La corrupción inmobiliaria ya es considerada delito en Ciudad de México, luego de que el pasado 21 de marzo, el Congreso de Ciudad de México aprobó una reforma al Código Penal local para incluir un capítulo exclusivo que tipifica este ilícito.
Estas modificaciones establecen sanciones de 10 a 20 años de prisión a la persona servidora pública que permita la construcción de inmuebles o la construcción de pisos adicionales que no cumplan los requisitos legales.
Dicha pena se incrementará en una mitad cuando las conductas previstas produzcan beneficios económicos a la persona funcionaria, su cónyuge, descendientes o ascendientes, socios, o sociedades que formen parte del delito, de acuerdo con el nuevo artículo 276 Quater, propuesto por la reforma.
Por lo tanto, las penas máximas alcanzarían los 30 años de prisión. Estos cambios fueron planteados, luego de que la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJCDMX) realizó la investigación conocida como “Cártel Inmobiliario”, respecto a la construcción excedente de niveles ilegales en inmuebles.
El epicentro de tal situación fue la alcaldía Benito Juárez y fue desarrollada por funcionarios, exfuncionarios y políticos del Partido Acción Nacional (PAN).
Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Octavio Rivero Villaseñor, afirmó que es totalmente entendible que se sancione con cárcel a quienes, aprovechándose de un cargo público, permitan la construcción ilegal de espacios habitacionales que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos.
“Buscamos evitar que en el futuro se vuelvan a presentar casos de corrupción inmobiliaria cometidos desde las oficinas de las alcaldías y, en general, de cualquier oficina gubernamental”, apuntó.
Si bien la reforma fue votada por unanimidad, diputados el PAN aseguraron que el problema de las construcciones irregulares no se resuelve de fondo, pues aún hay facultades entre el Gobierno central y las alcaldías que siguen sin definirse.