La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor del Juicio de Amparo 1375/2021, una decisión que mejora de forma real el derecho a la movilidad y a la accesibilidad de las personas con discapacidad (PcD) en el Metro de la Ciudad de México.
El caso fue impulsado con el acompañamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), a través de su servicio gratuito de Asesoría Jurídica especializada en temas de discapacidad, a partir de la demanda colectiva de tres PcD sensorial, usuarias del Metro.
¿Qué detonó el amparo?
Las personas usuarias denunciaron obstáculos constantes para moverse con seguridad. En especial, señalaron que las líneas podotáctiles -clave para la orientación de personas que usan bastón- estaban bloqueadas de forma permanente.
La falta de respuesta de las autoridades llevó a exigir por la vía legal movilidad en igualdad de condiciones y cero discriminación.
¡Fortalecemos el derecho a la accesibilidad!
— Instituto Federal de Defensoría Pública (@defensoriaifdp) January 27, 2026
La @defensoriaifdp fortalece el derecho a la movilidad de personas con discapacidad en el metro de la CDMX.#IFDP #OrgulloIFDP #AcercandoLaJusticia #LaCasaQueTeDefiende pic.twitter.com/MqM7Vj44Ny
¿Qué dijo la Suprema Corte?
La Segunda Sala de la SCJN resolvió el caso el 17 de mayo de 2023. Reconoció que la movilidad es un derecho, y ordenó ajustes de accesibilidad permanentes en el Metro.
De esta sentencia se desprenden siete criterios jurisprudenciales obligatorios en todo el país sobre transporte accesible y ajustes razonables.
Cambios que ya van en marcha
El amparo está en fase de cumplimiento y ya hay avances concretos:
- Más asientos reservados: pasan de 4 a 8 por vagón.
- Nueva señalética para evitar su uso indebido.
- Aprobación del primer vagón prioritario para personas con discapacidad y personas mayores, con aplicación gradual.
- Presupuesto autorizado para obras de accesibilidad.
¿Por qué importa?
Este fallo marca un antes y un después: la accesibilidad deja de ser opcional y se reconoce como un derecho exigible. Un paso clave para que el transporte público sea más justo, incluyente y usable para todas las personas.