La reversión del derecho al aborto determinada por la Corte Suprema de Estados Unidos, está poniendo en disyuntiva al personal de salud, repercutiendo en tratamientos y atención médica, advierten especialistas.
Incluso en casos de emergencia, el personal de salud está rechazando el tratamiento inmediato, como ocurrió ya en una clínica de abortos de Ohio, que recibió llamadas de dos mujeres con embarazos ectópicos (cuando un embrión crece fuera del útero y no se puede salvar), las mujeres acudieron a esa instancia tras declarar que sus médicos no las quisieron atender.
“Tanto para los médicos como para los pacientes, este es un momento aterrador y tenso, con nuevas preocupaciones sin precedentes sobre la privacidad de los datos, el acceso a la anticoncepción e incluso cuándo comenzar la atención para salvar vidas”, mencionó Jack Resneck, presidente de la Asociación Médica Estadounidense.
Mientras tanto, Texas demandó al Gobierno del demócrata Joe Biden después de que el presidente estadounidense afirmara que la ley federal se antepone a ley de los estados cuando se trata de realizar abortos para salvar vidas.
La demanda, presentada por el fiscal general del estado de Texas, Ken Paxton, es otro de los capítulos del frenesí legal que vive Estados Unidos después de que la Corte Suprema dictaminara el mes pasado que los estados pueden prohibir o restringir el aborto.
Tras la decisión del máximo tribunal del país, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) estadounidense sostuvo que la ley federal protege a los empleados de la salud que realizan “servicios de aborto para salvar la vida o la salud en situaciones de emergencia”.
“Cuando una ley estatal prohíbe el aborto y no incluye una excepción para la vida y la salud de la persona embarazada, esa ley estatal es reemplazada”, dijo el secretario del HHS, Xavier Becerra, en una carta dirigida a los prestadores de servicios de salud.
Paxton presentó una demanda contra el HHS por considerar que la aplicación de la Ley federal de Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo de Parto Activo (conocida como EMTALA) obligaría a los hospitales a realizar abortos.