Dar la mano de una niña de siete años para matrimoniarla a cambio de 50, 100, 150 o hasta 200 mil pesos parece ser la cotidianidad en las montañas de Guerrero. El
precio varía según las habilidades de la muchacha; si sabe cocinar, lavar, planchar; por su belleza y hasta por su virginidad, entre más jóvenes, más caras.
Hablamos de un estado de la República donde 23.7% de sus habitantes viven en rezago educativo; 13.8% carece de servicios de salud; 75.6% carecía en 2018 de acceso a la seguridad social; 58% vive en carencia por acceso a los servicios en la vivienda, mientras que 27.8% vivía en condiciones de carencia de acceso a la alimentación, según datos de
mexicosocial.org.
Vender a una pequeña o matrimoniarla a la fuerza es una práctica que se ha vuelto dolosamente cotidiana en nuestro país. Este escenario se justifica anteponiendo los usos y costumbres de una región.
De acuerdo con la organización civil
Yo quiero Yo puedo, cuatro de cada 10 niñas son vendidas para casarse con adultos en al menos 66 comunidades del ayuntamiento de Metlatónoc.
Algunas de esas comunidades son:
Yuvinani, Valle de Durazno, Cochoapa el Grande, Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca y Juquila.
La organización realiza trabajo comunitario que incluye talleres, a fin de aniquilar esta práctica. Es, a través del noble trabajo de mujeres de comunidades, organizaciones sociales y autoridades del estado, que se ha tratado de concientizar a estas personas.
Y que, de alguna forma,
entiendan que su integridad y sexualidad no está en venta. Aunque todo tiene sus obstáculos y lado poco optimista. A muchas muchachitas no les interesa salir de ese “bache”. Y de los adultos, ¿qué decir?, varios no desean que esta “costumbre” desaparezca, así lo dio a conocer una mujer que prefirió el anonimato y es habitante de la sierra de Guerrero.
“Es complicado que las personas involucradas vayan así como así a los talleres para tratar de ayudarlos a cambiar esa mentalidad. Hay personas que por su condición de humildad y hasta por el simple miedo, no quieren acudir. En pocas palabras no están interesados en esos talleres. Ellas, aunque parezca extraño, creían que ese hecho de venderlas o casarlas a la fuerza no estaba mal. De hecho una chica llegó a decir que esa era parte de la obligación que tenía por ser mujer”, explica Bertha Gómez, quien fue parte de la organización Yo quiero Yo puedo.
¿Y cómo fue que finalmente acudieron? Porque de alguna manera al condicionarlas de no poder recibir apoyos gubernamentales, fue que se vieron obligados a ir. De cualquier forma Prospera desapareció, pero ese cáncer no.
¿Se hace algo al respecto?
Alejandro, abogado de profesión y quien se desempeña en una Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales de Ciudad de México, opina que lamentablemente ve muy lejos que la propia autoridad ejerza algún tipo de sanción o delito que pueda ayudar a terminar con esta práctica.
“Efectivamente, son y serán siempre las asociaciones y organizaciones quienes promoverán que esta práctica sea vista desde un punto delictivo y no como costumbre; son esas asociaciones quienes con su esfuerzo y trabajo transformarán las propias relaciones entre los pueblos indígenas y hasta entre quienes no lo son, pero se prestan a lastimar a las niñas de esta manera. Pero desde la parte federal, le aseguro que no hay prioridad por esta situación, no es tema de urgencia para la máxima autoridad. Tampoco crea que para las estatales o municipios”, comenta Alejandro.
Sea como sea, los acuerdos o negocios por sus hijos aún niños siguen entre familias guerrerenses. El dinero a veces no es problema porque se obtiene de las remesas que llegan de Estados Unidos.
Hace una semana, por ejemplo, se dio la lamentable noticia de dos niños que habían estado detenidos en la comisaría de su pueblo porque se negaban a casarse. Al parecer el gran dilema también fue el dinero porque por 200 mil pesos una niña había sido vendida y al escaparse, hirió “la honorabilidad de su familia” y, para colmo, el dinero pagado ya no existía para devolverlo a los “ofendidos”.
Otra asociación de derechos humanos que labra con ahínco en la montaña de Guerrero es
Tlachinollan, que conoce y defiende los
valores culturales, morales y espirituales de esos pueblos que hieren a sus niñas. Y a pesar de esa labor, la venta continúa.
Ni el Gobierno puede con el caso
Esta situación se ha salido de las propias manos de las autoridades. Tal es el caso de
Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, quien al enterarse de la
situación que permea en su territorio, ha declarado que, “estamos totalmente en contra de la venta de niñas, esta es una práctica que se debe erradicar de raíz”.
Por ese motivo, la mandataria estatal pedirá ayuda a la misma Organización de las Naciones Unidas (ONU).
