A una década del multihomicidio ocurrido en un departamento de la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) reafirmó su compromiso con el esclarecimiento del caso y con el derecho de las familias a conocer la verdad.
#TarjetaInformativaFGJCDMX | La #FiscalíaCDMX reafirma su compromiso con la investigación del multihomicidio ocurrido en 2015 en la colonia Narvarte.
— Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) August 3, 2025
Tras recibir a familiares y representantes legales de las víctimas en las oficinas centrales de la Fiscalía CDMX, se acordó… pic.twitter.com/GoqwxxIkgQ
El crimen, registrado el 31 de julio de 2015, cobró la vida del fotoperiodista Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera, la trabajadora del hogar Yesenia Quiroz, la modelo Mile Virginia Martín y la maquillista Alejandra Negrete. A lo largo de los años, el caso ha sido acompañado por organizaciones civiles y organismos de derechos humanos, que han señalado irregularidades en las detenciones y la investigación inicial.
En un comunicado, la Fiscalía informó que el pasado 31 de julio se llevó a cabo un encuentro entre personal ministerial y familiares de las víctimas, así como sus representantes legales, en el que se acordó mantener un canal abierto de diálogo y programar nuevas reuniones para dar seguimiento a sus demandas.
La institución señaló que las investigaciones se mantienen en curso, con nuevas líneas que incluyen la posible participación de otras personas además de los autores materiales, en seguimiento a la Recomendación 04/2017 de la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Este enfoque, aseguró la Fiscalía, prioriza la integridad y dignidad de las víctimas, así como los derechos de sus familias.
Entre 2015 y 2016 fueron detenidos Daniel Pacheco Gutiérrez, César Omar Martínez y Abraham Torres Tranquilino —este último, ex policía, fue sentenciado a 315 años de prisión por los delitos de homicidio, feminicidio, secuestro y robo. No obstante, diversos colectivos han denunciado irregularidades en las detenciones, como tortura, fabricación de pruebas y omisiones en la investigación de posibles autores intelectuales.
Por ello, en 2022, la FGJCDMX reabrió el caso a partir de un fallo de un tribunal federal, con el objetivo de revisar nuevas evidencias, incluidas aquellas que apuntan a móviles relacionados con el activismo, el trabajo periodístico de algunas de las víctimas y posibles vínculos con funcionarios públicos o grupos del crimen organizado.
La Fiscalía reiteró que continuará trabajando con responsabilidad, sensibilidad y compromiso para garantizar el acceso a la justicia y la verdad, en apego a los derechos de las víctimas y sus familias.