Para frenar el aumento excesivo de las rentas en viviendas de Ciudad de México, el jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, propondrá al Congreso Local reformar la Ley de Vivienda y el Código Civil, dijo que enviará la iniciativa para su análisis y la posible aprobación de las diputadas y diputados.
El mandatario capitalino explicó que hay varias razones para proponer este cambio, entre las que destaca que el aumento desmedido de las rentas genera especulación inmobiliaria, gentrificación y expulsión de habitantes de la ciudad hacia la periferia.
“La realidad que tenemos, es que en los últimos lustros las rentas de vivienda han subido de una manera excesiva en Ciudad de México, este es un fenómeno que tiene un notable impacto social negativo, pues afecta, más o menos, a un millón de personas”, consideró el jefe de Gobierno de Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama.
Actualmente el Código Civil en su Artículo 2448 D, dice que el incremento no podrá exceder del 10 por ciento de la cantidad pactada como renta mensual.
“Proponemos incorporar este párrafo que sustituye este, o sea, poner un límite diferente que señale lo siguiente, el incremento de la renta nunca será mayor a la inflación reportada por el Banco de México en el año anterior, respecto de la cantidad pactada como renta mensual. En otras palabras, si el límite era no más del 10%, el aumento no podrá ser más del 10%”, agregó el mandatario capitalino.
También, en las reformas que se plantean a la Ley de Vivienda está la siguiente modificación: en el Artículo 1 incorporar una Fracción XVII que diga que, entre las disposiciones generales que establece la ley, se encuentra la de garantizar la producción pública de vivienda en arrendamiento asequible para las personas de menores ingresos por parte del Gobierno de Ciudad de México, esto es, que el Gobierno local construya vivienda pública que se ponga en renta.
El Gobierno de la capital del país, consideró que el aumento excesivo en los costos de la vivienda en alquiler en los últimos años, ha afectado a más de un millón de personas al no tener recursos para adquirir un patrimonio propio o acceso a créditos hipotecarios.