A 43 años de la aparición del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), el estigma y la criminalización hacia las personas que viven con él, o con Sida (fase más avanzada del virus) continúan siendo la mayor pandemia.
En el marco del 1 de diciembre, Día Mundial del Sida, datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) destacan que el Sida ha cobrado 40.4 millones de vidas en todo el mundo, y según el último Informe de ONUSIDA, 2024, alrededor de 9.3 millones de personas seropositivas, es decir que viven con VIH, no reciben tratamiento.
Asimismo, señala que la comunidad LGBTIQ+, las personas consumidoras de drogas, las mujeres y las niñas, no tienen el mismo acceso a la información sanitaria, la medicación y el apoyo. De hecho, 44% de las nuevas infecciones por VIH en el mundo se producen entre mujeres y niñas.
En este contexto, el mismo informe ha documentado que las personas con VIH suelen ser víctimas de violencia, exclusión social y otras violaciones de los derechos humanos, situación que se agudiza con las mujeres y las personas que viven en zonas rurales.
Por lo que toca a nuestro país, el último informe de la Secretaría de Salud señala que en los últimos 10 años se han registrado 167 mil 947 casos de VIH y 43 mil 255 defunciones asociadas al Sida. Al respecto, el panorama de derechos no es distinto al reportado a nivel mundial, ya que el marco legal refleja la estigmatización y criminalización de las personas que viven con VIH o con Sida.
Marco legal en México
El marco legal en nuestro país relacionado con el VIH-Sida contribuye no sólo al estigma sobre quienes viven con él, sino a su criminalización.
De 32 códigos penales que hay en el país, 30 tipifican como delito el “peligro de contagio”; es decir, penalizan a las personas que padecen una infección de transmisión sexual como el VIH, y a quienes tengan supuestas conductas que se consideren “peligrosas para la salud”.
Además, el Código Penal Federal considera en su artículo 199 bis el “peligro de contagio” y las penas que se imponen por ese supuesto delito van de tres días a tres años de prisión y hasta 40 días de multa.
En cuanto a los códigos locales, en 10 estados entre los que se encuentran Baja California, Oaxaca, Sonora y Puebla, el peligro de contagio se penaliza por la existencia de una infección de transmisión sexual y si la persona tiene una “conducta peligrosa”.
En Baja California Sur, Guerrero y Tamaulipas, las personas que viven con VIH no pueden contraer matrimonio. Además, en siete entidades la legislación civil determina que, si una de las dos personas padece sífilis, no puede casarse.
Por otra parte, sólo 14 entidades consideran como discriminación que se apliquen pruebas de VIH como exigencia para conseguir trabajo, y dos estados reconocen como discriminación el estigmatizar o vulnerar los derechos de las personas que viven con VIH.
¿Lograremos en algún momento erradicar el estigma y la discriminación hacia las personas que viven con VIH-Sida?
Recordemos: el VIH no mata, la discriminación y el estigma SÍ.