El Congreso del Estado de Chiapas aprobó la Ley de Interrupción Legal del Embarazo de Niñas y Adolescentes, con el propósito de regular y garantizar el acceso a este procedimiento en instituciones del Sistema Estatal de Salud en casos de violación, además de establecer la obligación de notificar a las autoridades competentes sobre los hechos, de acuerdo con el Artículo 1 del nuevo ordenamiento.
El dictamen fue aprobado con 31 votos a favor, dos en contra, dos abstenciones y cinco ausencias, durante una sesión presidida por la diputada Alejandra Gómez Mendoza.
La norma establece que la decisión de interrumpir un embarazo debe ser libre, informada y respetuosa de la dignidad humana, con base en principios de no criminalización y perspectiva de género.
#BOLETÍN || Aprueba Congreso Ley de Interrupción Legal del Embarazo de Niñas y Adolescentes en el Estado de Chiapas.
— Honorable Congreso del Estado de Chiapas (@congresoChis) October 29, 2025
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Debate legislativo previo
Antes de la votación, diversas bancadas expresaron posturas divergentes. Algunas legisladoras y legisladores consideraron que la nueva ley duplica normas ya existentes, mientras que otros defendieron su aprobación al destacar que fortalece los derechos sexuales y reproductivos de niñas y adolescentes en el estado.
Contexto de salud pública
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Chiapas ocupa el segundo lugar nacional en tasas de embarazo adolescente, con 78.6 nacimientos por cada 100 mil mujeres de entre 15 y 19 años.
Además, en la entidad se registra al menos un embarazo infantil cada día, según cifras oficiales.
Desde noviembre de 2024, Chiapas ya había aprobado la despenalización del aborto hasta las 12.6 semanas de gestación. Con la nueva ley, se hace énfasis en la atención médica gratuita, sin discriminación, y en la investigación de los delitos de violación vinculados con los casos.
Próximos pasos
La Secretaría de Salud de Chiapas deberá emitir el Reglamento de la Ley de Interrupción Legal del Embarazo en Niñas y Adolescentes dentro de un plazo de 180 días hábiles posteriores a la entrada en vigor del decreto, a fin de garantizar su correcta aplicación en el sistema estatal de salud.