De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, en México hay más de 105 mil personas desaparecidas y/o no localizadas. Más que cifras, son hombres y mujeres con familias e historias que hoy se encuentran resquebrajadas, rotas.
“Recibí una llamada de una amistad o conocida de mi hijo en la que me decían que lo acababan de levantar, yo no entendía a qué se refería, y me dijo: es que se lo llevaron. A partir de ahí, jamás volvía a saber de él”, narró Edna Gutiérrez, mamá de Jonathan, joven desaparecido.
Jonathan es una de las más de 15 mil personas que integran esta lista negra tan sólo en Jalisco, entidad que encabeza las cifras nacionales.
“Nos encontramos en un estado de incompetencia, en un estado criminal, indolente, es un estado culpable, ineficiente”, añadió Edna Gutiérrez.
Después de Jalisco le sigue Tamaulipas, con 12 mil 322 desapariciones. Y con 11 mil 415 registros, el Estado de México, donde fue geolocalizado, por última vez el vehículo de Hugo Alberto del Puerto.
“Nos dimos cuenta que mi papá tomo Ignacio Zaragoza, y por la última cámara que hay en Ciudad de México, se está poniendo como última ubicación la colonia Santa Cruz Tlapacoya que se encuentra en Ixtapaluca”, comentó Rocío del Puerto, hija de Hugo Alberto.
Desaparición forzada
Trata de personas, explotación sexual, reclutamiento forzoso del crimen organizado y la vinculación de autoridades son algunos de los factores que inciden en la cifra de desaparecidos.
Es el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz, detenidos por militares en mayo de 2007, y a quienes no se les volvió a ver.
“Son dos luchadores que pertenecían a una organización armada, revolucionaria, un grupo guerrillero y por esta razón fueron víctimas de desaparición forzada”, explicó Nadin Reyes, hija de Edmundo Reyes y presidenta del comité “Hasta Encontrarlos”.
Por su parte, Neftali Pérez, abogado de Defensa Integral del Centro Prodh, indicó que “están involucradas autoridades de los tres órdenes de gobierno municipal, estatal federal pero también particulares“.
Lo peor, los desaparecen después de estar desaparecidos…
“Los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al Río San Juan, en ese orden. Esa es la verdad histórica de los hechos”, sostuvo Jesús Murillo Karam, cuando fue procurador General de la República.
A ello, se suma la crisis de identificación forense, impunidad, falta de recursos y de coordinación entre instituciones, y, reclaman colectivos, la inexistencia de voluntad de autoridades.
“Hoy el juez que tramita el caso nos da la razón: Murillo Karam condujo una investigación turbia irregular plagada de tortura, de manipulación y siembra de pruebas”, afirmó Hilda Hernández, madre de normalista desaparecido.
Otro pendiente es la creación del Banco Nacional de Datos Forenses, establecida en la Ley General en Materia de Desaparición.
Con exigencias de familias y voluntad de nuevas administraciones, se han logrado avances como la reforma a la Ley General en Materia de Desaparición, que impulsó la creación del Centro Nacional de Identificación Humana.
Con estos avances se mantiene la esperanza de las familias, quienes pese a cualquier dificultad, continúan en la búsqueda de sus seres queridos, que no se detendrá hasta encontrarles.