de Contagio” está en vigor y se usa en contra de las personas con VIH, no obstante, contraviene a los derechos humanos, y no sólo es un tema de salud sino también de políticas públicas.
Tiene impactos negativos dado que se criminaliza a las personas, por lo que la Red Mexicana de Organizaciones en Contra de la Criminalización del VIH urge a que se legisle para prevenir y erradicar este fenómeno, además de que se cambien los códigos penales locales y federal.
Y es que la figura judicial (‘peligro de contagio’) está presente no de forma explícita, sino de diferentes maneras:
“en ciertas entidades no se menciona explícitamente que la sanción deriva de la posibilidad de transmisión de una infección sexual. Se habla, en otro sentido, de enfermedades ‘crónicas’, ‘incurables’ o ‘contagiosas’, sin especificar cuáles podrían ser ni dar criterios para considerarlas como tales. En la mayoría de los casos es ambigua la ley, debido a que el peligro de contagio no significa que ocurra necesariamente la transmisión de una enfermedad”, de acuerdo al Informe colectivo La legislación mexicana en materia de VIH y sida. Su impacto en las personas viviendo con VIH.
Algunos datos en los códigos
Leonardo Bastida Aguilar, periodista de Letra S, señaló en el Foro “Cambiando las leyes: avances y retos en la NO criminalización del VIH”, que se llevó a cabo en las instalaciones del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de Ciudad de México (Copred), que en dos códigos penales (Coahuila y Tamaulipas) se precisa el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y se realizan procesos judiciales a las personas que lo transmitan, sin embargo, resaltó que de acuerdo a la evidencia científica no es transmisible. El informe señala que Guerrero también lo menciona.
De acuerdo con el Informe en 10 estados el delito de peligro de contagio es penalizado directamente por la existencia de una infección de transmisión sexual (enfermedad o mal venéreo) y tenga una conducta susceptible de considerarse “peligrosa” para otras personas, entre ellos esta Baja California, Oaxaca, Sonora y Puebla.
Además, en 17 estados, las sanciones penales impuestas a una persona, por la presunta transmisión a otra de una enfermedad, pueden agravarse con varios años de cárcel, al considerarse que el mal de salud es incurable.
A nivel Federal, el Código establece el delito de contagio y lo sanciona para quien tenga una “enfermedad venérea” y pueda transmitirla por el acto sexual. Asimismo la normativa lo equipara con lesiones calificadas con premeditación, según lo expuesto en el documento.
Ante esto, Bastida Aguilar compartió que en Baja California Sur, Guerrero y Tamaulipas las personas que viven con VIH no pueden contraer matrimonio.
En Jalisco si las personas contrayentes saben de alguna enfermedad y lo consienten pueden casarse. No así en 7 entidades, en la que la legislación civil determina que si una de las dos personas padece de “sífilis” no podrá contraer matrimonio
En el caso de Ciudad de México resalta que el código criminaliza a las personas que tienen VIH, por lo que urgen a legislar en el tema. Ante ello, Patricia Ponce Jiménez, coordinadora y fundadora de la Red, dijo que hay una iniciativa en CDMX para derogar el Artículo 159 de su código penal.
Además en su Código Civil se establece que no hay requisitos médicos para contraer matrimonio. “Sin embargo, establece como uno de los motivos para la anulación matrimonial, o solicitar la suspensión de la obligación de cohabitar con su cónyuge, el hecho de que una de las personas integrantes de la pareja padezca una enfermedad crónica e incurable”.
Aunque cuenta con la Ley para la Atención y Prevención del VIH/Sida, cuyo objetivo es establecer los principios y criterios que orienten las políticas públicas en materia de prevención y atención integral del VIH/Sida y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).
El impacto y los pendientes
Las y los ponentes coincidieron en que existe un pendiente legislativo en el territorio mexicano para combatir y erradicar la criminalización hacia las personas que viven con VIH, porque, señalaron, existe no sólo evidencia científica sino que es parte de los acuerdos y reconocimiento de los derechos humanos.
