El pasado 18 de julio se llevó a cabo la audiencia para el cese de la prisión preventiva para Verónica Razo, detenida desde hace casi 12 años por el supuesto delito de secuestro, sin embargo, el caso presenta diversas vejaciones a los derechos humanos de los hermanos Razo Casales. En el caso particular de Verónica, fue víctima de tortura física, psicológica y sexual, por parte de elementos de la extinta Policía Federal.
Sin embargo, el titular del IFDP, Netzaí Sandoval, comunicó a través de sus redes sociales que el Juez Octavo de Distrito en Estado de México, con residencia en Naucalpan, negó el cambio de medida cautelar, por lo que Verónica Razo seguirá en prisión preventiva oficiosa.
El argumento es que no tenía comprobantes de domicilio recientes, por lo que Sandoval señaló que el juez no consideró que desde hace un año los comprobantes fueron exhibidos.
Además subrayó que el Juez no consideró algunas pruebas como la decisión del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU que emitió recomendación sobre la detención arbitraria de la que fue víctima, además de que Verónica es sobreviviente de tortura.
Lamento informar que el Juez Octavo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, nos negó el cambio de medida cautelar. Verónica Razo seguirá más tiempo en prisión preventiva oficiosa. Se argumentó que no tenía comprobantes de domicilio recientes. pic.twitter.com/0FFweDB7p6
— Netzaí Sandoval (@Netzai_Sandoval) July 19, 2022
Hermanos Razo Casales y su detención arbitraria
Verónica y Erick Razo Casales fueron detenidos de forma arbitraria hace poco más de 11 años. Erick fue absuelto, pero Verónica continúa privada de su libertad, en el Cefereso número 16, en Morelos, con una sentencia de 25 años, acusada por presunta delincuencia organizada.
Pero el caso de Verónica responde no sólo a irregularidades en su proceso judicial, sino también a un contexto de vejaciones a los derechos humanos, en donde ella fue víctima de tortura psicológica, física y sexual, por lo que el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización De las Naciones Unidas (ONU) emitió la recomendación 14/2021, sobre el caso.
Moisés Terán, defensa legal de Verónica e integrante de la Unidad de Litigio Estratégico en el Area de Derechos Humanos del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), en entrevista con Once Noticias señaló que el caso de Razo es paradigmático dadas las violaciones a sus derechos que van desde la detención arbitraria hasta una prisión preventiva que duró 11 años.
Las vejaciones como detrimento de los derechos de Verónica
Fue el 8 de junio de 2011 cuando Verónica caminaba por las calles de Ciudad de México, cerca de su casa, en compañía de su madre y de sus hijos (que por entonces eran bebés), cuando fue detenida de forma arbitraria. De un auto particular se bajaron unos hombres vestidos de civil, para interceptar a Verónica y apuntarle con armas en su cabeza. La obligaron a tirarse al piso, la esposaron, la golpearon y la subieron al auto.
Su hermano Erick fue detenido el mismo día, luego de cargar gasolina en Canal de Apatlaco. Fue interceptado por varios autos, de los cuales descendieron hombres vestidos de civil, apuntándole con armas. Fue obligado a bajar de su auto, lo esposaron y lo subieron a otro vehículo.
Ambas detenciones fueron ejecutadas por miembros de la Coordinación de Investigación de Campo de la extinta Policía Federal. Las autoridades no tenían una orden de investigación o de aprehensión; tampoco informaron las razones de la detención ni los cargos de los que presuntamente se les acusaba.
La madre de ambos, aterrada, confundida y desesperada, llamó a Locatel para denunciar el secuestro de sus hijos.
Tras las detenciones, los hermanos Razo Casales fueron separados y trasladados a las instalaciones de la Policía Federal, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Durante el trayecto las autoridades torturaron física y psicológica a Verónica. También fue víctima de abuso sexual por los agentes.
El 9 de junio de 2011, la familia Razo Casales, al no conocer el paradero de los hermanos, interpusieron una denuncia por secuestro. En consecuencia, la Secretaría de Desarrollo Social, a través de los oficios SDS/OIP/552/2011 y DG/134/2011 los reportó como desaparecidos y no como detenidos, pese a que llevaban más de 24 horas en la estación policial.
