Reportajes especiales

Familiares de personas desaparecidas denuncian pérdida de evidencias

Jaqueline es madre de Jael Monserrat Uribe Palmeros quién desapareció el 24 de julio del año 2020, en la alcaldía Iztapalapa, de Ciudad de México.

Lo que sabe del caso es que al salir de trabajar acompañaría a dos amigos suyos a vender un carro. Ella se subió a un automóvil en el Eje 5 Sur, esquina con la Viga. Las cámaras del C5 lograron seguir el auto hasta que ese eje vial hace esquina con la Calzada de Tlalpan, de ahí ya no se supo más.

Durante varios días, Jaqueline Palmeros recolectó videos de cámaras particulares pero en ninguna logró ver las placas o la marca del vehículo. Las cámaras del Gobierno de Ciudad de México sólo alcanzaban a mostrar el auto y la ruta que tomó hasta llegar a Tlalpan.

Jaqueline pidió el resguardo de esos videos oficiales para poder revisar fotograma por fotograma y conseguir la información sobre el carro que abordó su hija. También encontró un chip de teléfono donde podría haber una pista de las personas con las que hablaba o al menos poder leer la sábana de llamadas antes de su desaparición. Durante meses intentó que le mostrarán esos documentos esperando encontrar alguna pista que le dijera dónde podría estar su hija, sin embargo nunca logró acceder a esa información.

Poco tiempo después de iniciada la investigación, dos testigos declararon que la joven había sido víctima de feminicidio y que su cuerpo podría estar en alguno de los parajes en el Cerro del Ajusco. Sin embargo, los testigos no dan datos específicos de quién, cuándo o dónde.

La madre seguía insistiendo a la Fiscalía de Ciudad de México que le mostraran los videos y la investigación que habían hecho con el chip. Pero en diciembre de ese año los funcionarios le dijeron que habían perdido los videos junto con el chip de teléfono y que no le dieron seguimiento a las declaraciones de los testigos, de hecho “perdieron” esa parte de la carpeta de investigación.

“Jaqui” ha participado en movilizaciones. Ha buscado a su hija de manera independiente y sin la ayuda de la Fiscalía y los protocolos que debería activar.

Cuando hice la denuncia no activaron el protocolo ‘Alba’. Fui yo quien tuvo que ir a los estados colindantes a levantar la denuncia de desaparición, entidad por entidad. Siempre que llegaba a las fiscalías me decían que no tenían ningún registro de la desaparición de mi hija. Me la he pasado haciendo la chamba que tendría que hacer la fiscalía”, explicó Jaqueline.

Por meses ha visitado hospitales, oficinas forenses, fiscalías y ha seguido las pistas que consigue por su cuenta ya que los policías de investigación o peritos nunca tienen avance y más bien le preguntan a la madre si ha conseguido nueva información.

El caso de Monserrat es parte de los más de 88 mil casos de desaparecidos en el país, que permanecen en la impunidad por la burocracia.

“En muchos de los casos de desaparición está involucrada la misma policía. Es por eso que pierden los hallazgos, que amenazan a las familias y que se siguen cometiendo estos crímenes de lesa humanidad”, denunció la buscadora.

Cansada de la espera, Jaqueline organizó una brigada de búsqueda de fosas clandestinas en el Cerro del Ajusco con sus propios recursos, ya que las Comisiones Ejecutiva de Atención a Víctimas local y federal no proporcionaron apoyo para este trabajo; de hecho nadie de esta Comisión asistió a la búsqueda para dar contención o atención a las víctimas.

Fue en los caminos del Ajusco donde las familias encontraron restos óseos humanos, cabello de mujer y algunas prendas de ropa.

La fiscalía capitalina en medio de un campo con restos humanos, se negó a levantar las prendas argumentando que “no se encontraban en un contexto forense” y que “no tenía protocolos para resguardar esa ropa”.

Cómo es posible que si hay un pedazo de cráneo, dientes y cabello humano, usted nos dice no hay un contexto forense. Que necesita para entender que estas prendas son importantes porque pueden ser las de nuestros seres queridos o las de alguna otra persona que no está presente. Yo le digo que protocolo puede hacer: sáquenle foto, resguárdenlas y hagan un álbum de esos hallazgos para que se los puedan mostrar a las familias a ver si alguien reconoce esa ropa”, expresó.

Los colectivos remarcaron a Once Noticias que durante los trabajos de búsqueda ningún elemento de la Fiscalía ayudó, fueron los familiares de las víctimas quienes se arrastraban por el suelo y hurgaban la tierra para encontrar fragmentos de personas. Una vez localizados los hallazgos, los policías judiciales acordonan la zona y lo peritos únicamente levantaban los restos encontrados por los colectivos de búsqueda.

A pesar de su participación, los funcionarios perdieron dos huesos que las familias les entregaron durante su búsqueda, y es así como dejaron claro que la perdida de evidencia es algo común en los trabajos de la Fiscalía capitalina.

 

Amenazas

Al terminar la brigada, Jaqueline recibió amenazas de muerte vía telefónica.

Un sujeto se identificó como agente del FBI, con el nombre de “Viorel”, sin embargo, mandaba mensajes de un número telefónico de Rumania.

El supuesto agente primero escribió directo a al celular de la buscadora para decirle que él podía ayudar a localizar a su hija; pero cuando habló por teléfono amenazó con asesinarla si seguía buscando en la zona el Ajusco.

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