Rumbo a las elecciones 2021

¿De qué se les acusa a los candidatos a la gubernatura de Nuevo León?

De acuerdo con las carpetas de investigación anunciadas por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) y las denuncias ciudadanas que dice tener, el candidato a la gubernatura de Nuevo León por la alianza PRI-PRD, Adrián “D”, podría alcanzar una pena máxima de 9 años de prisión y el de Movimiento Ciudadano, Samuel “G”, hasta 15 años.

 

La Fiscalía General de la República informó que con base al “gran número de denuncias que le fueron llevadas por la FEDE”, el abanderado de la alianza PRI-PRD, es probable responsable de los delitos de compra y coacción del voto por solicitar el sufragio femenino a su favor, a cambio de la entrega de una denominada “tarjeta rosa”, que permite obtener dinero, una vez que dicho candidato gane las elecciones.

 

De acuerdo con el Artículo 19 de la Constitución: “el Juez de Control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de…Uso de programas sociales con fines electorales…”.

 

Y en el Artículo 167 del Código Penal, también citado por la FGR y la FEDE, se establecen multas de 500 y mil días, con prisión de 4 a 9 años, para quienes, durante el proceso electoral, usen o permitan el uso de los recursos públicos, bienes o fondos, relacionados con programas sociales, a fin de incidir en el electorado.

 

En el caso de Adrián “D”, la FGR enfatiza que, con base a las reformas vigentes, se tienen los antecedentes de acciones continuas del uso de programas sociales, tarjetas y monederos electrónicos, para la compra y coacción del voto, en elecciones federales y locales recientes, que ya están integradas en la indagatoria contra el candidato priista.

 

El Artículo 15 de la Ley de Delitos Electorales establece que se impondrá multa de mil a 5 mil días, de cinco a quince años de prisión al que realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito.

 

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