El Presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó que ya se encuentran en México la familia del presidente destituido de Perú, Pedro Castillo, quien también fue detenido, en medio de una crisis política en el país andino.
Se trata de su esposa Lilia Paredes, su hija Alondra y su hijo Arnold, quienes arribaron desde ayer a la Ciudad de México.
“Son bienvenidos a México. Aquí los vamos a cuidar y proteger, es hacer valer el derecho de asilo”, destacó en conferencia de prensa matutina, desde Quintana Roo.
López Obrador consideró que lo que se vive en Perú, es debido a que hay intereses económicos, son las “oligarquías del mundo, que están acostumbradas a saquear”.
“Lo demás es un asunto del Perú, hemos dado nuestro punto de vista, sostenemos lo mismo que fue un golpe del conservadurismo de Perú, de los mandamás”, indicó.
Además, declaró que la mayoría de la gente de Perú no quiere al actual congreso, por lo que recomendó que se convoque a elecciones generales inmediatamente.
“Cuando una gente del pueblo llega por decisión del pueblo, le hacen la vida imposible. Aquí lo estamos padeciendo, pero afortunadamente la mayoría del pueblo de México está consciente y ya no quiere que siga una oligarquía saqueando a México, empobreciendo y humillando a nuestro pueblo”, señaló.
Ante esto, dijo, que en México se busca terminar con la corrupción y que haya una verdadera democracia.
Inestabilidad política
Dos semanas después de la destitución del presidente de Perú, Pedro Castillo, la inestabilidad política llegó al Congreso con la renuncia del jefe de gabinete y tres ministros inconformes con la represión militar y policiaca que ya dejó 26 civiles muertos.
La presidenta sustituta, Dina Boluarte, quien gobernará como máximo 18 meses, parece estar enviando un mensaje con la designación de Alberto Otárola, exministro de Defensa, como nuevo jefe de Gabinete. Víctor Rojas, policía en retiro, ocupará el Ministerio del Interior.
Boluarte también nombró nuevos titulares de Educación y Cultura, en lugar de quienes dimitieron en rechazo a las muertes durante la contención de protestas.
La Comisión Permanente del Congreso, controlado por la derecha fujimorista, aprobó la acusación constitucional contra la exfiscal Zoraida Ávalos.
La presunta infracción constitucional de la que la acusan, le impondría inhabilitación por cinco años para ocupar cargos públicos. En Cusco, la antigua capital del imperio inca, se reavivaron las protestas contra el gobierno de Boluarte.