El gobierno mexicano no puede seguir coadyuvando en políticas que violan el derecho a la protección de las personas y que representan ir en contra de nuestra Constitución y compromisos internacionales. No podemos seguir permitiendo que el Estado mexicano siga coludido con el gobierno estadounidense para poner en riesgo la integridad de las familias que buscan protección”, agregaron.El Programa “Quédate en México”, detallaron, fue reinstalado el 2 de diciembre de 2021. De acuerdo con la organización Human Rights First, el 7 de diciembre de 2021, se regresó a las primeras personas a través de Ciudad Juárez, Chihuahua. Mientras que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos reportó que del 7 de diciembre al 4 de enero de 2022, se han regresado a 217 personas provenientes de Nicaragua, Venezuela, Cuba, Ecuador y Colombia. Las organizaciones de la sociedad civil de México han señalado que “no hay forma de que este programa tenga un enfoque de derechos humanos ni de protección”, por el contrario, se ha documentado como representa exponerlos a diversas violencias como secuestro, extorsión y violaciones sin que el Estado mexicano garantice su acceso a la justicia. Señalaron que a diferencia de la primera vez que se instauro dicho programa, que se limitaba a personas de países hispanoparlantes, esta reinstalación establece el regreso de personas de todo el continente, incluido Haití. Los puntos fronterizos por donde se han realizado las devoluciones hasta ahora son San Diego y El Paso.
ONGs interponen amparo para poner fin al programa “Quédate en México”
Este día, diversas organizaciones civiles solicitaron a través de un amparo poner fin al Programa “Quédate en México” ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México porque es un riesgo para la vida de las personas que buscan protección internacional.
En un comunicado, explicaron que el amparo 1887/2021, fue promovido en la Ciudad de México el pasado 30 de diciembre por Asylum Access México, Sin Fronteras IAP, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), la Clínica Jurídica para Refugiados Alaíde Foppa de la Universidad Iberoamericana, la Clínica Jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI).