La fiscala general de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, detalló este martes la “iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 131 y se reforma el 131 bis del Código Penal para el Distrito Federal en materia de lesiones”, por lesiones con motivos de género.
“Consideramos que es fundamental tener una agravante muy concreta, para las lesiones que hoy en día contempla el Código Penal de la Ciudad de México, para los casos en que estas lesiones se cometan con motivos de género o prejuicio, por la orientación sexual”, justificó Alcalde.
Tomando en cuenta como agravantes una relación previa entre el agresor y la víctima, o amenazas, acoso o violencia.
#ComunicadoFGJCDMX | La fiscal general, Bertha Alcalde Luján, presentó ante medios de comunicación dos iniciativas de reforma al Código Penal de la #CDMX, orientadas a garantizar una protección penal con perspectiva de género y una regulación más precisa al delito de amenazas.… pic.twitter.com/gNGKrtQT0N
— Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) October 15, 2025
“Cuando se comentan daños a la apariencia, vinculadas con la identidad o expresión de género. Cuando busquen controlar o anular la autonomía, orientación sexual o identidad de género. Cuando se comete el delito frente a hijos menores de la víctima. Cuando sean infamantes o degradantes”, añadió.
En presencia de la jefa de gobierno, Clara Brugada, también compartió la “iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 209 del Código Penal para el Distrito Federal en materia de amenazas”.
Con el fin de que la ley sea más específica al momento de catalogarlas y castigarlas.
Tomando en cuenta si se realizaron con algún tipo de arma, cuando el agresor se nombre a sí mismo como integrante de un grupo criminal, amenazas de uso e instalación de explosivos, de muerte o sobre personas que participen en un proceso penal, por ejemplo, testigos.
“¿Qué estamos proponiendo de manera específica? Pensar que hoy en día la amenaza se castiga de tres meses a un año. La idea es que la amenaza que ahora se establece únicamente como, la amenaza que sea grave, se pueda castigar de uno a dos años, y que podamos agravar la pena, en hasta dos terceras partes, en los casos específico”, precisó.