La Unión de Transportistas, Comerciantes y Empresarios de la República Mexicana convocó a una mega marcha pacífica en Ciudad de México para el próximo lunes 17 de febrero de 2025.
El objetivo de esta movilización es el de exigir justicia y transparencia ante los presuntos casos de extorsión y fabricación de delitos por parte de la Fiscalía.
Los organizadores han hecho un llamado a todas las personas afectadas para unirse a la protesta y exigir el cese inmediato de las presuntas prácticas ilegales que vulneran su derecho a trabajar con dignidad y seguridad.
A esta movilización se han sumado integrantes de “Barberos Unidos”, quienes también participarán en la manifestación.
La concentración iniciará a partir de las 8:00 AM, con varios puntos de salida para facilitar la participación de transportistas y comerciantes de diferentes zonas. Los puntos de reunión son:
- Puente de Hierro San Cristóbal, para salir en dirección a la carretera México-Pachuca con destino a la CDMX.
- Caseta México-Querétaro, a la altura de Tepotzotlán.
- Caseta México-Cuernavaca, en dirección a la CDMX.
- Caseta Ignacio Zaragoza, en Cabeza de Juárez.
- Caseta La Marquesa, en dirección a la CDMX.
Los contingentes de manifestantes avanzarán por Insurgentes Norte y Periférico Sur, con destino final en el Zócalo capitalino, donde exigirán la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum para garantizar sus derechos y frenar las presuntas irregularidades.
Exigen justicia y cese de criminalización
Los organizadores denuncian que los sectores del transporte y comercio son esenciales para el desarrollo económico del país, pero han sido objeto de constantes amenazas y criminalización mediante procesos poco éticos que afectan su patrimonio y estabilidad.
“No podemos permitir que se siga criminalizando a los transportistas, comerciantes y empresarios mediante procesos injustos que ponen en riesgo nuestro derecho a trabajar”, señalaron en su comunicado oficial.
Mediante un comunicado los participantes de la movilización reiteraron que no cesarán en sus demandas hasta obtener respuestas claras de las autoridades y garantizar condiciones justas para el ejercicio de sus actividades económicas.