La política de “esterilización forzada” en Perú durante la década de 1990 constituyó violencia y discriminación por razones de género, especialmente contra mujeres indígenas y de bajos recursos, según indicó un comité de la ONU.
La esterilización forzada formó parte de un programa de planificación familiar implementado por el expresidente de Perú, Alberto Fujimori, durante los últimos cuatro años de su mandato, que terminó en el año 2000, después de una década en el poder.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas señaló que cientos de miles de personas, en su mayoría mujeres, se vieron afectadas y advirtió que “la esterilización forzada de forma generalizada o sistemática podría constituir un crimen de lesa humanidad“.
El comité de 23 miembros revisó una demanda conjunta presentada por cinco víctimas que fueron esterilizadas forzadamente entre 1996 y 1997.
“Las víctimas afirmaron que las esterilizaciones forzadas tuvieron consecuencias graves y permanentes para su salud física y mental”, señaló en un comunicado.
Las mujeres, que llevaron su caso ante el comité en 2020, describieron “un patrón consistente de coerción, presión o engaño para someterse a las esterilizaciones en clínicas sin infraestructura adecuada ni personal capacitado”, explicó Leticia Bonifaz, miembro del comité, en el comunicado.
“Los procedimientos se realizaron sin el consentimiento informado de estas víctimas. Algunas de ellas no sabían leer ni hablar español o no comprendían la naturaleza del procedimiento”, detalló.
Ataque sistemático y generalizado
El comité describió el caso de una víctima del pueblo de Pichgas, en el departamento de Huánuco, quien relató haber sido interceptada en la calle por trabajadores de salud en octubre de 1996.
La mujer, que afirmó ser analfabeta y no haber firmado nada, dijo que fue sedada y que, al despertar, las enfermeras le dijeron: “Ya no tendrás hijos, te hemos curado“, según el comunicado.
“Sentía fuertes dolores en el abdomen, pero fue dada de alta de inmediato y tuvo que caminar de regreso a casa sin cuidados postoperatorios. Cuando su esposo se enteró de que había sido esterilizada, la abandonó”, se indicó en el comunicado.
El comité determinó que el programa constituía “violencia basada en el género contra las mujeres“.
Aunque Perú argumentó que el programa de esterilización era parte de una política de salud reproductiva más amplia, que incluía procedimientos tanto para hombres como para mujeres, los expertos destacaron que solo 25 mil hombres fueron esterilizados forzosamente, en comparación con más de 300 mil mujeres.
El comité determinó que “la esterilización forzada fue una forma de violencia basada en el sexo contra las mujeres, dado que las esterilizaciones masculinas y femeninas difieren sustancialmente en la naturaleza de la intervención y los riesgos quirúrgicos asociados”.
También señaló que las víctimas fueron esterilizadas por personal médico no especializado y en condiciones sanitarias inadecuadas.
El comité, que emite opiniones y recomendaciones sin carácter vinculante pero con peso reputacional, concluyó que el programa representó “discriminación interseccional”.
“Las esterilizaciones forzadas se llevaron a cabo como parte de un ataque sistemático y generalizado contra mujeres rurales e indígenas”, añadió Bonifaz.
Los expertos denunciaron la falta de investigación adecuada por parte de Perú sobre estas violaciones y la falta de compensación a las víctimas de esterilización forzada, e instaron al país a rectificar esta situación e implementar un “programa de reparación integral para las víctimas”.