Han pasado cerca de cuatro años desde que 144 familias triquis de Tierra Blanca, de San Juan Copala, en Oaxaca, huyeron de su territorio por la violencia paramilitar.
En conferencia de prensa, representantes de la comunidad triqui, dieron a conocer que el segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito con sede en Oaxaca emitió un amparo en revisión 597/2023 para que el Estado mexicano realice el retorno seguro de las víctimas de desplazamiento forzado.
“Hace unos días nos notificaron de la sentencia. Dice, a grandes rasgos, que el Gobierno Federal y estatal debe construir el retorno seguro de las familias desplazadas”, señaló Horacio Santiago, vocero del Movimiento de Unificación Lucha Triqui Independiente (MULTI) en conferencia de prensa.
Y es que, denunciaron, tienen temor que no se acate la resolución, como las recomendaciones que han hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
De acuerdo con el abogado Antonio Lara, integrante del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, la resolución del amparo en revisión, con fecha de 4 de noviembre de 2024, ratifica un amparo anterior, que se emitió el 12 de julio de 2023, por el Juez Tercero de Distrito del Estado de Oaxaca.
En aquella resolución, el juez ordenó elaborar un plan para el retorno de las familias desplazadas y la incorporación de las familias al Registro Nacional de Víctimas.
“La resolución señala que no hay mecanismo de impugnación, en consecuencia, las autoridades están obligadas a cumplir”, dijo el abogado.
Comunidad triqui está preocupada por falta de atención
Los voceros del MULTI y el abogado defensor denunciaron que ya se realizó un censo, pero no ha sido entregado a las familias desplazadas.
Por este caso ya existe la recomendación que hizo la CNDH, en 2022, al exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat; al presidente municipal de Santiago Juxtlahuaca, Arsenio Mejía y al fiscal del estado, Arturo De Jesús Peimbert, por el desplazamiento forzado alrededor de las familias triquis de Tierra Blanca Copala.
Así también las medidas cautelares MC 279-22 que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2023.
El censo forma parte de las órdenes del primer amparo de 2023, pero también lo consideró la recomendación tanto la CNDH como la CIDH.
La semana pasada se reunieron con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para acordar un “Plan de construcción de Paz” ante la escalada de violencia que se vive en la región triqui.
#Hoy en @SEGOB_mx, con el secretario de Gobierno de #Oaxaca, @jesusromerooax, y el subsecretario @arturomedinap, nos reunimos con integrantes del #MULTI para escucharlos y darles una salida a sus problemáticas. 🇲🇽 @Claudiashein pic.twitter.com/Z5IOn5l7tU
— Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) November 20, 2024
No obstante, no se tocó el plan para el retorno de las familias triquis que están por cumplir cuatro años que tuvieron que salir huyendo, tras los ataques paramilitares desde diciembre de 2020 hasta enero de 2021.