Con respecto al informe, Gonzalo Aburto, integrante de la organización Cero Project, reconoció que es la primera vez que se realiza un informe de esta magnitud, “este documento es único, no hay en América Latina y el Caribe, […] es el primera vez que se hace un trabajo de esta naturaleza”, expresó. Sumó al diálogo que en Estados Unidos la criminalización por VIH prevalece hacia personas negras, por lo que señaló que se precisa una mirada interseccional del fenómeno.
También la senadora suplente afromexicana, Maria Celeste Sánchez, aplaudió esta lucha y dijo que existe el pendiente por parte de los Congresos para proteger a las personas y luchar contra la estigmatización.
Geraldine González de la Vega, presidenta de COPRED, compartió que COPRED ha recibido, aproximadamente, desde 2016 a 2022, entre 15 y 20 denuncias anuales de personas que viven con VIH y que han sido discriminadas. 80% y 90% tiene que ver con derecho al trabajo, la justicia y la salud:
“todavía el discurso criminalizador, de estereotipos […] ponen en acción estos prejuicios y los empleadores, a través de análisis ilegales, piden a las personas conocer su estado serológico. Es ilegal y discriminatorio”, enfatizó.
Además externó que se fomenta una narrativa de violencia y discriminación, que está prohibido y reconocido constitucionalmente, por lo que es contrario al principio de dignidad.
“Urge que el Congreso local [CDMX] derogue este tipo penal, no podemos continuar utilizando el ámbito penal para controlar la salud, […] se necesita atender políticas y medidas positivas para difundir información para […] que las personas conozcamos nuestro estado de salud y acceder a tratamiento adecuados para tener una vida plena”, señaló.
En el mismo tenor Bastida Aguilar dijo que han documentado el impacto de esta realidad desde 2000 hasta 2016 y que la criminalización se expresa en los casos de personas que han sido encarceladas. Uno de los estados que más procesos judiciales tuvo fue Veracruz (15).
No obstante, en la actualidad, es uno de los estados que cuenta con una ley estatal para prevenir y eliminar la discriminación y la prohíbe por condiciones de salud y otros motivos. Además ratifica los derechos constitucionales y tratados internacionales.
Sólo en 14 estados se considera discriminatorio la aplicación forzosa de pruebas de VIH y que en el tema de derechos humanos aún hay un gran pendiente, ya que sólo en Ciudad de México, hay una abrogación; en Veracruz, está en revisión; en Oaxaca fue aprobada en 2021, y en Quintana Roo, también fue aprobada recientemente.
Bastida así como el resto de panelistas coincidieron en que se necesita vinculación con otras instituciones, activistas, también con autoridades, pero consideran importante que este material –publicado a finales del año pasado– llegue a las personas que hagan cabildeo en sus propias entidades y desde ahí realizar el trabajo de incidencia.
Es así que con este informe colectivo, realizado por la Red que aglomera a más de 30 organizaciones de la sociedad civil, emiten un posicionamiento que enfatiza entre otras cosas que:
“La prevención, atención integral y el control del VIH es una facultad exclusiva de las autoridades en materia de salud”.
También que la figura penal de “riesgo o peligro de contagio del VIH” o análogas que aparecen en las legislaciones vulneran los derechos humanos de las personas porque promueven miedo, estigma y discriminación y fortalecen la idea de que las personas con VIH o SIDA son criminales, peligrosas e inmorales.
Recuerdan también que para erridacar el VIH –que además es uno de los Objetivos del Desarrollo Sostenible– se requieren acciones dirigidas a diagnosticar y garantizar la atención integral y el apego al tratamiento en entornos sociales libres de estigma y discriminación.
Y que privar de la libertad a las personas por su condición de salud atenta en contra de su derecho a la igualdad jurídica, el derecho a la no discriminación, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la protección de la salud y el derecho a la atención médica de calidad, oportuna, segura y eficaz, entre otros puntos.
La Red Mexicana de Organizaciones en Contra de la Criminalización del VIH entregó el informe a la presidenta del Copred, Geraldine González de la Vega.