Joyce Génesis Martínez y Adriana Granados Cortés son dos de las 101 mujeres que fueron puestas en libertad del Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla, gracias a un convenio del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) con autoridades locales y federales.
Génesis Martínez pasó casi 15 años privada de su libertad por la fabricación del delito de secuestro agravado. Sentenciada a más de 100 años, le negaron una defensa con perspectiva de género y se le juzgó por cohecho.
“A nosotras se nos había dicho que no teníamos derecho a ser juzgadas con perspectiva de género, por la gravedad del delito”, expresó Génesis Martínez.
Adriana Granados Cortés, de 70 años, estuvo más de un año en Santa Marta por el supuesto delito de violencia familiar. No tuvo defensa adecuada y las autoridades desestimaron las pruebas.
“Yo vi que salieron dos de homicidio, tentativa de homicidio, de drogas, que salían de fraude y yo allá adentro”, agregó Granados Cortés.
Y agregó: “Me decían que estar ahí era una injusticia”.
Las mujeres privadas de la libertad enfrentan discriminación y reproducción de estereotipos de género. Reciben condenas más altas que los hombres.
En 2024, las mayores condenas se dictaron a mujeres; 11% fueron sentenciadas hasta 50 años. En contraste, sólo 5.5% de los hombres recibieron la misma condena.
“Desde el momento de las detenciones generó que fueran juzgadas las mujeres con pruebas ilícitas, utilizando en gran parte de los procesos, estereotipos, ausencia total de aplicación de perspectiva de género o enfoques interseccionales en el desarrollo del proceso”, dijo la abogada del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFPD), Elizabeth Alcantar Cruz.
Cuando Génesis Martínez fue privada de su libertad, su bebé tenía ocho meses, ahora busca recuperar su maternidad.
“Cuando salí, le dije a mi hija: ‘Yo nunca te he llevado a la escuela, pero ¿Me dejas llevarte?’, y me dijo: ‘Sí’. Me dejó llevarla a la escuela”, narró Génesis Martínez.