Organizaciones y familias con mujeres privadas de la libertad en el Sistema Penitenciario exigen que los delitos de fuero común sean incluidos en un decreto de amnistía, ya que, afirman, una mayoría sufrieron torturas y fueron encarceladas con delitos fabricados.
El decreto estima un recurso legal para cuatro situaciones:
1) Las personas que sufrieron tortura en su proceso judicial.
2) Las presas con más de 10 años de prisión sin recibir sentencia.
3) Adultos mayores de 75 años.
4) Personas mayores de 65 años con alguna enfermedad y delitos menores
En conversación con Beatriz Maldonado, del colectivo “Mujeres Unidas por la Libertad”, explicó la situación de las mujeres en las cárceles de Ciudad de México.
Más de 60% de las mujeres que están encarceladas en Ciudad de México no cometieron ningún crimen y fueron torturadas para aceptar cargos. Las violaban, les queman los genitales, les rompían los dedos y las asfixiaban como modus operandi para que aceptarán delitos de alto impacto como secuestro y extorsión”, destacó Beatriz Maldonado a Once Noticias.
Para comprobar la tortura existe un protocolo denominado “Estambul”, en el que peritos, médicos y psicólogos estudian si una persona fue víctima de tortura, sin embargo, las familias en México se quejan que son los propios peritos de la Fiscalía acusadora quienes hacen esos exámenes para catalogar si los funcionarios de esa misma dependencia cometieron tortura.
“Cómo si fueran juez y parte del proceso de tortura que llevan las personas que ellos mismos acusaron y lastimaron. Muchas de estas mujeres tienen sentencias horribles de hasta 300 años. Hay que tomar en cuenta que la tortura y los delitos fabricados son el cáncer de este país. La prisión es un infierno, lugares que no son para humanos”, explicó Beatriz Maldonado.
Wendy Nava, tiene 29 años y es hija de Leticia Nava Pérez. La joven está presa desde junio del año 2020 cuando fue detenida por elementos de la Fiscalía capitalina y le fabricaron el delito de extorsión.
Wendy tiene tres hijos que mantenía con su trabajo, ella era comerciante, compraba ropa o utensilios caseros en Tepito que luego vendía en línea, pero desde el inicio de la pandemia dejó de trabajar por la crisis económica, así que encontró un trabajo en internet.
Tendría que ser “checadora” (coordinadora) de microbuses en un paradero de Azcapotzalco. Trabajó dos días en el paradero hasta que unos judiciales la arrestaron al terminar su turno y la acusaron de extorsionar a los choferes de la ruta. Sin embargo, Wendy nunca tocó un solo peso durante sus únicos dos días de trabajo.
“Al inicio del proceso tuvimos un abogado particular, pero no logró ningún avance en el caso y fue así como optamos por un defensor de oficio”, dijo la señora Leticia Nava.
El abogado de oficio (el que proporciona el Estado) le sugirió a Wendy que optará por el procedimiento abreviado en el que ella se declara culpable del delito que no cometió y eso reduciría su condena en más de tres cuartos del tiempo, en cambio si intenta demostrar su inocencia puede que pase toda una vida en una celda.
“Le dieron 18 años de condena, pero si pagamos 30 mil pesos de daños y se porta bien, podría salir en cuatro años y ocho meses, pero se tiene que declarar culpable para tener esos beneficios. A veces me dice que se quiere ir a juicio y mostrar que es inocente, pero cuando piensa en sus hijos prefiere echarse la culpa para reducir su condena. El problema es que no sé de dónde sacar todo ese dinero, ni endeudándome lo consigo”, explicó la señora Nava.
Continuó la mujer entre lágrimas “yo necesito la libertad de mi hija porque aquí están sus tres niños y yo soy una persona grande, que ya no puede trabajar para mantenerlos y aparte llevar todos los gastos de la cárcel”.
Cristopher, Daniela y Jade son los hijos de Wendy. Su abuela Leticia a veces no les puede explicar en dónde está su mamá y les dice que está trabajando, pero que pronto regresará.
“Pero se dan cuenta, el niño más grande me dijo que ya sabía que su mamá estaba en la cárcel y yo no sé qué decirles”, expresó la señor Leticia.
Cómo ese caso también está el de Angélica y Jany, dos hermanas acusadas de secuestro. La hija de Ana Morales que también fue acusada junto con seis mujeres más de robo a vehículo. Los procedimientos de las detenciones injustificadas, tortura, firmas y abogados que piden que las inocentes se declaren culpables son idénticos.
En México dicen que no existe una sentencia de muerte, pero esto que nos hacen es la muerte en vida. Nos están matando a las familias y a nuestras mujeres encarceladas”, afirmó la defensora de derechos humanos, Beatriz Maldonado.