El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció a la Cámara de Diputados por la aprobación de la iniciativa para modificar la ley electoral, con lo cual, dijo, se tendrá ahorros por tres mil 500 millones de pesos.
En conferencia de prensa matutina, el mandatario señaló que la reforma constitucional requería de dos terceras partes de los votos para avanzar, pero como no se tuvo esa mayoría, se lanzó el plan “B”.
“Se logró ya en la Cámara de Diputados la Ley Electoral ¿Qué beneficios parciales? Sí se redujo el gasto del INE, porque había muchas oficinas, duplicadas y se hizo un ajuste, una integración y otros gastos. En general se logró un ahorro como de 3 mil 500 millones de pesos, con la reforma a la Constitución el ahorro hubiese llegado hasta los 15 mil millones”, indicó López Obrador.
Tras dos sesiones y más de 13 horas, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó esta madrugada por mayoría, en lo general y en lo particular, los dos dictámenes del llamado plan “B” presidencial.
El Ejecutivo Federal criticó a la oposición que rechazó la reforma constitucional, ya que, señaló, no quieren que los ciudadanos elijan a los consejeros, también rechazaron que se redujera el presupuesto del INE, que es el presupuesto más alto en el mundo para la organización de elecciones.
Además, la propuesta inicial contemplaba que en lugar de 500 diputados, solo fueran 300 y que no haya diputados plurinominales, así como que disminuyera el presupuesto a los partidos.
Sin embargo, el mandatario celebró que se haya aprobado algunas modificaciones a las leyes secundarias como que no se facilite la compra del voto.
“Porque nuestros adversarios conservadores tienen mucho dinero, casi todas estas organizaciones políticas son financiadas por la oligarquía, por los potentados de México, que no quieren la democracia, porque no quieren que el pueblo sea el que mande (…) Quieren ellos tener poder económico y poder político, entonces se logró el control de los llamado monederos, que se entregan antes de las elecciones”, señaló.
López Obrador estimó que el bloque de oposición acida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se declare inconstitucional.
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, precisó que se modifican la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
¿Cuáles son las modificaciones con el plan “B”?
Se determina reducir los salarios de consejeros y magistrados electorales. Además de la destitución del secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, quien lleva en el cargo 14 años y está considerado como una de las personas más cercanas a Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, y que apenas en 2020 fue propuesto por el propio Córdova para mantenerse en el puesto hasta 2026.
Se establece la eliminación de fideicomisos en el instituto, de los que no se rinden cuentas, y medidas para proteger los recursos públicos, por lo que se obliga al INE a liquidar y reintegrar en el erario los recursos provenientes de dos fideicomisos constituidos para retener recursos públicos y destinarlos a funcionarios del INE.
También se restringe la facultad de sanción del INE sobre conductas de probables infractores electorales, cuya facultad corresponda a otras autoridades, fiscales o administrativas, y su posibilidad de vincularlas con conductas electorales.
El dictamen de reformas a las leyes secundarias, plantea la compactación de la estructura orgánica del INE y de los OPLES, en función de los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
La obligación de los órganos electorales para cumplir el mandato del Artículo 127 constitucional, que ordena que las percepciones salariales de los consejeros electorales y magistrados electorales deben ser inferiores a las del presidente de la República.
Otros puntos contenidos en el aprobado plan B, son garantizar el principio de paridad de género en las elecciones de órganos colegiados, respetando el voto de las mexicanas y mexicanos en el extranjero, mediante el uso del internet y con la presentación de pasaporte y matrícula consular.
Garantizar el voto de las personas que se encuentran en prisión preventiva y el de las personas con discapacidad, y combatir la entrega de dádivas, coerción y condicionamiento del voto a favor de candidatos o partidos durante los procesos electorales.
Además de eliminar dos salas regionales que no entraron en funciones y la sala regional especializada del tribunal electoral, para ser absorbidas por la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral.
Las modificaciones hechas a los dos dictámenes aprobados, a petición del Partido Verde y el PT, establecen la posibilidad de poder transferirse votos entre partidos, para blindarse contra la eventual pérdida de registro.
Estos partidos podrán celebrar convenios de distribución de los votos emitidos y se agrega un artículo para definir como votación total emitida, la suma de todos los votos depositados en las urnas.