La Fiscalía de Ciudad de México cateó dos edificios de exservidores públicos de la alcaldía Benito Juárez posiblemente involucrados en el delito de enriquecimiento ilícito, a través de su participación en el llamado cártel inmobilario, así lo dio a conocer el vocero de la Fiscalía capitalina, Ulises Lara López.
“Detectives de la Policía de Investigación cumplimentaron órdenes de cateo en inmuebles ubicados en las alcaldías Benito Juárez y Álvaro Obregón, como parte de las indagatorias realizadas por el Ministerio Público de la Coordinación General de Investigación Territorial, en las que se encuentran posiblemente relacionados ex servidores públicos de la alcaldía Benito Juárez”, dijo el vocero de la Fiscalía General de Justicia de CDMX, Ulises Lara López.
El primer operativo se realizó en cuarto departamentos de inmuebles ubicado en el eje 3 poniente “Gabriel Mancera”, de la colonia de Valle, mismo que se presume es propiedad del exdirector jurídico de Benito Juárez, Luis “N”.
La segunda orden se cumplió en un domicilio localizado en la calzada Desierto de los Leones, de colonia San Ángel Inn en Álvaro Obregón.
El vocero de la Fiscalía también adelantó que en breve serán llamados a declarar los exservidores públicos de la Alcaldía de Benito Juárez, así como sus particulares, por el caso del cártel inmobilario.
Edificios fantasma
Recientemente, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que ya suman 99 los edificios construidos de forma irregular en la alcaldía Benito Juárez durante administraciones del Partido Acción Nacional (PAN) de 2015 a 2021.
Edificios que comenzaron como un proyecto de vivienda social se convirtieron en departamentos de lujo y hoy son edificios fantasma.
De 2015 a 2021, el exdirector jurídico de esa alcaldía, Luis Vizcaíno, y el exdirector de Obras, Nicias Aridjis, encabezaron una red de corrupción por la que otorgaron permisos irregulares de construcción a empresas inmobiliarias a cambio de beneficios económicos. Hasta el momento se han registrado 99 edificios en esa situación.
Cerca de 60% de los edificios ya habían recibido una orden de cancelación de obra por parte de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (Paot), así como del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (Invea).