Asimismo estuvieron incomunicados por más de 20 horas, no tuvieron acompañamiento jurídico y fueron presentados, ante medios de comunicación, junto a nueve personas como presuntos integrantes de una banda del crimen organizado.
Moisés Terán explica a Once Noticias que es importante considerar algunas cuestiones en el caso de Verónica y de Erick. Relata que sobresale el contexto que se vivía en el país, bajo el gobierno de Felipe Calderón, ya que las detenciones arbitrarias y la exposición a medios de comunicación, para exponer los logros del gobierno en la guerra contra el narco, estaban a la orden del día.
El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU señala al respecto que el modus operandi de las detenciones arbitrarias no son hechos aislados, sino que constituyen actuaciones deliberadas y sistemáticas que quedan impunes en nuestro país.
Además se acompañan de diversas violaciones a los derechos humanos como la tortura y otros malos tratos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
Moisés Terán explica que luego de las violaciones que padeció Verónica y Erick (también fue torturado y ambos obligados a reconocer el supuesto delito de secuestro) fueron puestos a disposición del MP, quien los arraigó durante meses, para luego iniciar un proceso, aunque gracias a las pruebas Erick fue puesto en libertad.
Terán señala que en el expediente las autoridades dijeron que Verónica, su hermano y el resto de las nueve personas (que fueron detenidas en diversos momentos) fueron parte de un operativo, pero eso no existió.
“El operativo nunca existió. La inventaron los policías que intervinieron, pero se presentaron testigos y documentos. No hay oficios, hay contradicciones entre los policías. Ya existen personas procesadas por los hechos que se cometieron en contra de Verónica”, señaló la defensa legal.
Negar la libertad
Terán denunció que en mayo de 2022, el juez absolvió a Verónica por los delitos de delincuencia organizada y por el secuestro de tres personas, sin embargo, la halló responsable de secuestro, por lo que se le impuso una sentencia de 25 años, pero sólo consideró un elemento.
Y es que la supuesta víctima identificó a Verónica cuando estaba parada detrás del vidrio, conocido como la Cámara de Hesel, pero Razo no estaba acompañada de su defensa legal ni de algún familiar. “Es lo único que tiene a Verónica, privada de su libertad”, dijo el abogado.
Además en el caso tampoco se ha aplicado la ley conforme a la perspectiva de género y se suma que no se consideró la acreditación que se hizo del Protocolo de Estambul, para determinar que Verónica es sobreviviente de tortura, así como tampoco la recomendación que hizo el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitarria de la ONU sobre el caso.
Sumado a este panorama de vejaciones Verónica fue llevada a Mexicali, Baja California, luego fue trasladada a Durango y a otros centros penitenciarios.
“La ley establece que las personas tienen derecho a ser juzgadas o cumplir sus penas en los lugares más cercanos a sus domicilios. Su familia está en Ciudad de México. Desde hace unos años está en el Cefereso 16 de Morelos”, sentencia el abogado al medio.
El 18 de julio la familia de Verónica guardaba la esperanza para que el Juez cambiara la medida cautelar, y Verónica recuperara su libertad.
Sin embargo, el Juez Octavo de Distrito en Estado de México, con residencia en Naucalpan, negó el cambio de medida cautelar, por lo que Verónica Razo continuará en prisión preventiva oficiosa.
En julio de 2021, la defensa de Verónica solicitó modificar la medida cautelar para que lleve su proceso en libertad.
Al respecto el abogado explicó que en ese momento el juez la rechazó con el argumento de que existían criterios por parte de Tribunales Colegiados que establecían que no se podía modificar la prisión preventiva por el tipo de delito (delincuencia organizada), sin embargo, el IFDF obtuvo el amparo en revisión 315-2001, en el que la Corte estableció que se puede modificar la prision preventiva dado que se ha excedido el plazo de dos años que establece la Constitución
Previo a la audiencia del 18 de julio, Terán guardaba la esperanza para que el Juez siguiera los principios que marcó el Tribunal Unitario, sin embargo dijo que interpondrán recursos y se inconformaran ante la negativa del juez:
“El Tribunal Unitario marcó principios para que se lleve el juicio de forma oral, se desahoguen pruebas y se dicte resolución. Es importante que el juez tome estos argumentos. […] interpondremos recursos y nos inconformaremos ante dicha determinación”, concluyó el abogado del caso.