Nacional

Senado aprueba por unanimidad la Ley de Juicio Político

El pleno del Senado aprobó por unanimidad, en lo general y en lo particular, la Ley de Juicio Político.

Tras una intensa negociación, se emitieron 106 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

 

El juicio político tiene un principio como único fin, separar a funcionarios públicos de sus funciones como mecanismo de garantía para la sociedad contra actos inmorales, típicos e ineptos de los mismos en el desempeño de sus funciones”, expuso Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda en el Senado.

 

En la cámara alta se realizaron cambios al dictamen aprobado originalmente en la Cámara de Diputados. El punto que generó mayor discusión y en el que finalmente hubo consenso para que los congresos estatales ejerzan sus atribuciones y tengan la última palabra en el retiro de inmunidad procesal de los gobernadores, legisladores, magistrados y funcionarios locales.

 

El PRI celebró que hubiera disposición de la mayoría para hacer modificaciones.

Reconocemos la disposición al diálogo de la mayoría en este caso y nos parece igualmente importante reiterarles la invitación a que el diálogo se haga costumbre hasta que se haga norma, ojalá podamos continuar así”, indicó Claudia Ruiz Massieu Salinas, senadora del PRI.

De acuerdo con el dictamen aprobado, el juicio político será procedente cuando los actos u omisiones de los servidores públicos redunden en perjuicio del interés público.

Hay un reclamo de los ciudadanos y es muy sencillo, la gente busca justicia, busca combatir la corrupción, busca combatir los abusos que existen, particularmente desde el servicio público y no de hoy de siempre y ahí la impresión y la percepción de que en México ni hoy ni en el pasado ha existido verdaderamente justicia”, comentó Damián Zepeda Vidales senador del PAN.

Si se determina que la resolución que se dicte en el juicio político es condenatoria, se destituirá o inhabilitará al funcionario para el ejercicio de empleos cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público desde diez y hasta 30 años.

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