Tras casi 6 años de que instituciones capitalinas fueron responsables por la desaparición de Braulio Bacilio Caballero, debido a que fue enviado a una fosa común por un error burocrático, incumplieron con la agilización de trámites para entregar el cuerpo, por lo que estas instituciones continúan violando los derechos humanos de la familia, de acuerdo al Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social (GADH).
Y es que denunciaron que desde el pasado 27 de julio la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas (FIPEDE) citó a la familia de Braulio para confirmarles que los restos hallados en una fosa común, en el mes de abril de este año, coincidían con los de su hijo, a quien buscaban como desaparecido desde 2016.
Fernanda Caballero y Miguel Bacilio confirmaron lo que temían: los restos eran de su hijo. El periplo y la pesadilla, se pensó, había terminado luego de los peritajes forenses que fueron guiados de manera independiente por la antropóloga Albertina Ortega.
Pero la pesadilla no terminó ahí, por el contrario ha continuado y Braulio no ha vuelto con su familia.
Después de estos hallazgos la familia de Braulio denunció inoperancia por parte de las autoridades ya que el adolescente murió en un hospital público, luego de ser víctima de un atropellamiento el 28 de septiembre de 2016.
Sin embargo, las autoridades enviaron el cuerpo de Braulio a una fosa común y lo registraron como un adulto de 20 años, cuando él tenía apenas 13 años.
GADH relata que el personal de la Fiscalía reconoció que se trataba de un grave error y se comprometieron a resolver los trámites interinstitucionales, en un lapso de dos semanas, para que la familia pudiera tener al fin el cuerpo de su hijo, después de casi 6 años de buscarlo.
Para ello se encargarían de la emisión de un acta de defunción fidedigna, en la que se reemplazaría el “persona desconocida de 20 años” por “Braulio Bacilio Caballero” y se rectificaría tanto su edad de fallecimiento, como los nombres del padre y la madre.
Sin embargo, el 19 de agosto el personal de la Fiscalía volvió a entregar un acta de defunción con los datos erróneos: no reconoce la identidad de Braulio e insiste en mantenerlo como “persona desconocida de 20 años”.
De acuerdo con Karla Michel Salas, Directora de Grupo de Acción, este hecho:
“se suma a la cadena de actos desprecio hacia la familia, constituye una nueva violación a sus derechos humanos, resulta revictimizante y es muestra de la nula empatía mostrada hacia las injusticias vividas por la familia de Braulio Bacilio durante casi seis años”, dijo.
La directora lamentó que pese al discurso y a la voluntad expresada, incluso por la misma titular de la Fiscalía, la familia Caballero Bacilio no ha podido recuperar el cuerpo de Braulio, para darle sepultura digna y conforme a sus creencias.
“Este caso es un claro ejemplo de la violencia institucional generada por el desprecio a la niñez”, denunció.
Mientras tanto, el colectivo Hasta Encontrarles CDMX, del que forman parte Fernanda Caballero y Miguel Bacilio, señaló que:
“en el caso de Braulio, como el de decenas de miles en este país, no se han fincado responsabilidades a ningún servidor público de ningún nivel y de ninguna instancia, por las aberrantes e indolentes negligencias cometidas. En este sentido, la familia se mantiene en espera y en lucha por una justicia que aún no llega”.
Una cadena de omisiones
Braulio Bacilio Caballero fue atropellado en el paradero del metro Pantitlán, el 28 de septiembre de 2016. El responsable intentó darse a la fuga y lo arrastró casi 500 metros hasta ser detenido por las autoridades.
Braulio aún estaba vivo al llegar la ambulancia, por lo que fue trasladado al Hospital General Balbuena, donde falleció un par de horas más tarde. En su recepción hospitalaria, de acuerdo a GADH, no estuvo ausente la negligencia médica.
La pesadilla institucional para la familia de Braulio comenzó desde entonces, ya que la negligencia de las autoridades fue una cadena que involucra a diversas instituciones. Y es que tanto los paramédicos, como el personal del Hospital General Balbuena registraron a Braulio como un adulto de 20 años, cuando apenas tenía 13 años.
Al arribar su cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO), hoy Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO), no se rectificó ese error y al cabo de unos días el cuerpo del menor fue llevado a la fosa común de mayores de edad.
Mientras tanto, Fernanda Caballero y Miguel Bacilio emprendieron con desesperación la búsqueda de su hijo, lo que los llevó a conocer otras familias y a formar parte del colectivo Hasta Encontrarles CDMX.
Cuando denunciaron la desaparición la Alerta Amber, una herramienta que debe funcionar en las primeras horas de la desaparición, no fue levantada por negligencia, sino hasta el 16 de abril de 2018, casi tres años después de la desaparición de Braulio; en el Ministerio Público se revictimizó a Braulio e incluso se intentó inculpar a los padres por la ausencia de su hijo.
En el Centro de Apoyo para Personas Extraviadas (CAPEA) sólo se le entregó a la familia un volante de desaparición, dejando así toda la responsabilidad de la búsqueda a la familia, dijo GADH.
Pero no fue todo, la investigación también estuvo inundada de ineptitud y desinterés por parte de las autoridades, ya que la familia solicitó la revisión de cámaras de seguridad pública, pero las autoridades no mostraron las cámaras que registraron el accidente, pese a que tenían conocimiento de él.
Tanto las autoridades encargadas de investigar la desaparición de Braulio, como las encargadas de investigar el atropellamiento realizaron investigaciones que no se relacionaron en ningún nivel, es decir, no se realizó un cruce de datos que permitiera localizar e identificar a la víctima.
Braulio falleció, pero continúa desaparecido por negación de autoridades
La familia de Braulio no se rindió y lo buscó siempre con la esperanza de encontrarlo. Fue así que se dieron a la tarea de buscar en morgues, pero ¿cuál fue la sorpresa?
El perfil genético del cuerpo “desconocido de 20 años” fue almacenado en la base de datos de adultos fallecidos. Ante esto, GADH señala que el perfil genético fue recibido en el actual INCIFO (en septiembre de 2016).
Esto generó que al obtener el perfil genético de los padres y empatarlo con el de alguna persona en la fosa común de menores de edad, no hubiera coincidencia, ya que los restos de Braulio se registraron únicamente en la base de datos genéticos de personas mayores de edad.
Este año Braulio tendría 19 años, por lo que su familia decidió buscarlo en los registros genéticos forenses de personas mayores de edad. Fue así que lo encontraron y que pudieron conocer por qué no volvió a casa esa tarde de septiembre: Braulio murió víctima de atropellamiento.
David Peña, coordinador jurídico de GADH, señaló que el caso es emblemático porque se califica como una “desaparición institucional”, es decir,
“Braulio pudo haber sido localizado a las horas de que se registró su desaparición, a las horas de que murió en este accidente de tránsito se pudo haber identificado y entregado el cuerpo, pero se mantuvo en calidad de desaparecido por la burocracia de las instituciones de Ciudad de México, por eso se trata de un caso en que la desaparición se mantuvo por errores de las autoridades que negaron su identificación”, enfatizó.