El jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, informó que fue aprobada por el Congreso de Ciudad de México la iniciativa enviada el pasado 10 de julio para reformar el Artículo 345 bis del Código Penal capitalino, cuyo objetivo es endurecer las sanciones contra los talamontes, así como especificar las condiciones bajo las que se considera como delito, lo que permitirá combatir eficazmente los impactos medioambientales de esta actividad.
“El texto decía ‘se le impondrán de dos años a 10 años de prisión y de mil a 5 mil Unidades de Medida de Actualización vigente al que tale u ocasione la muerte de uno o más árboles’. Ahora, se establece que se impondrá una sanción de seis a 20 años de prisión y de 6 mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización vigente, cuando la conducta señalada sea cometida en un área natural protegida, en un área de valor ambiental, en una barranca o en suelo de conservación”, dijo Batres.
Señaló que, además, se adiciona la descripción detallada y la sanción concreta del delito de ecocidio, que se refiere a la destrucción y/o contaminación parcial o total, temporal o permanente de un ecosistema, dándole a esta reforma un alto contenido de protección ambiental en diversos ámbitos.
“Se establece con mayor claridad la sanción a quien provoque la destrucción, pérdida total o daño irreparable a un ecosistema que abarque una superficie de cuando menos 10 hectáreas; también a quien provoque un daño a un ecosistema cuya afectación y sus impactos duren al menos cuatro meses; a quien provoque daño a un ecosistema donde habite o exista una especie endémica o en peligro de extinción; o a quien cause contaminación del agua y el suelo por vertidos químicos”, comentó.
El mandatario capitalino recordó que la reforma al Código Penal fue posible gracias a las reuniones con comuneros y a los operativos llevados a cabo con el apoyo de la Comisión Nacional de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (CORENADR), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Guardia Nacional, entre otras instituciones locales y federales, mismos que seguirán realizándose con el fin de clausurar madererías y aserraderos clandestinos, así como perseguir a las bandas delictivas responsables de la tala, procesamiento y comercialización de madera obtenida ilegalmente.