El 31 de julio de 2015, a plena luz del día, en un departamento del edificio 1909 de la calle Luz Saviñon, colonia Narvarte, fueron asesinados el fotoperiodista Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera, la trabajadora del hogar Yesenia Quiroz, la modelo Mile Virginia Martín y la maquillista Alejandra Negrete.
Sus cuerpos fueron hallados con heridas de bala en la cabeza, signos de asfixia y lesiones con arma blanca, mientras que las mujeres presentaban signos de violencia sexual.
La entonces Procuraduría, encabezada por Rodolfo Ríos Garza, sostuvo la hipótesis de un supuesto robo por actividades relacionadas con el tráfico de drogas, sin embargo, con evidencias posteriores el robo fue desestimado.
En el caso del fotoperiodista Rubén Espinosa y de la activista Nadia Vera, las familias pidieron desde un inicio que se investigaran las amenazas que ambos sufrieron, bajo la administración del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien actualmente se encuentra en prisión, acusado de asociación delictuosa y uso de recursos de procedencia ilícita.
Sin embargo, hasta ahora, la demanda no ha sido escuchada.
“Nos sentimos decepcionados, nos sentimos defraudados, utilizados y lo peor es que tenemos la plena conciencia de que las autoridades, desde el día uno, hicieron tan mal su trabajo, que gracias a ellos ahorita no tenemos una verdad”, Patricia Espinosa, hermano del fotoperiodista Rubén Espinosa.
Actualmente hay tres personas implicadas que están sentenciadas: Abraham Torres Tranquilino, expolicía de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal; Daniel Pacheco y César Omar Martínez, este último, vinculado por evidencia pericial.
“Cuando mi hermano llega a la Fiscalía, lo primero que le dicen es que no puede decir que era periodista para no entorpecer las líneas de investigación. No tendría por qué haberle dicho a mi hermana que no dijera que era periodista. No tendría por qué haber salido (Rodolfo) Ríos a decir que no tenía que ver con la labor periodística”, señaló Patricia Espinosa.
De acuerdo con las investigaciones, hay al menos otras 10 personas que participaron en el multihomicidio, sin embargo, ninguna está detenida y hasta ahora, ninguna línea de investigación ha sido agotada.
“En un principio teníamos muchas más, se hablaba de 11 líneas, después se reestructuró como el tema de la investigación y ahora tenemos tres líneas: el crimen organizado, la trata de personas y el tema de Veracruz, son las tres líneas que continúan abiertas”, explicó Patricia Espinosa.
En 2017, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la recomendación 04/2017, donde se documentaron fallas en el actuar de las autoridades, desde la contaminación de la escena del crimen, hasta la falta de aplicación de protocolos de feminicidio.
“Mucha de la información que nos servía para resolver el caso fue perdida por la misma Fiscalía, fue omitida por la misma Fiscalía”, denunció Patricia Espinosa.
Las familias exigen diálogo con la actual fiscal general de justicia de Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, piden que el caso de la Narvarte no se olvide.
“El llamado finalmente es a que hagan su trabajo, a que tengamos estas reuniones, que nos atiendan, que seamos vistos nuevamente, porque es verdad, vamos olvidando con el tiempo”, puntualizó Patricia Espinosa.