El Instituto Electoral de la Ciudad de México impugnará la reestructuración acordada por el Congreso capitalino a este organismo, por lo que analizan acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o al Tribunal Electoral del Poder Judicial.
“En caso de que, que creo que es lo más idóneo, acudir a la Suprema Corte, existen dos mecanismos: la acción de constitucionalidad y la controversia de constitucionalidad”, dijo Mauricio Huesca, consejero.
Los consejeros electorales señalaron que habrá afectaciones en los procesos electorales debido a que tres de las cinco áreas que desaparecerán tras la reestructuración, son las encargadas del trabajo de campo.
“Al eliminar estas áreas y también eliminar sus comisiones se está corriendo el riesgo de que este consejo general tenga menos control sobre esos temas”, señaló Ernesto Ramos, consejero.
La reforma aprobada este viernes, determinó fusionar la Comisión de Asociaciones Políticas y la Comisión de Fiscalización, mientras que la Comisión de Educación Cívica y Construcción Ciudadana se fusionará con la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos para crear la Comisión de Quejas.
“Lo único que hace la reforma, es decir, sabes que estructuralmente tú ya no necesitas estas áreas, son cinco las que tenías para cumplir con tus tareas, pero funcionalmente sí tienes que seguir dándole la cara a la ciudadanía, tienes que seguir encargándote de fiscalización, de derechos humanos, de temas de genero de vinculación, seguir organizando proceso electorales”, puntualizó la consejera Erika Estrada.
Ante el recorte de plazas al instituto, cuyo número no se determinó por los consejeros, la consejera presidenta Patricia Avendaño garantizó el respeto a los derechos laborales de los prestadores de servicio.
“Obviamente para este año nosotros no teníamos presupuestado ninguna cantidad para el pago que garantice el respeto a los derechos laborales de las y los funcionarios que eventualmente tuviesen que dejar de laborar en la institución, pero de lo que estamos seguros es que no vamos a dejar de cumplir con esa obligación”, dijo Avendaño.
El organismo tiene 90 días para adecuar la estructura a los nuevos ordenamientos.