Organizaciones y habitantes, defensores del territorio originarios de Ciudad de México, colectivos y académicos rechazan la aprobación del Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT), y piden que se reinicie su elaboración y consulta.
Los habitantes de distintas partes de la capital del país denuncian que este programa, así como se encuentra, atenta contra el equilibrio ecológico, la asequibilidad del costo de la vida en la ciudad y no frena la corrupción inmobiliaria.
De acuerdo con Alejandro Velázquez, integrante del Frente de Pueblos y Barrios de la Cuenca del Anáhuac, explicó a Once Noticias que esta lucha, sin embargo, no es nueva. El año pasado “se intentó” hacer una consulta del plan y del programa, pero no pudo concluirse.
El vocero recordó que, en esa ocasión en dos alcaldías, Xochimilco y Milpa Alta, ni siquiera se llevó a cabo la consulta, debido al rechazo rotundo de los pueblos contra el programa.
“La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en diciembre de 2022 anunció que se iban a rehacer los proyectos y que incluso se iba a reponer el proceso de consulta, pero eso no ocurrió”, lamentó Alejandro en entrevista.
El Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT) fue entregado el pasado 7 de junio de 2023 al Congreso de Ciudad de México, pero los habitantes de diversas demarcaciones, que se oponen a él, señalan que no cuenta con los lineamientos o indicadores mínimos para que haya una planificación.
Es por eso que, desde hace 10 meses han denunciado esta situación, pero las autoridades del Congreso local “han hecho de oídos sordos”, aseguran.
¿Cuáles son algunas de las afectaciones que habría si se aprueba este PGOT?
De acuerdo con los habitantes y organizaciones, una de sus preocupaciones es la figura de Programas parciales por alcaldía –sin que estos órganos administrativos tengan un área para el diseño de la planeación de sus demarcaciones–, dado que abre las posibilidades a que los desarrolladores inmobiliarios decidan los usos de suelo para sus proyectos, sin que haya un freno normativo.
Alejandro Velázquez compartió que detectaron que habrían serias afectaciones al suelo de conservación, a través de la creación de algunos polígonos que les llaman de reservas territoriales o de infraestructura para el bienestar o de zonas de asentamientos humanos irregulares, porque se encuentran ubicados en territorios donde viven los pueblos y en zonas de recarga de mantos acuíferos.
“El programa es contrario a una visión pública y común sobre las áreas verdes, ya que el sector privado busca su propio lucro”, dice Velázquez.
Algunos puntos en los que presentan inconformidad son:
En el PGOT, hay un nuevo mapa de zonificación de ordenamiento ecológico o de zonas de suelo de conservación o protegidas, que no guarda correspondencia con el actual programa vigente, porque hay un recorte al territorio de suelo de conservación.
La creación de reservas territoriales. Son zonas en donde se podrían crear nuevas zonas de desarrollo urbano, que están ubicadas en suelo de conservación de Cuajimalpa, Milpa Alta y Tláhuac.
Se establece la regularización de asentamientos humanos irregulares, pero bajo criterios ambiguos sin especificar a qué se refiere con “riesgos mitigables” o “zonas de alto valor ambiental”, por lo que temen que se propicie la urbanización del suelo de conservación.
Se encuentran zonas para la infraestructura y el bienestar, que también pretenden extenderse sobre suelo de conservación.
Se propone la vivienda adecuada, aunque los habitantes y el Frente señalan que no responde a un proyecto de vivienda social.
Es así que, en suma, la preocupación de los habitantes y del Frente al que pertenece Alejandro, tiene que ver con la destrucción de zonas dedicadas a la conservación, y en donde se puedan desarrollar proyectos inmobiliarios, dentro esos polígonos.
“No tiene propuestas concretas para solucionar problemas relacionados con gestión del agua o la creación de vivienda social”, subraya Velázquez.
Piden consulta ciudadana para Programa de Ordenamiento Territorial
Los habitantes de CDMX que se oponen denuncian que los nuevos mecanismos de consulta, que se componen de foros y el parlamento abierto, anunciados por los grupos parlamentarios del PAN y PRD –a través de Víctor Hugo Romo y Gabriela Salido–, son “preámbulo para que congresistas aprueben este mecanismo cuyas fallas técnicas y normativas ponen en riesgo la preservación de la vida en la Cuenca del Valle de México”, señalaron los inconformes.
“El Parlamento abierto no es un mecanismo que pueda sustituir la consulta ciudadana y la consulta a pueblos y barrios originarios”, enfatizan a través de una carta pública.
Y es que sólo recibe opiniones sin dar seguridad de que serán tomadas en cuenta ni vinculantes. Además, temen que se pueda minimizar el tema o servir como instrumento de las campañas electorales.
Es así que entre sus demandas exigen que el PGOT actual sea rechazado por todos los grupos parlamentarios. Además de que estos foros y parlamento abierto sólo responde a la simulación de un proceso participativo, aseguraron.
Pidieron que este documento sea nuevamente elaborado y que debe ser redactado “bajo la perspectiva de un territorio para la vida, que se centre en la preservación del medio ambiental, de combate a la crisis climática, de respeto a los pueblos originarios y de implementación de candados a los actos de corrupción inmobiliaria, la exigencia será […] que se rechacen este texto” concluyeron.
Fue en junio de este año que el Congreso de Ciudad de México recibió los proyectos del Plan General de Desarrollo (PGD) y el PGOT, los cuales son resultado de las consultas públicas realizadas del 8 de julio de 2022 al 8 de enero de 2023.
Los proyectos, presentados el pasado 22 de mayo por el entonces secretario de Gobierno, Martí Batres, tienen como finalidad decidir el rumbo del ordenamiento territorio de la ciudad durante los próximos 15 años.
Sin embargo, han estado sujetos a rechazo de académicos y especialistas que aseguran no cumple con una normativa eficiente, ni con lineamientos que puedan asegurar los objetivos que plantean.
Por esa razón, los inconformes realizan movilizaciones los martes y jueves, en el Congreso capitalino, durante este mes para que sus demandas sean escuchadas antes del 21 de septiembre.
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