Gilberto Aguirre Bahena, sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas, fue liberado alrededor de las 11 de la mañana del penal Las Cruces en Acapulco, Guerrero, tras pasar más de 20 años privado de la libertad, acusado falsamente y bajo la fabricación de pruebas, por homicidio.
Su liberación se ha dado luego de que este 4 de abril, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer la preliberación durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, no fue sino hasta este 5 de abril se llevó a cabo, porque debía cumplir las 72 horas que establece el Ministerio Público (MP) para impugnar y evitar un problema legal posterior, dijo Norma Mesino, integrante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), a Once Noticias.
A las 9 de la mañana, Gilberto recibió su boleta e hizo el trámite administrativo correspondiente, para salir del penal. Alrededor de las 11 de la mañana, salió acompañado de Norma y fue recibido cálidamente por su familia, quien lo esperaba junto a otros de sus compañeros y compañeras de la OCSS.
“¡Libertad, libertad a los presos por luchar!”, fueron algunas de las consignas que le dieron la bienvenida a Gilberto al salir del penal.
La confusión
Norma Mesino dijo que se había anunciado la preliberación de Gilberto. Que se creía que se había llevado a cabo la tarde de ayer, sin embargo, explicó que hubo una confusión.
La liberación de Aguirre Bahena, aseguró Norma, se concretó a partir de las mesas de trabajo que han tenido con el Comité Permanente de Seguimiento de Preliberaciones y Amnistía.
Ese Comité fue establecido por el Gobierno Federal, presidido por Crescencio Jiménez Núñez y Facundo Santillán Julián, quienes se comprometieron, a través de una minuta que firmaron el pasado 13 de marzo a llevar a cabo las gestiones necesarias para lograr la excarcelación de sus compañeros presos. Aseguró que también han tenido el acompañamiento de la Liga Mexicana de Derechos Humanos.
“Hace un año y medio iniciamos esta jornada y pudimos colocar, a través del Comité, los casos de Antonio, Gilberto, Orlando y Jerónimo. De 80 casos presentados ante el Comité, a nivel nacional, sólo 25 fueron admitidos y dos de ellos fueron los de OCSS: el de Antonio Barragán y Gilberto Aguirre”, externó Norma Mesino.
El sobreviviente recordó que fue detenido el 16 de mayo de 2002 en Mexicali, Baja California, lugar al que migró para trabajar como jornalero y debido a la persecución, luego de la Masacre de Aguas Blancas. Fue condenado a 40 años de prisión.
“Fui detenido por la policía Ministerial de Mexicali y de Morelos. Desde ese momento empecé a ser torturado para que me declara culpable por un delito que no había cometido. Demostré mi inocencia con buenas pruebas, unos de los hermanos (de los que acusaron de secuestradores) habló a mi favor diciendo que no participé y ni así me dieron mi libertad”, denunció en conferencia de prensa tras ser liberado.
El miembro de OCCS agregó que su familia sufrió por el asesinato de algunos de sus integrantes, además de la persecución y encarcelamiento por parte del gobierno de Rubén Figueroa, así como la desaparición de su primo Benito Bahena.
Voluntad política
Norma denunció a Once Noticias que todavía están pendientes la liberación de Antonio Barragán y Orlando Ávila. Resaltó que después de Semana Santa tendrán reunión con el presidente del Tribunal de Guerrero y de Morelos, como parte de los acuerdos que hicieron el plantón del Zócalo.
Estará también un representante del senador Félix Salgado Macedonio y uno del gobierno del estado, para avanzar en el caso de Orlando, cuya audiencia se llevará a cabo el 17 de abril.
Mesino explicó que en el caso de Orlando ya terminó el periodo de conclusiones y que el MP tiene 10 días hábiles para dar alegatos finales. Agregó que se presentaron todas las pruebas de inocencia y que el peritaje salió a favor de él. “No hay motivo para que siga en la cárcel”, expresó.
Orlando Mesino fue aprehendido en 2011 y sentenciado a 27 años de prisión por el asesinato del agricultor Victorino Luengas acusación que en su momento enfrentó la activista Rocío Mesino, inculpada y posteriormente absuelta.
Una víctima más de García Luna
En el caso de Antonio Barragán, denunció que tiene cuatro averiguaciones previas. Fue sentenciado por tres de ellas y una sigue abierta.
“Pedimos solidaridad y la libertad de Antonio. Estamos en espera de una reunión con el Tribunal y la Fiscalía del estado de Morelos, para buscar su libertad. En este caso se ensañaron las autoridades con él”, sentenció la integrante del OCCS.
Gilberto y Antonio fueron detenidos y torturados por personal de Genaro García Luna, preso en Estados Unidos por narcotráfico, cuando era director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), durante el sexenio de Vicente Fox.
La exigencia
Antonio Barragán fue detenido por presunto homicidio y secuestro en 2001 en San Quintín, Baja California. Hoy está preso en el Cereso de Morelos, en Atlacholoaya. Durante una llamada que hizo durante la conferencia de prensa, lamentó que la fabricación de pruebas es lo que lo mantiene recluido.
“Existe una carpeta maestra que documentó LIMED. Antonio tiene 105 pruebas a favor. Demostraremos que su caso tuvo muchas irregularidades, fue un falso culpable y hubo muchas atrocidades”, sentenció Norma a Once Noticias.
Y es que, además de las acusaciones, Antonio fue víctima de tortura por parte de Gallo y Tello, para que se inculpara, pero no sólo él sino también su familia. Gallo entraba como civil, bajo el auspicio de las autoridades, al Cereso en Atlacholoaya, para torturarlo.
“Solicitamos a las instancias correspondientes a tener voluntad política para liberar lo más pronto posible a nuestros compañeros Orlando y Antonio ya que su inocencia está acreditada”, exigieron en conferencia.
El caso Gallo, un mero pretexto
El caso Gallo sucedió en el año 2000, cuando Paola Gallo, hija del empresario Eduardo Gallo, fue secuestrada el 8 de julio en Tepoztlán y una semana después su cuerpo se encontró en el municipio de Emiliano Zapata. Ese mismo día se localizó el cadáver de tres hombres, en el poblado de Ocotepec, presuntamente implicados en el ilícito.
Este caso fue uno de los tantos en donde estuvo involucrado García Luna, entonces director de la extinta AFI. Le otorgó al empresario Gallo y Tello todo el equipo y el acceso libre a fiscalías y prisiones para que hiciera justicia propia por lo ocurrido con su hija.
La explicación que dieron por entonces las autoridades fue que Paola Gallo murió por impacto de bala en medio de un fuego cruzado entre insurgentes, que pertenecieron a grupos de insurrección.
Gilberto y Antonio fueron acusados por este caso y sometidos a tortura por parte de Eduardo Gallo. El empresario participó en otras torturas como la perpetrada en contra de Petra Benítez, integrante de la OCCS.
Persecución política
La OCCS ha sostenido que el encarcelamiento de sus compañeros se debió a una persecución política en contra de la organización, fundada en 1994, luego de la Masacre de Aguas Blancas.
Fue en 1995, durante el gobierno de Rubén Figueroa, en el municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, que se perpetró esa matanza; el saldo fueron 17 personas asesinadas y más de 20 heridos.
Los hechos sucedieron cuando los campesinos se dirigían a Atoyac de Álvarez para manifestarse cuando fueron detenidos por un retén de la Policía Judicial de Guerrero que disparó a quemarropa en contra de ellos.
La persecución que derivó de esa masacre llevó a familias completas al desplazamiento forzado interno, además de asesinatos extrajudiciales, desaparición forzada, detenciones arbitrarias y hostigamiento de grupos paramilitares.
Jerónimo Hernández, Gilberto Aguirre Bahena, Antonio Barragán Carrasco y Orlando Ávila Mesino, fueron detenidos y acusados de delitos que no cometieron, como parte de la estrategia para terminar con la organización.